Luego de la represión del viernes sobre lxs asambleístas que sostenían un acampe en el Parque Sarmiento de Casilda, se logró parar la obra de los tribunales provinciales, pero no se sabe hasta cuándo. Por eso, siguen en estado asambleario y ayer la CTA Autónoma presentó un pedido a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe solicitando la suspensión de los trabajos en el predio.
“Venimos haciendo reclamos desde julio”, es lo primero que subraya Luciana Luraschi, docente y parte del grupo de vecinas y vecinos autoconvocadxs de Casilda que vienen manifestándose para impedir que la construcción de una sede de tribunales provinciales (obra muy necesaria para la ciudad) termine con el único pulmón verde de esa localidad. Sin embargo, la noticia llegó a los medios el fin de semana, cuando en la mañana del viernes feriado un operativo con seis móviles y alrededor de 25 policías se llevó demoradxs a siete jóvenes que estaban sosteniendo un acampe en el Parque Sarmiento.
Quienes participan de esa medida de acción directa de forma pacífica venían siendo vigilados y hostigados tanto por la policía como por personal de seguridad privada que custodiaba el predio para la empresa constructora. “Habíamos recibido citaciones judiciales porque nos acusaban de usurpación de una superficie del parque que se había perimetrado sin un número de permiso, un cartel de obra ni ningún responsable”, detalló Luraschi. “En asamblea decidimos correr el campamento fuera del perímetro, pero siempre cuidando las entradas. El miércoles entraron las máquinas y empezaron a querer remover el arbolado por eso nos manifestamos a la casa del intendente y del senador”, afirmó. Al día siguiente se reunieron con autoridades locales, que tenían intención de mediar y poner paños fríos, pero el viernes a la mañana llegó el operativo. “No había motivos, no sabemos por qué se mandó el operativo porque nadie estaba haciendo nada. Después supimos que un fiscal ordenó eso. A los chicos los llevaron demorados y no les abrieron ninguna causa porque en realidad no había nada de qué acusarlos”, explicó.
Ver esta publicación en Instagram
A pesar de la complejidad que encierra el tema, ya que la obra depende del poder judicial de la provincia y los terrenos serían de posesión municipal, tras estos hechos, el lunes pasado el municipio frenó los trabajos de construcción. “Vamos a seguir con el acampe porque esto no está solucionado ni mucho menos. La municipalidad clausuró la obra por falta de número de permiso, algo que nosotros veníamos pidiendo desde hace varias semanas, y esa clausura no saben hasta cuándo puede extenderse porque ellos argumentan que esto es un problema de la justicia y que no tienen injerencia. Por eso nuestra idea es seguir en estado asambleario”, adelantó la mujer, que también es parte del grupo ‘El Paraná no se toca’ y de la Marcha Plurinacional de los Barbijos.
Territorialidad y ecosistema
Luraschi destacó que “de ninguna manera nos negamos a esa construcción, lo que decimos es que no pueden sobre un lugar de uso público, tomarlo para transformarlo en un lugar público de uso privado. Es llamativo cómo en nombre de los derechos humanos, se los vulnera. Una institución como la justicia, que por excelencia debe garantizar derechos en las comunidades, hoy avanza sobre una cuestión básica como es el derecho a un ambiente sano y equilibrado. Esa es la gran contradicción que se presenta”.
También relató que el Parque Sarmiento tiene algunas características de vital importancia para la ciudad y la región: “el predio está atravesado por el arroyo Candelaria, que está históricamente contaminado por empresas y la carga de los campos que vierten todos sus residuos ahí. Sin embargo, se encuentran mamíferos, reptiles, se relevaron más de 200 especies de aves. Con el río Carcarañá y la reserva Florindo Donati hacen una especie de corredor biológico, o sea que desde lo ecosistémico es un lugar muy importante. Además hay mucho arbolado, algunos de tipo nativo. Las dimensiones no son grandes, pero es una territorialidad, no es sólo lo ecológico o ecosistémico, este es un lugar de apropiación de los barrios más populares, es un lugar con una carga histórica, simbólica y cultural impresionante. Para nosotros es el único parque con el que contamos en Casilda”.
Luego de juntar cerca de 9 mil firmas, y de plantear numerosas actividades Luraschi recordó que vienen teniendo “una convocatoria bárbara. El tema está instalado y eso es una conquista porque no tenemos ningún aparato, todo lo que hacemos es a pulmón con la inteligencia que surge del colectivo”.
Presentación ante la Defensoría
Frente a esta situación, ayer la CTA Autónoma presentó un petitorio a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe. En el escrito, firmado por el Secretario Administrativo de nuestra Central, Emiliano Scopetta, se solicita que el Defensor interponga un recurso “pidiendo la suspensión inmediata de la obra hasta conocer el impacto ambiental de la misma y su aprobación por el ministerio correspondiente”.
“Desde la CTAA estuvimos desde el primer momento acompañando a los asambleístas y ambientalistas de Casilda. No estamos en contra de la construcción del edificio de tribunales, porque entendemos que es una mejora para la localidad y es necesario, sino que queremos la reubicación”, explicó Scopetta.
Respecto de lo solicitado ayer, recordó que “la obra ahora está clausurada por la presión de la gente pero también porque le faltaban algunos papeles. Estamos reclamando además que se haga el informe de impacto ambiental, que no fue realizado o no lo conocemos. Por eso presentamos este petitorio en la Defensoría del Pueblo como CTA Autónoma”.
***
Para estar al tanto de las novedades del caso, se puede seguir la cuenta de Instagram de la Asamblea Ciudadana Autoconvocada Casildense en defensa del parque Sarmiento y el Arroyo Candelaria.
