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La Mesa Ejecutiva de CONADU Histórica se reunió en Rosario

Este mediodía se realizó en Rosario la reunión de Mesa Ejecutiva de la CONADU Histórica. Fue en el marco del plenario de rectoras y rectores de Universidades Nacionales nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que se desarrolla durante hoy y mañana en esta ciudad.

El encuentro, que tuvo lugar en el local de Rosario Sin Miedo, contó con la presencia de Francisca Staiti, Secretaria General de CONADUH; el Adjunto, Oscar Vallejos; Claudia, Baigorria, de la Secretaría de Formación; Yamile Nazrala, de la Secretaría de Preuniversitaria; Patricio Grande, Secretario de Acción Social; Pablo Rubén Stasuck, Secretario de Relaciones Internacionales y Diego Maita, Secretario de Derechos Humanos.

Las y los representantes de la docencia universitaria estarán presentes mañana en el plenario del CIN para exponer la situación del sector y acordar acciones conjuntas con autoridades, estudiantes y no docentes de las universidades nacionales de todo el país. El objetivo es enfrentar el probable veto presidencial a la recientemente aprobada Ley de Financiamiento Universitario y continuar los planes de lucha por mejoras salariales para las trabajadoras y los trabajadores universitarios.

“Nuestra federación tiene el compromiso de insistir en que hay que conseguir la unidad de todos los sectores universitarios y preuniversitarios para luchar contra las políticas de Milei”, expresó Vallejos. “Vamos a evaluar cómo se está desarrollando nuestro plan de acción gremial, que iniciamos en el segundo cuatrimestre, el 11 de agosto, con una semana de paro y estamos transitando semanas con paros de 48 horas rotativos. Es una medida exigente que requiere gran articulación pero que canaliza el malestar de la docencia por la cuestión salarial y también por la situación presupuestaria, que afecta tanto nuestro trabajo como docentes como al estudiantado, ya que las becas del Estado Nacional están cada vez más bajas”, explicó.

Consultado sobre las próximas medidas de fuerza, el Adjunto de CONADU Histórica afirmó que “lo que el congreso de la Federación definió es que hay que ir a una nueva marcha universitaria, así que estamos en Rosario para poder acordar los términos de esa marcha y que todos los sectores contribuyamos con fuerza a que sea masiva, transversal y que pueda contener también otras luchas. Tenemos que unificar las luchas y hacer el esfuerzo de convocar a todos los sectores que también están luchando: el Garrahan, el sector de ciencia y tecnología, el sector de jubiladas y jubilados. Si logramos unirlas, estar en la calle logra más efectividad y más fuerza y es convergente con nuestros objetivos, que son hacer retroceder al gobierno nacional en sus políticas, obligarlo a que se siente a negociar y a que mejore nuestros salarios, que es el objetivo primordial, además de luchar por la Ley de Financiamiento Universitario, que el gobierno ya amenazó con que va a vetarla. Si eso llegara a ocurrir, necesitamos que el Congreso insista en la ley, la sostenga y que el gobierno después la cumpla”.

Por su parte, Francisca Staiti explicó que mañana, “en la plenaria del CIN habrá un momento en que las federaciones de docentes, estudiantes y no docentes tenemos un espacio para poder dirigirnos al Concejo de Rectoras y Rectores para manifestar las situaciones que vienen pasando en la universidad con una mirada de nuestro sector. Sobre todo se planteará lo salarial pero, en este contexto, después de casi dos años del gobierno de Javier Milei, el ataque profundo de su política hacia las universidades, de vaciamiento y ahogamiento presupuestario, nos encuentra a todos los sectores peleando por mayor presupuesto y nos interpela a salir en conjunto en defensa de la universidad pública”.

“Este año trabajamos junto con el CIN y con estudiantes el proyecto de Ley de Financiamiento Universitario. Fue un hito importante poder reunirnos los distintos sectores y acordar una letra para ese proyecto, que hoy ya fue aprobado. Frente a la amenaza cierta del veto a esta ley, el objetivo de reunirnos y de estar presentes en el encuentro del CIN es articular una nueva gran marcha nacional, federal, que se replique no sólo en CABA sino en cada uno de los lugares del país para que esa ley se sostenga. La Ley de Financiamiento viene a cubrir una parte importantísima, que no sólo es el pago de servicios sino realmente el funcionamiento de la universidad con todas sus aristas: investigación, extensión, docencia, hospitales universitarios, etc. También incluye un reclamo histórico nuestro que es el de las obras sociales universitarias, que hoy se encuentran absolutamente en crisis”, se explayó.

