Mes: febrero 2025

Por Claudia Baigorria (*)

En una muestra más de autoritarismo y falta de respeto a la institucionalidad de nuestra Nación, el presidente Javier Milei firmó esta semana el Decreto N° 137/25, designando a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.

Estamos frente a una flagrante violación de nuestra Constitución Nacional (otra más), en la medida que la misma establece la forma en que deben designarse jueces de la CSJN y demás integrantes del Poder Judicial, exigiendo el acuerdo del Senado ya que se trata de un acto de control político sobre el Poder Judicial. Suplantar ese control por decreto significa desnaturalizar el sistema republicano. A todas luces, Milei busca eludir el proceso constitucional en una maniobra imprudente e innecesaria, que no encuentra justificación política (además de las cortinas de humo con que intentan tapar el escándalo de las cripto-estafas) sino en el hecho de que no consiguió los votos necesarios en el Senado (se requieren dos tercios) para sus candidatos. Pero la voluntad del Congreso no se puede reemplazar por decreto.

Es claro que la Constitución NO le da al Presidente la facultad de nombrar jueces de la Corte por decreto como una opción alternativa al procedimiento regular. Sólo permite nombramientos “en comisión” si se producen vacantes durante el receso del Senado y la Corte queda inoperante (que no es ésta la situación, ya que el Senado NO estaba en receso y la Corte tenía quórum para funcionar). Es un abuso de poder, un retroceso institucional que lesiona la independencia judicial. Se trata de un ardid inconstitucional que vulnera la división de poderes y avanza sobre las facultades exclusivas del Senado. Un verdadero atropello al sistema republicano.

Por estas horas son muchas las voces (tanto de la oposición como de sectores aliados a LLA) que se han sumado advirtiendo los riesgos de que la CSJN avance en la designación de estos jueces a instancias de un decreto presidencial. Máxime tratándose de juristas que recibieron en 2024 sendos cuestionamientos e impugnaciones al momento de presentarse sus pliegos en la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación. Objeciones que fueron fundadas en el perfil de los candidatos (de consabidas posturas negacionistas y contrarias a derechos de mujeres y diversidades) y su idoneidad para acceder al máximo cargo del escalafón judicial de la Nación. Las mayores oposiciones refirieron a públicos posicionamientos de García Mansilla apoyando la inconstitucionalidad de la ley 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, o su postura sobre el fallo Simón, que declaró inconstitucionales las leyes de punto final y obediencia debida. De igual modo, a Lijo – entre otras – se lo interpeló en relación a la obligatoriedad de leyes y tratados internacionales de derechos humanos, y para que explique el rol de los agentes de inteligencia como auxiliares de la justicia. Para completar el combo, de convalidarse estas designaciones, estaríamos ante la conformación de una Corte Suprema integrada sólo por varones.

Por todo ello, sostenemos que – además de los necesarios repudios y las presentaciones judiciales – sólo el Pueblo movilizado y con la máxima unidad de todos los sectores podrá garantizar el respeto a la Constitución Nacional y evitar que este gobierno acusado de múltiples delitos (entre ellos, estafas y tráfico de influencias) nos arrastre a la ruptura institucional. El Senado debe cumplir con sus mandantes y resistir este avasallamiento. Los límites constitucionales están para cumplirse, no para ser demolidos por decreto. Tenemos memoria y no vamos a resignar las garantías democráticas conquistadas con tanta sangre derramada. Marzo será un mes de masivas movilizaciones a lo largo y ancho del país, donde una vez más alzaremos nuestras voces contra el fascismo y en defensa de la democracia. Como lo hicimos el 1F. Como volveremos a hacerlo el 8M (Día de las Mujeres y Diversidades Trabajadoras) y el 24M (Día de la Memoria).

(*) Secretaria General de CTA Autónoma Provincia de Santa Fe. Secretaria de Formación de CONADU HISTÓRICA.

La Secretaria General de la CTA Autónoma provincial, Claudia Baigorria, fue entrevistada ayer por Radio Nacional Santa Fe en el marco del acompañamiento de la audiencia por las causas iniciadas contra las trabajadoras y los trabajadores que se manifestaron contra la Reforma Previsional en la Legislatura en septiembre pasado.

“El gobernador hizo punta con la reforma previsional, algo que todos los gobiernos neoliberales han querido imponer en nuestro país, siempre a instancias de las directivas del Fondo Monetario Internacional. (Maximiliano) Pullaro logró imponer esa reforma con represión, en una sesión muy irregular, muy vergonzosa. Pero las fuerzas de seguridad, que son de los sectores también más afectados por esta reforma, que incluso muchos de ellos o muchos veteranos estaban también allí manifestándose con nosotros en la legislatura, terminaron haciendo el trabajo sucio de ir a reprimir a trabajadores, a quienes ahora se los culpabiliza de los destrozos. Protestar no es delito, no puede ser que siempre, tanto a nivel nacional como provincial y en muchos municipios, se termina invirtiendo la carga de la prueba. Y quienes somos las personas damnificadas, quienes somos los trabajadores afectados que seguimos perdiendo derechos, perdemos salarios, perdemos ante la ley, resulta que terminamos siendo después sentados en el banquillo de los acusados y acusadas”, explicó la dirigenta.

