En una jornada histórica, nuestra CTA Autónoma expuso ayer en la audiencia pública de la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías de la Constituyente de Santa Fe. La Secretaria General de la Central provincial, Claudia Baigorria; el Secretario General de la Seccional Santa Fe y dirigente de SIPRUS, Leandro Goldsack; el Secretario Gremial y referente del Sindicato de la Industria del Cuero, Mariano Dellagustina; y el Director de la Dirección de Diversidad Sexual y Géneros de la CTA Autónoma provincia de Santa Fe, Mauricio Aguilera, fueron quienes llevaron a la Convención las propuestas de nuestra Central referidas al derecho al trabajo.

Trabajo con derechos, derecho a huelga, convenios colectivos y tratados internacionales; democracia sindical, igualdad de género y no discriminación en el mundo del trabajo, fueron los ejes centrales de la exposición. “Por las luchas de tantos y tantas que hicieron grande al movimiento obrero de nuestra provincia, que nos permitieron mejorar las condiciones laborales, salariales y previsionales de lxs trabajadorxs. Esas que hoy Maximiliano Pullaro y la motosierra de Milei pretenden arrebatarnos. Por la unidad de la clase trabajadora”, expresó Baigorria luego de la presentación.

Como la Central forma parte de Comunidades Constituyentes, que ya presentó otros proyectos sobre diversos temas, a los que adhiere y acompaña, nuestrxs referentes se abocaron a la reforma del artículo 20, sobre el Derecho al Trabajo.

En una lectura compartida, se presentó el siguiente texto:

El trabajo es un derecho humano fundamental y una función social que estructura la vida digna, la autonomía y la justicia en nuestras comunidades. Debe ser reconocido como base de toda democracia social y protegido por la Constitución con la máxima jerarquía. Por ello, cuando hablamos de trabajo queremos referirnos al trabajo con derechos.

Los pactos y tratados internacionales a los que adhirió nuestro país, dándoles jerarquía constitucional, establecen el derecho de toda persona a trabajar en condiciones de dignidad, con seguridad, con igualdad real de trato y con libertad sindical. La libertad de organizarse, de negociar colectivamente y de ejercer la huelga, sin represalias ni persecusiones, son componentes inseparables del derecho al trabajo y del sistema democrático; señalan con claridad que los derechos laborales forman parte del núcleo esencial de los derechos humanos y que los estados tienen la obligación de garantizar su cumplimiento sin regresiones. El reconocimiento constitucional del trabajo decente debe ser leído en esta clave de progresividad y no discriminación.

El convenio 190 de la OIT, aprobado en Ginebra en 2019, con entrada en vigor en 2022 en nuestro país, es una conquista histórica del movimiento obrero y, en especial, del sindicalismo feminista. Reconoce las distintas formas de violencia y acoso en el mundo del trabajo, incluida la violencia de género, que afecta especialmente a las mujeres y diversidades. Ello obliga al Estado y a todas las instituciones, incluidas las patronales empresarias, a prevenir, sancionar y reparar esas violencias con una mirada estructural. Esta cláusula propuesta afirma que ningún trabajo será digno si es tolerante con la violencia, la explotación o la discriminación por razones de género, identidad o condición social.

El fallo ATE c/Estado Nacional de la Corte Suprema fortaleció la garantía de libertad sindical al reconocer que incluso las asociaciones simplemente inscriptas tienen derecho a representar trabajadores y que ninguna autoridad estatal puede interferir arbitrariamente en la vida interna de los sindicatos. Nuestra Constitución Provincial debe garantizar sindicatos libres, democráticos, fuertes y respetados. Asimismo, la constitución bonaerense ofrece un antecedente valioso en el reconocimiento de la estabilidad laboral, la negociación colectiva, la justicia laboral y la función protectora del Estado. Este proyecto se nutre de esa experiencia y, además, coloca en el centro el trabajo decente, la igualdad de género y la representación activa del Estado en defensa de los sectores más vulnerables. Las transformaciones del mundo del trabajo, incluyendo el impacto de la inteligencia artificial, la automatización y la digitalización, exigen una regulación moderna que no ceda ante la exclusión y la precarización. La cláusula propuesta orienta el uso de nuevas tecnologías hacia la mejora del trabajo humano, no hacia su reemplazo; y exige la participación sindical en todo el proceso de reconversión productiva.

El trabajo decente, tal como define la OIT, incluye empleo productivo, ingresos justos, seguridad de empleo, condiciones equitativas respecto a los derechos fundamentales, desarrollo personal, integración social y un diálogo social efectivo. Este concepto atraviesa de forma transversal la reforma propuesta y lo toma como base para las obligaciones estatales. Los sindicatos, como organizaciones naturales de los trabajadores (entendiendo a todos, todas y todes, precarios o aún desempleados), son pilares de la democracia laboral y actores esenciales en la construcción de la justicia. El derecho de huelga se reafirma con jerarquía constitucional como herramienta legítima y necesaria para la defensa colectiva de los derechos laborales. Su garantía efectiva es también una garantía de la democracia misma. La propuesta incluye además la creación de tribunales específicos, ágiles y gratuitos en el ámbito del Ministerio de trabajo con facultades para conciliación, inspección, arbitraje y promoción del trabajo formal.

Esta reforma se propone como un paso imprescindible para saldar las deudas históricas con quienes sostienen el trabajo en nuestra provincia, especialmente las mujeres y personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, no binaries, intersexuales y queer trabajadoras, muchas veces invisibilizadas, precarizadas y excluidas. Construir un piso normativo que las reconozca, las proteja y las incluya no es un gesto simbólico, es un acto de justicia. Por todo ello esta propuesta no es solamente una actualización jurídica, es una afirmación política, ética y colectiva.

El trabajo debe estar en el centro de nuestro pacto constitucional y la igualdad de género, la libertad sindical y la negociación colectiva deben ser sus columnas vertebrales