Sobre la negociación paritaria, la Secretaria General de la CONADUH aseguró que “no hubo oferta por parte del gobierno, sólo fue un anuncio en los medios durante la primera semana de paro. Un anuncio engañoso y con porcentajes que ocultan que, por ejemplo, durante junio y julio recibimos 0% de recomposición, entonces muestran un 3,9% como un gran aumento pero lo cierto es que la inflación de esos dos meses la afrontamos con el mismo salario de mayo. También anunciaron un bono excepcional, que en el caso de docentes simples son $6.200, ni una docena de huevos, es una vergüenza. Hacen grandes anuncios frente a recomposiciones de miseria que siguen dejando a nuestros salarios y a nuestros docentes por debajo de la línea de pobreza. Eso es lo que venimos reclamando con nuestras acciones de lucha, que continuarán la próxima semana el 1 y 2 de septiembre con paro de 48 horas en las universidades nacionales”.

“Seguimos reclamando recuperación del salario, paritarias verdaderas donde nos sentemos a discutir, seguimos defendiendo la ley y diciéndole no al veto”, concluyó.

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Argentina necesita producir: ya cerraron 15 mil PyMEs en lo que va del año

La Mesa Regional de la Producción Nacional realizó un importante acto el pasado jueves 21 de agosto en el centro de Rosario, en donde se denunció que en todo el país ya son 15 mil entidades productivas -un 10% de ellas en Santa Fe- las que cerraron durante el 2025 debido a las importaciones indiscriminadas, aumento de tarifas y falta de políticas para el sector productivo PyME, Chacarero y Cooperativo.

La iniciativa además busca sumar fuerzas para que un proyecto presentado ante la Convención Constituyente para declarar a las pymes como actores esenciales del desarrollo económico sea incluido en la nueva Constitución santafesina.

“Solos no podemos, esto lo tenemos que hacer juntos: PyMEs, cooperativas, organizaciones de trabajadores, las cámaras de comercio. Es necesario visibilizar las problemáticas de los sectores de producción pero también necesitamos más atención del Estado provincial, porque lo que se está destruyendo es la industria de nuestra provincia. Esta demostración de visibilidad tiene que marcarnos el camino a donde tenemos que ir, defendiendo el trabajo y la producción”, expresó Cristian Horton de la Federación de Cooperativas de trabajo de la República Argentina e integrante de la CTA de los Trabajadorxs.

La actividad contó con la participación de referentes de la CTA Autónoma provincia de Santa Fe junto a demás centrales obreras, sindicatos, organizaciones sociales, integrantes de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (Enac), la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) entre otras asociaciones y cámaras de taxistas, productores agropecuarios, y cooperativas de economía popular y vinculadas a trabajos de tecnología e innovación.

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La CTA Autónoma de la provincia de Santa Fe exige que el nuevo texto constitucional ampare la intransferibilidad de la caja previsional

Por estas horas, las distintas Comisiones de la Convención Reformadora de la Constitución de la Provincia de Santa Fe están produciendo sendos dictámenes en base a las mayorías alcanzadas sobre los artículos a modificar y/ó agregar.

Habiendo tomado conocimiento de que la mayoría del oficialismo provincial y sus aliados en la comisión encargada del abordaje de los temas PREVISIONALES omitió en su dictamen la incorporación de un artículo que declare explícitamente la INTRANSFERIBILIDAD JURISDICCIONAL DE LA CAJA DE JUBILACIONES, alertamos que se intenta convalidar una nueva maniobra contraria a los intereses de las y los trabajadores activos y jubilados de nuestra provincia.

En efecto, el texto del dictamen de mayoría incorpora solamente la “INDELEGABILIDAD” de la Caja, resignando en cambio la prohibición de que la misma pueda ser transferida a otras jurisdicciones, como a la Nación. Una consecuencia directa e inmediata podría ser la de que se habilite la posibilidad de un nuevo pacto fiscal a la medida de la motosierra de Javier Milei, quien ha declarado públicamente su intención de unificar en un solo Sistema Previsional que integre y absorba a todas las provincias, colegios profesionales, regímenes especiales, etc., para establecer una escala de salarios fija y a la baja.