Desde el acompañamiento a la primera audiencia, que se realizó en la sede de Tribunales Provinciales de la capital santafesina, Baigorria remarcó que los sindicatos están pidiendo el desprocesamiento y el cierre de las causas: “exigimos el inmediato retroceso de esta avanzada criminalizadora”, afirmó. Relató que quienes fueron citados a la audiencia son cinco compañeros de la CTA de Rosario, que pertenecen a ATE Rosario, a AMSAFE Rosario y a la FENAT (Federación Nacional Territorial). “A estas personas las llevaron presas en un operativo que nos retrotrae al tiempo de la dictadura militar, los fueron a buscar a sus casas, cuando habían sido citados y tenían previsto comparecer ante la justicia”, aseguró.

“Son causas inventadas que justamente en este momento intentan solamente desviar la atención, cuando se inicia ya un ciclo lectivo con nuevas ofertas paritarias a la baja, donde somos los trabajadores y trabajadoras quienes tendremos que seguir soportando el peso de la crisis y de un gobierno cómplice, que no se anima a reclamar por la vía judicial que corresponde los fondos que le pertenecen a nuestra provincia y a todo el pueblo santafesino”, expresó.

La dirigenta señaló que esta causa “es un precedente muy complejo, complicado. No porque no hayamos tenido participación en otras causas similares, armadas también para perseguir y estigmatizar a dirigentes o a militantes sociales de todo tipo. Sino porque en nuestra provincia era un poco inusual y en nuestra ciudad más todavía”. Por ello apuntó que el modo en que se aprobó la reforma previsional “resulta doblemente vergonzoso. Una por la sesión, totalmente anómala. Y lo otro por la represión, que ahora encima profundizan hacia la causa judicial. No dejan de sorprendernos, pero no lo vamos a naturalizar y vamos a estar acompañando también la semana que viene, que hay una nueva audiencia, para reclamar a la justicia una mirada un poco más del lado del pueblo, del lado de los ciudadanos que tenemos derechos constitucionales a la protesta y a poder protestar en la calle sin recibir palos y sin tener temor de terminar presos”.

Pullaro contra los gremios

Sobre la relación de Pullaro con los sindicatos de la provincia, Baigorria analizó que “es una mirada de clase, evidentemente tiene que ver con su perfil ideológico. Pullaro no es un hombre precisamente del campo nacional y popular comprometido con la defensa de los derechos de las y los trabajadores. Ni siquiera lo fue cuando perteneció a otro gobierno de tinte más social, de perfil socialista, pero donde él se jactaba de ser la mano dura, cuando ocupó la cartera de seguridad. Pullaro fue más allá que otros gobernadores. No solamente descontó los días de paro a docentes, estatales, a profesionales de la salud, a todo el mundo en paritarias que fueron también a la baja con relación a la inflación, sino que también instaló el presentismo”.

Además, recordó que el gobernador, al referirse a la Reforma de la Constitución, dijo que si pasa la reforma, se termina en la provincia de Santa Fe el garantismo. “Cuando hablamos de garantismo hablamos de derechos sociales, hablamos de derechos constitucionales. No me cabe la menor duda de que éste es un gobierno de tinte autoritario”, opinó.

Frente a ello, destacó que “hay una ofensiva antiderechos, que es contra las garantías constitucionales, que es contra la clase trabajadora. Y a los gremios Pullaro quiere doblegarlos o cooptarlos. De todos modos, hay un pueblo trabajador que tiene dignidad, que resiste, que lucha, que también ama la educación pública. Nosotros como trabajadores, como Central de trabajadoras y trabajadores, no estamos dispuestos a permitir que estas políticas prevalezcan por sobre los derechos que tanto nos han costado como clase”.

Hacia un paro nacional

La dirigente de la Central provincial anunció también algunas de las próximas acciones de las que estarán siendo parte. “Además de estar en todas las luchas en las que haya que estar y participar con las compañeras y compañeros el próximo 8 de marzo y el 24 de marzo, como CTA Autónoma estamos preparando plenarios a lo largo y ancho de toda la provincia porque vamos a confluir en un Congreso Ordinario y un Confederal de nuestra CTA nacional para el fin del mes de marzo, con la idea de poder empujar un paro nacional. Sería deseable que también la CGT se ponga a la cabeza del reclamo de la clase y deje de especular -como hace parte de su cúpula- con supuestas prebendas que este gobierno de delincuentes pueda llegar a ofrecerle a cambio de un poquito de paz social. Este gobierno está esquilmando nuestra riqueza, nuestros ingresos y ya directamente vienen por nuestra democracia, porque esto se parece mucho más a un gobierno dictatorial, por la forma, por el destrato y por el odio, el odio a los sectores que son más vulnerables, sobre todo”, concluyó.