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Se presentó en Santa Fe el libro sobre Ingreso Básico Universal

El pasado jueves, en el local de la CTA Autónoma provincia de Santa Fe en la capital provincial, se presentó el libro “Ingreso Básico Universal o Empleo Garantizado”. La charla debate estuvo a cargo de Tomás Raffo, coordinador del Instituto de Estado y Formación (IEF-CTAA); y Ana Rameri, una de las autoras de la publicación y coordinadora general del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP).

La actividad contó con la presencia de compañeras y compañeros de la ciudad capital y estuvo coordinada por la Secretaria General de la Central provincial, Claudia Baigorria. También participaron el Secretario Adjunto, Daniel Cenzón; y el Secretario General de la Seccional Santa Fe de la CTA Autónoma, Leandro Goldsack. Estuvieron presentes además, integrantes de la conducción de la CTAA local, así como referentxs de las organizaciones barriales de la FeNaT Santa Fe y militantes de la Central. Fue parte del encuentro el concejal por Barrio 88, Guillermo Jerez quien participó activamente del debate.

“Habíamos asumido el compromiso de abordar este tema tras la inauguración del local, ya que consideramos que es uno de los ejes prioritarios para instalar en la agenda política de los gobiernos y que venimos trabajando colectivamente, también con otras organizaciones”, explicó Baigorria. Y agregó que este debate otorga un marco de referencia para “continuar con la discusión de la distribución de la riqueza en esta provincia, tan rica como asimétrica. Del mismo modo lo asumimos a nivel nacional, en un país hackeado por la deuda externa que el gobierno de Macri contrajo de manera ilegal e ilegítima con el Fondo Monetario Internacional”.

Luego de destacar que se trata de una propuesta histórica de la CTA, la dirigenta recordó que “este salario social es la resultante de muchos debates, de mucha formación, algo en lo que nuestra Central siempre fue pionera, desde que en el 2001 lanzamos el FRENAPO (Frente Nacional Contra la Pobreza), con el Seguro de Empleo y Formación, la Asignación Universal por Hijo y el Salario para las personas mayores que no contaban con un haber jubilatorio por falta de aportes a la Seguridad Social. La consigna sigue siendo Ningún Hogar Pobre en la Argentina”.

“Estos son los debates que siguen vigentes y que nos sirven para organizar las luchas en la puja distributiva. Como decía Gramsci, ‘concientización, organización y lucha’ para nosotros van totalmente de la mano. En esto tiene muchísimo que ver el papel de los sindicatos, de las organizaciones territoriales y de la clase trabajadora en su conjunto, y es lo que le da un sentido emancipador incluso”, aseguró.

El debate estuvo atravesado, lógicamente, por la elección que se producirá el próximo domingo. “No somos neutrales en esta contienda electoral, y no nos da lo mismo. No son dos candidatos, son dos proyectos de país, son dos proyectos de vida y uno para nosotras y nosotros es un proyecto de continuidad de la vida, el otro es un proyecto de debilitamiento de la democracia, de privatización de todo lo público, de negación y exterminio de derechos que están consagrados en la Constitución, y no estamos dispuestos a resignarlos. Siempre el compromiso de la Central es la lucha, pero desde la autonomía decimos que no somos neutrales y no nos da lo mismo”, concluyó.

Un aporte a la construcción colectiva

Entrevistados en la previa de la charla, Raffo y Rameri explicaron las propuestas que se exponen en la publicación del IEF y la CTA. “A 40 años de democracia, hace 20 que venimos trabajando con esta idea de Ingreso Básico Universal, que va al corazón de lo que es la relación capital-trabajo, la idea de que no hace falta solamente vender fuerza de trabajo para tener un medio para subsistir, sino un ingreso medio para replantear las condiciones de reproducción de la fuerza laboral”, explicó Raffo. “Es una idea central, clave, estratégica y que cada vez se hace más necesaria. En un contexto donde electoralmente aparecen opciones muy regresivas, el caso de (Javier) Milei, que plantea directamente la Secretaría de Capital Humano, o inclusive el propio modelo de Sergio Massa, que plantea que los planes tienen que reconvertirse en empleo, la discusión vuelve a estar nuevamente como con un velo. Entonces, la excusa de encontrarnos para debatir las ideas estratégicas nuestras siempre son un aporte necesario, fundamental, de la construcción colectiva”, amplió.

– ¿A quiénes incluiría el Salario Básico Universal?