Por eso para nuestra Central no es una omisión casual o inocente, ni un juego de palabras que puedan resultar similares, pero que no lo son. La diferencia es sustancial: la INDELEGABILIDAD impide que la caja pase de manos públicas a privadas, pero deja abierta la puerta a su transferencia a la Caja Central de la Nación. De esta forma, al no consagrar la INTRANSFERIBILIDAD, lo que en verdad se garantiza es un pacto fiscal con el Gobierno Central, entregando una conquista histórica de las y los trabajadores a la lógica del ajuste y la centralización. Ello además supone debilitar la autonomía, la solidaridad y la sustentabilidad de nuestro régimen previsional, poniendo en riesgo el futuro de miles de trabajadores y trabajadoras. Resulta incomprensible que una Convención Constituyente por un lado pretenda garantizar las lógicas autonómicas -como sucede en la discusión de la autonomía municipal- pero que por otro lado busque centralizar los recursos que son de todos los trabajadores y trabajadoras mediante una formulación ambigua que deja abierta la posibilidad próxima de un pacto fiscal, teniendo en cuenta que este gobierno ha sido taxativo en el ajuste que impulsó la ley previsional del año 2024.

Por lo expuesto -y en coincidencia con lo reclamado por distintos sectores sociales, sindicales, políticos, previsionales, de derechos humanos, del feminismo y las disidencias, entre tantos otros nucleados en la Multisectorial “Comunidades Constituyentes”- exigimos que la Convención Constituyente incorpore de manera clara y expresa la INTRANSFERIBILIDAD DE LA CAJA PREVISIONAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, como garantía efectiva de que nunca será utilizada como moneda de cambio en acuerdos fiscales ajenos a los intereses del pueblo trabajador.

Ciudad de Santa Fe, 19 de agosto de 2025.-

CTA AUTÓNOMA PROVINCIA DE SANTA FE

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Cabildo Abierto por una Comunicación Democrática en Paraná

Integrantes de la CTA Autónoma provincia de Santa Fe participaron el sábado del Cabildo Abierto por la Comunicación Democrática en la ciudad de Paraná. Lo hicieron junto a compañeros y compañeras de las provincias de Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Buenos Aires y CABA.

El evento fue convocado por la CTA Autónoma y la CTA de lxs Trabajadorxs, en el marco del camino a la unidad que vienen transitando. Por ello, fueron parte del acto de apertura autoridades de ambas Centrales, como Hugo “Cachorro” Godoy, Hugo Yasky y Mariana Mandakovick. También participaron referentes de sindicatos de la CGT, movimientos sociales y diversas instituciones.

Por nuestra CTA provincial, fueron parte la Secretaria General, Claudia Baigorria; el Secretario Gremial, Mariano Dellagustina; el Secretario de Comunicación, Raúl Daz; la Secretaria de Relaciones Institucionales, Leticia Quagliaron; y lxs integrantes del Equipo de Comunicación.

La sede del encuentro fue la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), por lo que estuvieron presentes también autoridades y trabajadorxs de esa institución.

Luego del acto inicial, se trabajó en cuatro comisiones de debate, cuyas conclusiones confluyeron en una plenaria de cierre. Estos cabildos abiertos se irán multiplicando en distintos puntos del país con el objetivo de profundizar los principales ejes de acuerdo con los que se construyeron las “10 medidas urgentes para otra Argentina”, un documento elaborado en conjunto por ambas CTA. De hecho, el viernes pasado se realizó otro encuentro en la ciudad de Concordia, donde se debatió sobre soberanía energética.

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La CTA Autónoma defendió el derecho al trabajo en la Convención Constituyente

En una jornada histórica, nuestra CTA Autónoma expuso ayer en la audiencia pública de la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías de la Constituyente de Santa Fe. La Secretaria General de la Central provincial, Claudia Baigorria; el Secretario General de la Seccional Santa Fe y dirigente de SIPRUS, Leandro Goldsack; el Secretario Gremial y referente del Sindicato de la Industria del Cuero, Mariano Dellagustina; y el Director de la Dirección de Diversidad Sexual y Géneros de la CTA Autónoma provincia de Santa Fe, Mauricio Aguilera, fueron quienes llevaron a la Convención las propuestas de nuestra Central referidas al derecho al trabajo.

Trabajo con derechos, derecho a huelga, convenios colectivos y tratados internacionales; democracia sindical, igualdad de género y no discriminación en el mundo del trabajo, fueron los ejes centrales de la exposición. “Por las luchas de tantos y tantas que hicieron grande al movimiento obrero de nuestra provincia, que nos permitieron mejorar las condiciones laborales, salariales y previsionales de lxs trabajadorxs. Esas que hoy Maximiliano Pullaro y la motosierra de Milei pretenden arrebatarnos. Por la unidad de la clase trabajadora”, expresó Baigorria luego de la presentación.

