Pasaron más de 47 años de aquel 20 de marzo de 1975 cuando efectivos policiales sitiaron la ciudad de Villa Constitución en lo que sería la antesala al horror que el proceso militar instalaría poco después en el país. El objetivo: aniquilar la gran gesta obrera del “Villazo”, iniciada un año antes, cuando trabajadores y trabajadoras encabezaron una huelga sin precedentes en la región para combatir a la burocracia sindical.
El operativo, conocido con el nombre de “Serpiente Roja”, fue un claro ejemplo de la complicidad de las fuerzas represivas del Estado, la burocracia sindical y el empresariado. Invadieron las casas de cientos de obreros, hubo detenciones masivas, quemaron casas, destruyeron familias.
Desde hace años, impulsada por el Espacio Memoria, Verdad y Justicia de Villa Constitución, avanza la causa que investiga aquellos hechos, para conseguir un poco de justicia para sobrevivientes y familiares. En la audiencia preliminar que se realizó esta mañana en los Tribunales Federales de Rosario se buscó darle celeridad al expediente y que el juicio oral tan esperado se inicie de una vez.
Se trata de un juicio que tendrá magnitudes históricas: hay 67 querellantes, 497 testigos y 25 imputados, tanto civiles como miembros de fuerzas represivas. Y pondrá sobre la mesa una importante discusión: que el plan sistemático comenzó en 1975. Es un juicio único en nuestra región, donde se acredita que aún durante el gobierno constitucional hubo terrorismo de Estado.
En la instancia de hoy, la querella solicitó nuevamente que el juicio se desarrolle en Villa Constitución y no en Rosario, como viene tramitando hasta ahora; que se puedan garantizar dos audiencias semanales para que transcurra con celeridad; y que se inicie lo más pronto posible. La urgencia es entendible por la cantidad de años transcurridos desde los hechos, tratando de evitar lo que los querellantes denominan “impunidad biológica”, es decir, que los culpables no mueran sin haber sido juzgados.
Otro de los datos sobresalientes de la jornada fue que la defensa de los acusados pidió que declare como testigo quien era presidenta al momento de los hechos: María Estela Martínez de Perón. Sin embargo, las querellas se opusieron dado que consideran que ella también debe responder penalmente por los delitos cometidos durante su gobierno. Ahora habrá que esperar qué resoluciones toma el tribunal ante todos los puntos solicitados.
“Como familiar lo que uno ve es que quieren estirarla. Ponen excusas: que no tienen jueces, que algunos ya se han retirado, que no tienen suplencias. Ese no es nuestro problema”, explicó Marcelo Cortés, parte de los querellantes, familiar de víctimas del operativo represivo y actual Secretario General de la CTA Autónoma de Villa Constitución.
También relató por qué la defensa de los acusados se oponen a que el juicio oral se desarrolle en esa ciudad: “dicen que no es un lugar seguro. Pero tenemos a quien era jefe de personal de Acindar, (Roberto) Pellegrini, que fue el que dio los datos de cada uno de los operarios de fábrica, que vive allá y durante la pandemia lo denunciamos porque andaba haciendo mandados siendo que tiene prisión domiciliaria. Nadie le hizo nada, así que son todas excusas. Entre querellantes y testigos, somos casi 600 personas, y todas son de Villa Constitución, entonces se tiene que hacer allí, no se pueden trasladar toda esa gente acá”.
Cortés espera que el tribunal defina con prontitud la fecha de inicio del juicio oral, pero también sabe que “esto va a tener que ver con la relación de fuerzas, es indudable. Hay que seguir presionando”, señaló.