Ana Rameri: el salario básico universal sería como el componente incondicional de una propuesta que no solamente queda en esta idea de un ingreso incondicional. Incluiría principalmente a la población que no tiene ingresos registrados. Sería la población de las personas desocupadas, las informales, incluso las mal llamadas inactivas en las estadísticas, porque hay que pensar que dentro de esa supuesta inactividad hay un conjunto de mujeres, que realizan tareas en sus hogares, tareas de cuidado. Por eso, la idea del salario básico o ingreso universal, en definitiva, hay que pensarlo no como un ingreso a cambio de nada, es un ingreso que tiene que ver con un reconocimiento de tareas y actividades que ya se realizan y que no son reconocidas y debidamente protegidas.

– ¿Hay algún antecedente en nuestra historia o en otros lugares con lo que podamos compararlo?

T.R.: Hay experiencias locales, en países europeos, de renta básica. La idea de la renta básica nació un poco en Europa, pero esta es novedosa. Es algo que no está en la agenda común. Hay inclusive programas de los organismos internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo, que plantean algo parecido, pero que van siempre con la idea de un mínimo de ingreso para sostener la división internacional del trabajo, a groso modo. Argentina no tiene esa experiencia, lo más parecido es el salario mínimo, pero fue pensado en una economía con un mercado laboral absolutamente homogéneo, con un trabajo asalariado formal muy registrado, y no una situación como hoy de precariedad absoluta, no registro, actividades no reconocidas. En aquel momento, el salario mínimo formaba una suerte de ingreso por el medio del cual ningún trabajador estaba por debajo de esa línea y era también el motor que permitió que la Argentina se industrializara, los trabajadores tuvieran mayor capacidad de negociación de sus condiciones laborales. Esa es la idea que queremos recuperar: que haya un piso de ingreso para que los trabajadores, el conjunto, recupere aquella capacidad de negociación que supo tener. Hay una experiencia en nosotros mismos con otro nombre, pero como se ha desestructurado la economía, se ha desestructurado el mercado laboral, hay que inventar nuevos instrumentos porque el salario mínimo solamente incorpora una franja muy pequeña.

– Esto de alguna manera absorbería algunos programas del Estado, ¿cómo cuáles?

A.R.: El Ingreso Básico Universal tiene como idea de fondo lograr un piso de dignidad para toda la población, que parta de una seguridad material básica en igualdad de condiciones. Entonces, podríamos pensar que se absorbería todo el conjunto de planes asistenciales que hoy por hoy tienen criterios muy focalizados y estrictos de elegibilidad y que dejan mucha población por fuera, como por ejemplo la Tarjeta Alimentar. Porque en principio, tanto el proyecto presentado por el diputado Itaí Hagman, del Frente Patria Grande, como nuestra propuesta, que tienen puntos en común, están pensando en la transferencia de una canasta básica alimentaria y es una transferencia individual. Esto rompe un poco con esta lógica familiarista que tiene la política social, que depende de determinados arreglos familiares y muchas veces hay una brecha muy grande entre lo que es una familia y su estrategia de subsistencia y lo que el Estado tiene de información de esa familia. Esas son cuestiones que terminan excluyendo a gran parte de la población que necesita un ingreso. Además, la idea también es un complemento de un programa de generación de trabajo donde pueda articularse la posibilidad de generar un área de Economía Pública y Social tendiente a fortalecer y a mejorar las instituciones del bienestar. Pensar en aquel Estado de Bienestar que provee salud, educación y vivienda, pero pensándolo hoy en la nueva economía contemporánea dentro de un área donde también tenga lugar el trabajo autogestionado, las pymes y la articulación con el Estado. Por eso nosotros acompañamos la idea del Ingreso Básico Universal con un Salario Social de Empleo y Formación que permita generar oportunidades de empleo y articular ese trabajo con la posibilidad de completar esa grilla, ese mapa de derechos que tenemos todavía pendientes a pesar de haber transcurrido 40 años de democracia. Esta es la principal deuda que tiene nuestro país.

– ¿Cuál es el costo que tendría esta medida?

T.R.: Bueno, en términos teóricos se puede decir que en la economía siempre tenés una parte monetaria y una parte productiva. Todo lo que uno hace de transferencia de ingresos se supone que va a tener un correlato productivo en algún bien y servicio. O sea, como que hay un autofinanciamiento implícito. Lo cierto es que en la economía argentina tenemos un problema, una oferta productiva muy concentrada que termina teniendo un incremento de precios muy elevado. Pero esa economía concentrada también tiene actores concentrados que apropian los excedentes que la economía produce. Esos son los lugares a donde hay que ir a buscar ese costo. En términos concretos, hay prácticamente un PBI fugado de capitales argentinos en el exterior, que es la demostración más palmaria de que los excedentes están y que en realidad se dilapidan afuera. Y lo que hace falta es que se pueda generar una suerte de transferencia de ingresos de esos excedentes que están siendo apropiados de manera concentrada para abrirle la puerta a otro tipo de economía que significa transferencia y producción, que se auto sustente. No es algo que se inyecta todo el tiempo porque si no se muere, sino que es algo que se auto solventa, si es que uno le da una suerte de estrategia sostenida en el tiempo.