Como la Central forma parte de Comunidades Constituyentes, que ya presentó otros proyectos sobre diversos temas, a los que adhiere y acompaña, nuestrxs referentes se abocaron a la reforma del artículo 20, sobre el Derecho al Trabajo.

En una lectura compartida, se presentó el siguiente texto:

El trabajo es un derecho humano fundamental y una función social que estructura la vida digna, la autonomía y la justicia en nuestras comunidades. Debe ser reconocido como base de toda democracia social y protegido por la Constitución con la máxima jerarquía. Por ello, cuando hablamos de trabajo queremos referirnos al trabajo con derechos.

Los pactos y tratados internacionales a los que adhirió nuestro país, dándoles jerarquía constitucional, establecen el derecho de toda persona a trabajar en condiciones de dignidad, con seguridad, con igualdad real de trato y con libertad sindical. La libertad de organizarse, de negociar colectivamente y de ejercer la huelga, sin represalias ni persecusiones, son componentes inseparables del derecho al trabajo y del sistema democrático; señalan con claridad que los derechos laborales forman parte del núcleo esencial de los derechos humanos y que los estados tienen la obligación de garantizar su cumplimiento sin regresiones. El reconocimiento constitucional del trabajo decente debe ser leído en esta clave de progresividad y no discriminación.

El convenio 190 de la OIT, aprobado en Ginebra en 2019, con entrada en vigor en 2022 en nuestro país, es una conquista histórica del movimiento obrero y, en especial, del sindicalismo feminista. Reconoce las distintas formas de violencia y acoso en el mundo del trabajo, incluida la violencia de género, que afecta especialmente a las mujeres y diversidades. Ello obliga al Estado y a todas las instituciones, incluidas las patronales empresarias, a prevenir, sancionar y reparar esas violencias con una mirada estructural. Esta cláusula propuesta afirma que ningún trabajo será digno si es tolerante con la violencia, la explotación o la discriminación por razones de género, identidad o condición social.

El fallo ATE c/Estado Nacional de la Corte Suprema fortaleció la garantía de libertad sindical al reconocer que incluso las asociaciones simplemente inscriptas tienen derecho a representar trabajadores y que ninguna autoridad estatal puede interferir arbitrariamente en la vida interna de los sindicatos. Nuestra Constitución Provincial debe garantizar sindicatos libres, democráticos, fuertes y respetados. Asimismo, la constitución bonaerense ofrece un antecedente valioso en el reconocimiento de la estabilidad laboral, la negociación colectiva, la justicia laboral y la función protectora del Estado. Este proyecto se nutre de esa experiencia y, además, coloca en el centro el trabajo decente, la igualdad de género y la representación activa del Estado en defensa de los sectores más vulnerables. Las transformaciones del mundo del trabajo, incluyendo el impacto de la inteligencia artificial, la automatización y la digitalización, exigen una regulación moderna que no ceda ante la exclusión y la precarización. La cláusula propuesta orienta el uso de nuevas tecnologías hacia la mejora del trabajo humano, no hacia su reemplazo; y exige la participación sindical en todo el proceso de reconversión productiva.

El trabajo decente, tal como define la OIT, incluye empleo productivo, ingresos justos, seguridad de empleo, condiciones equitativas respecto a los derechos fundamentales, desarrollo personal, integración social y un diálogo social efectivo. Este concepto atraviesa de forma transversal la reforma propuesta y lo toma como base para las obligaciones estatales. Los sindicatos, como organizaciones naturales de los trabajadores (entendiendo a todos, todas y todes, precarios o aún desempleados), son pilares de la democracia laboral y actores esenciales en la construcción de la justicia. El derecho de huelga se reafirma con jerarquía constitucional como herramienta legítima y necesaria para la defensa colectiva de los derechos laborales. Su garantía efectiva es también una garantía de la democracia misma. La propuesta incluye además la creación de tribunales específicos, ágiles y gratuitos en el ámbito del Ministerio de trabajo con facultades para conciliación, inspección, arbitraje y promoción del trabajo formal.

Esta reforma se propone como un paso imprescindible para saldar las deudas históricas con quienes sostienen el trabajo en nuestra provincia, especialmente las mujeres y personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, no binaries, intersexuales y queer trabajadoras, muchas veces invisibilizadas, precarizadas y excluidas. Construir un piso normativo que las reconozca, las proteja y las incluya no es un gesto simbólico, es un acto de justicia. Por todo ello esta propuesta no es solamente una actualización jurídica, es una afirmación política, ética y colectiva.

El trabajo debe estar en el centro de nuestro pacto constitucional y la igualdad de género, la libertad sindical y la negociación colectiva deben ser sus columnas vertebrales