Frente a la depreciación constante de los salarios por el efecto de la inflación, desde la CTA Autónoma provincia de Santa Fe consideramos que se necesitan medidas urgentes para mejorar la distribución del ingreso.
El salario es el motor indiscutible de la economía. Sin embargo, mes a mes pierde poder de compra frente al aumento sostenido de los precios. El dato de la inflación de octubre fue del 6,3%, acumulando un total en lo que va del año de 76,6% y un interanual (a octubre de 2021) de 88%. Casi no hay dudas respecto de que ese porcentaje alcanzará las tres cifras hacia el fin de 2022. Esos números se dan de cara con los porcentajes cerrados en la mayoría de las paritarias, tanto del sector público como del privado.
Los aumentos salariales pautados a principio de año quedaron entre el 40 y el 46 por ciento, pero lograron subir un escalón al iniciarse el segundo semestre. Sin embargo, siguieron quedando lejos del aumento del costo de vida, aún en los mejores casos, en que lograron incrementos entre el 75 y el 85 por ciento. Por eso es indispensable la lucha por la reapertura de las paritarias de todos los sectores, que permitan terminar el año aliviando la presión y haciendo que los salarios superen a la inflación anual.
En el mismo sentido, un bono de fin de año o una suma fija que se incorpore al salario permitiría que los ingresos puedan hacerle frente a las desmedidas variaciones de precios que sufre la población en general y, en particular, con mayor dureza los sectores populares.
Tanto los aumentos de salarios como el bono, deben ser recibidos por igual por quienes están en actividad como por quienes perciben jubilaciones. La situación de jubiladxs y pensionadxs no puede sostenerse y exige incrementar los haberes de forma drástica.
Para paliar los efectos de la precarización y la inflación sobre los sectores de la economía informal, otra herramienta también debería ser tratada de forma urgente por los poderes legislativos: el Ingreso Básico Universal. Se trata de una medida que viene impulsando nuestra Central desde sus inicios, de fuerte poder distributivo que garantizaría un piso mínimo para asegurar la vida de las personas de menores ingresos.
En esa misma línea, se deberían elevar los topes de las asignaciones familiares nacionales, para que todxs lxs hijx de trabajadorxs tengan derecho a un piso mínimo de ingresos para sus necesidades más básicas. Y hay que incrementar las asignaciones familiares provinciales para alcanzar, al menos, los números que paga la Nación a través de ANSES. El caso particular de nuestra provincia, que paga asignaciones de vergüenza a sus trabajadorxs estatales y docentes, es un reclamo de larga data que debe atenderse con urgencia.
Otro punto que atañe a una parte cada vez más importante de la clase trabajadora es el impuesto a las ganancias. Reafirmamos que el salario no es ganancia, por lo que insistimos con la eliminación de esa tasa sobre los ingresos de quienes viven de su trabajo.
En el caso particular de Santa Fe, habitamos una provincia rica, que exhibe superávit fiscal, por lo que cuenta con recursos para, al menos, paliar la situación de la clase trabajadora y en particular de los sectores más vulnerables. Sin embargo, no implementa medidas para modificar la injusta distribución de la riqueza.
Frente al desvarío sostenido de los indicadores macroeconómicos, estas herramientas se vuelven necesarias. Debemos lograr que se lleven a cabo para beneficiar a los sectores populares y mejorar el nivel de vida de toda la población.