– Dijeron que ésta es una propuesta novedosa ¿En qué marco de posibilidades esto podría llevarse adelante?

A.R.: Hubo un tiempo político muy particular, que fue el contexto pandémico. A pesar del sufrimiento que trajo la pandemia, lo que sucedió en ese momento, cuando asumía el actual gobierno y la gestión del Frente de Todos, habiendo pasado por el fracaso liberal de lo que fue la gestión de (Mauricio) Macri, hubo un clima y una atmósfera para rediscutir y para volver a poner en valor la intervención del Estado. Por supuesto que pasó poco tiempo, pero pasaron muchísimas cosas y el contexto hoy parece ser hostil, parece ser otro contexto donde hay otro consenso, que pareciera ser el de la inexorabilidad del ajuste. Hoy el debate, en lugar de lo que traduce el libro, ‘Ingreso o empleo garantizado’, parece ser el proyecto dolarizador o el proyecto devaluador. Es justamente la discusión política y este tipo de actividades, como la presentación de los libros y todo tipo de encuentro, a través de estos modos de hacer política y de discusión, que se puede torcer ese clima que hemos visto que no es inmutable, así como cambió en poco tiempo, lo podemos volver a torcer a favor. Tenemos que insistir en que la salida es distributiva, que no es la salida devaluadora ni es la salida dolarizadora, para continuar pensando en un proyecto emancipador.

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Comenzó el juicio oral por la represión del Villazo

Pasaron 48 años de los hechos. En 1975, el denominado “Operativo Serpiente Roja del Paraná” desembarcó en Villa Constitución con un único objetivo: desarticular, a fuerza de represión y muerte, la enorme organización de los obreros y el pueblo que habían sido protagonistas del Villazo. Aquel ensayo de lo que después sería la marca registrada de la última dictadura cívico-militar dejó un legado en familiares y compañeros que siguieron reclamando justicia. Hoy, ese camino de reparación finalmente comienza a abrirse. Esta mañana, en el Tribunal Federal de Rosario, se inició la Causa Acindar, en la que juzgarán los crímenes de 22 acusados, tanto civiles como miembros de diversas fuerzas militares y de seguridad.

Marcelo Cortés, referente de municipales de ATE y Secretario General de la CTA Autónoma en esa ciudad, es hijo de una de las víctimas y querellante en este juicio histórico. “Lo hemos logrado”, destacó, en referencia al inicio de la etapa oral de la causa. “Hace más de 40 años que venimos esperando, queremos justicia, queremos saber quiénes son los que dieron los nombres de nuestros familiares para que se los llevaran, los cómplices civiles. Lamentablemente no están todos los que tendrían que estar”, puntualizó en alusión a que las demoras del juicio hicieron que muchos de los responsables hayan gozado de impunidad hasta su muerte.

El dirigente sindical adelantó que esperan que esta instancia lleve más de un año, por lo que “hay que mantener a este fuego vivo, con la esperanza de que se haga justicia”. Además, aseguró que seguirán “luchando para que el juicio continúe en Villa”, que es uno de los reclamos de las querellas. El pedido fue reiterado hoy a Horacio Pietragalla, Secretario de Derechos Humanos de la Nación, quien también estuvo presente en los tribunales rosarinos.

En esta primera audiencia, que comenzó pasadas las 10.00, se leyeron las acusaciones. Cortés estuvo entre el público y aseguró que “no es un buen momento estar mirándoles las caras, hay que controlar las emociones mientras ellos hacen gestos y se miran entre ellos”.

Integrantes de la CTA Autónoma provincia de Santa Fe acompañaron la audiencia desde la calle, donde una multitud se manifestó para apoyar el inicio del juicio oral y reclamar por justicia. Participaron la Secretaria General, Claudia Baigorria; la Secretaria de Relaciones Institucionales, Leticia Quagliaro; el Secretario de Contabilidad y Finanzas, Horacio Valentini; la Secretaria Adjunta de CTAA Villa Constitución; Lourdes Villalba; y lxs vocales Sergio Sarkissian y Claudia Lucero (referente de Compañeras de Sandra), entre otrxs. Baigorria remarcó la emoción de acompañar este juicio, ya que “los familiares esperaron durante 48 años de impunidad por esta audiencia, donde tendría que estar sentado en el banquillo José Alfredo Martínez de Hoz”.

