A poco más de 20 años de realizado el FRENAPO, en donde la CTA fue uno de los protagonistas de mayor relevancia, la historia parece reeditar algunas de aquellas condiciones. La restauración de un consenso neoliberal, tal como ocurrió durante la década de los ´90, instala un clima de resignación que conduce a aceptar la idea del ajuste como única salida a la crisis. El desempleo a escala masiva en aquel momento, la inflación desatada hoy, son manifestaciones de una misma estrategia de terrorismo económico que despliega el poder para conseguir nuevos cercamientos y despojos sobre los que fundar el relanzamiento de su modelo de negocios.
Nuevamente es el campo popular organizado, que ha sedimentado a lo largo de su historia de resistencia una agenda propositiva, el que busca subvertir el ordenamiento económico vigente organizado en torno a la ampliación de las desigualdades. En este marco se inscribe la consigna del Ingreso Básico Universal (IBU) como un instrumento de política social que se suma al planteo original para la construcción de un piso de ingresos de carácter universal.
Conviene precisar una serie de cuestiones. El IBU no es cualquier propuesta, ya que conduce a una resignificación de lo que se entiende por política social, que tiene por objetivo superar la actual función reparadora, acotada y asistencial para pasar a un paradigma universalista y preventivo. Busca incorporar en el esquema de seguridad social la idea de que en una economía monetaria, el derecho a la percepción de un ingreso es lo que garantiza el derecho a la existencia. Actualmente ese derecho está intermediado por los requerimientos de mano de obra que dependen de las demandas del capital, o por las posibilidades presupuestarias del sector público, lo que convierte al empleo en una variable dependiente de la rentabilidad empresaria.
Por otra parte, a la menor disponibilidad de la forma salarial del empleo se le opone una multiplicación de formas de manifestación del trabajo vivo en la producción de riqueza social y mercantil concebidas a raíz de las nuevas técnicas de captura de valor en el capitalismo. Lejos de que se concrete el “fin del trabajo” como lo afirma Rifkin (1995), lo que aparece con la crisis de la sociedad salarial, es una cartografía fuertemente variada y heterogénea de prácticas y actividades humanas que sostienen a la vida y al sistema económico. En concreto, el conjunto de actividades que se vinculan con formas de trabajo autónomo y de autogestión que satisfacen aspectos de la reproducción social que el esquema de negocios no atiende debidamente (como el reciclaje urbano, la venta ambulante, la producción casera de alimentos, reparaciones diversas, etc.). Asimismo, se intensifican las tareas de cuidado en el hogar y en el barrio, que adquieren especial importancia en tiempos de crisis y en contextos de fuerte deterioro de las redes públicas de protección. Se abre también, conforme al avance de la digitalización en la comunicación, otro conjunto de actividades pero también con estrecha vinculación con un aspecto específico de reproducción social, que consiste en la producción social de información y conocimiento acumulado en infraestructuras digitales. Todo un conjunto amplio y diverso de trabajo humano que participa de distintos modos en la formación de la tasa de ganancia de la economía y que por ejemplo, en el caso particular de las actividades que tienen lugar en el ámbito de la economía de plataformas digitales, el oligopolio de la industria de datos sabe traducirlas en valores mercantiles y renta tecnológica sin contrapartida retributiva. Para ponerlo en términos más sencillos: el IBU no es un subsidio, es la contrapartida retributiva de carácter social a trabajos múltiples y actividades humanas socialmente útiles que ya se realizan pero que no son debidamente reconocidas.
La propuesta desde la CTA-A y el IPyPP es, por lo tanto, la incorporación de este ingreso universal destinado a la población en edades centrales en un dispositivo de transferencia de ingresos que, junto con una asignación por hijo verdaderamente universal y un haber mínimo garantizado, configure una red de ingresos para toda la población. Esto se plantea en combinación con la conformación de un programa de empleo garantizado, que reorganice, mejore y amplíe el alcance de los actuales programas de empleo a través del pago de un Salario Social de Empleo y Formación (SSEyF) en un Área de Economía Pública y Social para la reconstrucción de las instituciones públicas de bienestar.
En una primera etapa de implementación, hasta tanto se efectivice una reforma impositiva progresiva que le agregue contenido redistributivo, el IBU se propone para las 11,7 millones de personas que no tenga garantizado un ingreso o salario formalmente comprobable por el Estado. Consiste en una transferencia automática, incondicional e individual equivalente -en un principio- al valor de una canasta alimentaria para el adulto equivalente. El costo fiscal neto, en combinación con el SSEyF, sería de apenas un 1% del PBI.
- Por Ana Rameri, Coordinadora de IPPYP y afilada de CTAA. Colaboradora en el IEF CTAA.
Publicado en el Boletín de octubre de 2022.
