Esta semana comenzó con una nueva noticia que afecta la vida de las jubiladas y los jubilados: el recorte de la cobertura de PAMI para los medicamentos. Todos aquellos remedios que hasta ahora tenían 100% de descuento para afiliados a esa obra social, dejarán de entregarse y la cobertura pasará al 80% o 50% según el caso. Para quienes necesiten mantenerla, deberán hacer un trámite llamado “Medicamentos sin cargo por subsidio social”, online y luego presencialmente en las oficinas de PAMI, que consta de una declaración jurada donde se exigen datos que la obra social ya posee y que debe contener el listado de los medicamentos requeridos, su precio y el porcentaje que representa el total de ese costo sobre los haberes jubilatorios. Esto siempre que cobren menos de 1,5 jubilaciones mínimas, lo que representa unos magros $390.000, y no tengan más de una propiedad o un auto de menos de 10 años de antigüedad.
Se trata de un periplo burocrático engorroso al que muchos jubilados y jubiladas no podrán acceder. Para quienes sí puedan hacerlo, no se especifican tiempos de resolución del trámite ni si deberá renovarse cada mes ante nuevos pedidos de medicación. Nada se sabe tampoco de qué pasará en el mientras tanto, en el período que las personas jubiladas no tengan la cobertura de la medicación y no puedan pagarla.
Esta es otra clara muestra de la crueldad que caracteriza a este gobierno inmoral que cada día brinda un nuevo beneficio para los especuladores y los más ricos y quita derechos a toda la clase trabajadora. Es otra medida de disciplinamiento sobre los trabajadores, tanto activos como jubilados, y para las clases populares en general.
En un marco de pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones que lleva 10 años y que se profundizó en los últimos 12 meses con el veto presidencial a la ley de reforma de la fórmula de cálculo del haber jubilatorio, el recorte sobre los medicamentos, algo indispensable y vital para este sector, es la más acabada muestra de la planificación de la miseria que viene llevando adelante este gobierno. Los medicamentos son un derecho que no puede quitarse sin medir las consecuencias para la población afectada. En este caso, los jubilados y las jubiladas, una de las más vulnerables en nuestra sociedad.