“En memoria de los compañeros caídos, en memoria de todos los que lucharon, de los compañeros de la lista Marrón, para nosotros es un día muy importante y venimos para acompañar, para bancar a los familiares, a los compañeros y a los trabajadores”, expresó. “Reivindicamos el Villazo, reivindicamos el Cordobazo y todas las gestas que se dieron por una patria socialista, por una patria más justa. En este contexto electoral, donde nos dirimimos también como argentinos y argentinas el sentido mismo de la democracia frente a los discursos fascistas y de odio, creemos que hay que mantener la esperanza viva, que nuestro pueblo ha dado sobradas muestras de lucha y valentía. Creemos también que este va a ser un juicio ejemplar y ojalá tengan que pagar quienes corresponde, sobre todo la cúpula empresaria de Acindar”, concluyó.

Una causa histórica

En este juicio se juzgará a 22 personas acusadas por su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad cometidos en Villa Constitución a partir de marzo de 1975. Entre los imputados se encuentran Roberto Pellegrini y Oscar Torralvo, ex directivos de Acindar, junto a ex miembros del Ejército, de la Policía Federal y provincial y de Prefectura Naval por delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos, asociación ilícita y homicidios. Al menos 18 personas vinculadas a Acindar fueron asesinadas, 8 se encuentran desaparecidas y 69 estuvieron detenidas y luego fueron liberadas. Hasta 1976, la siderúrgica estuvo presidida por José Alfredo Martínez de Hoz, luego designado ministro de Economía por la dictadura.

Más de 20 querellas particulares están representadas por Gabriela Durruty, Federico Pagliero, Julia Giordano (APDH) y Jesica Pellegrini. Ésta última evaluó que “es una causa muy emblemática por muchas razones, no sólo porque el Villazo fue la última gran huelga clasista en nuestro país, que inspiró a todo el movimiento obrero en lo que siguió después de la dictadura. También porque el epicentro de la represión del golpe del ‘76 fue la clase obrera organizada. Y por todo lo que significa para los compañeros que sobrevivieron y que están acá y los que no están, como (Alberto) Piccinini, Victorio Paulón y muchos otros que hicieron muchísimo por esta causa”.

La abogada y concejala de Rosario explicó que “lo que fue el Operativo Serpiente Roja del Paraná, la coordinación de la represión con epicentro en Villa Constitución, fue la antesala del golpe. La participación civil de la empresa aportando no sólo los legajos de trabajadores, una cantidad de información, sino también un propio centro clandestino montado en dependencias de la empresa, en el Albergue de Solteros de Acindar. La metodología y la forma de encarar la represión de este grupo tan significativo de obreros, de 300 laburantes, fue la antesala sin dudas del golpe, así como lo fue el Operativo Independencia en Tucumán”.

Pellegrini explicó que el proceso llevará más de un año “porque hay muchísimos testimonios, más de 300 aproximadamente. También los recursos de la justicia lamentablemente son limitados y no tenemos disponibilidad completa para hacer un juicio todos los días sino sólo dos días por semana. Por eso es importante que se atiendan algunas cuestiones que fuimos planteando, como que se le tome urgente testimonio a los sobrevivientes y que se aceleren todas las medidas que tienen que ver con el contenido reparatorio que tiene que tener un juicio para quienes están clamando por justicia”.

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En defensa de la democracia y nuestros derechos

Ante el balotaje del 19 de noviembre para elegir el próximo Presidente en la República Argentina, desde la CTA Autónoma Provincia de Santa Fe manifestamos nuestro apoyo a la fórmula de Unión por la Patria, integrada por Sergio Massa y Agustín Rossi, y llamamos al conjunto de la población a expresarse masivamente en las urnas en rechazo a las propuestas antidemocráticas de La Libertad Avanza y sus aliados.

Como Central de trabajadores y trabajadoras de nuestra patria, consideramos imprescindible ratificar nuestra autonomía de patronales, empresarios, partidos políticos y gobiernos de turno y nuestra vocación de lucha toda vez que debamos reclamar por nuestros derechos laborales y salariales primordialmente. Esa autonomía no supone neutralidad o imparcialidad, menos aún frente a los proyectos fascistas que se han explicitado en nuestro país, y que ya hicieron estragos en América Latina y el mundo.

Porque somos una Central obrera que nació y luchó para defender la democracia conquistada, los derechos humanos y en especial los de la clase trabajadora, sabemos que eso sólo es posible con un Estado presente, fuerte y democrático. Un Estado donde sean valorados los trabajadores y las trabajadoras estatales y privados, siendo quienes trabajan en dependencias de los estados, los que garantizan los derechos de la población que emanan de las políticas públicas. Por ello no nos da lo mismo un candidato que amenaza con el fin de las paritarias, los despidos sin indemnización, la flexibilización laboral y la destrucción de la seguridad social y del Estado.

Queremos seguir defendiendo todo lo conquistado con enorme esfuerzo por cada militante territorial, en cada barrio de las ciudades de nuestra provincia, por cada organización popular. El hambre sigue siendo un crimen y esa es la madre de nuestras batallas. Pero con más y mejor Estado, nunca menos. Por eso no podemos ser indiferentes ante un candidato a presidente que se pronuncia en contra de la justicia social y de garantizar pisos mínimos de subsistencia para las mayorías populares.

Consideramos que la salud y la educación públicas son dos pilares que son orgullo de nuestro país en todo el mundo. Sistemas que además garantizan el acceso universal de la población y que sostienen y multiplican el desarrollo de la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura nacional, que también nos enorgullecen. Por ello no podemos mirar al costado ante quienes plantean su privatización y arancelamiento convirtiendo un derecho esencial en un privilegio de pocos.

Las mujeres y diversidades hemos conquistado múltiples derechos tras largas y duras batallas colectivas, con enorme organización y masividad en las calles, y logramos generar cambios profundos en la sociedad argentina. Entonces, tampoco podemos mirar para otro lado frente a quienes quieren cercenar cada uno de esos derechos adquiridos.

Porque queremos más y mejores jubilaciones y que sean más accesibles las pensiones por discapacidad, con medidas que incluyan y no expulsen a quienes más las necesitan, no podemos ser neutrales ante la promesa que lanzan livianamente los candidatos de La Libertad Avanza de recortar o congelar beneficios para estos sectores. Como tampoco lo somos ante el peligro de que nuestros niños, niñas y adolescentes vivan en un contexto de libre portación de armas, sobre todo conociendo lo que sucede en otros países del mundo.

En una provincia donde se multiplican los pueblos fumigados, donde quieren convertir nuestros ríos en meras mercancías, donde sufrimos por igual el agobio de las sequías y las inundaciones y en donde vemos arder nuestros humedales fruto de la codicia de unos pocos, no podemos mirar para otro lado frente a candidatos que niegan el cambio climático y desdeñan el cuidado del ambiente.

Luego de que los gobiernos neoliberales cerraran miles de Pymes y pequeños comercios en nuestro país, desmantelando el aparato productivo nacional, la producción fue recuperada a través de firmes políticas públicas que, con mucho esfuerzo y sacrificio, impulsaron la generación de miles de puestos de trabajo. Queremos la continuidad y profundización de esas políticas, dándole prioridad también a la recuperación y puesta en valor de las empresas estratégicas del Estado. En esa línea, ratificamos la soberanía sobre nuestros bienes comunes y los territorios de las Islas Malvinas y de nuestros pueblos ancestrales.

A 40 años de la recuperación de la democracia, seguimos sin saber dónde están nuestrxs 30.400 compañerxs desaparecidxs y sus más de 300 hijos e hijas que aún desconocen su identidad. Por ello no podemos permitir ningún tipo de discurso negacionista que pretenda distorsionar nuestra historia y, así, sepultar nuestro futuro. Mucho menos podemos ser indiferentes ante quienes quieren reivindicar el terrorismo de Estado, negando a las víctimas de la dictadura y reduciendo a “excesos” los crímenes de lesa humanidad, en lo que ellos definen como una «guerra», tal como lo hicieron los genocidas. Y no sólo lo reivindican, sino que han lanzado la amenaza abierta de reprimir y criminalizar las protestas sociales, usando a los genocidas condenados como «cerebros» por encima de las FFAA, a efectos de que actúen en la seguridad interna, en lugar de ser guardianes de la soberanía territorial en zonas de frontera.

Nuestra historia y nuestras banderas nos demandan a pronunciarnos en defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, tanto formales como informales, de las juventudes, de las mujeres y las diversidades, de las personas con discapacidad, de las infancias y de nuestros jubilados y jubiladas. Vamos a hacerlo como lo hemos hecho siempre: desde abajo, colectivamente y en unidad con todo el campo popular. Y con la fuerza que se necesita para defender la democracia.

¡Seguiremos en la lucha en las calles por todo lo que nos falta! ¡El domingo 19, también lo haremos en las urnas!

 

Claudia Baigorria
Secretaria General

Daniel Cenzón
Secretario Adjunto

Graciela Molina
Secretaria Adjunta