Compartimos el análisis del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), que preside Claudio Lozano, sobre la desaceleración de la economía y su impacto en el mundo del trabajo, que arroja una luz de alarma sobre las ya precarias condiciones de vida de nuestro pueblo.
Los resultados de las proyecciones sobre actividad económica marcan una tendencia negativa tanto en 2022 como con la presentación del presupuesto para el año 2023 de la Administración Pública Nacional, de 4%. Con estos datos se evidencia la proyección recesiva que el Gobierno planifica con una abrupta desaceleración de la tasa anual de crecimiento (apenas superior al 1%).
Esta breve introducción sobre el panorama de actividad económica simplemente tiene el sentido de alertar sobre los efectos negativos tanto sobre el empleo público como privado. En el último año, durante el cual la actividad económica aumentó un 6,9%, la tasa de empleo lo hizo en un 7,5%, dando cuenta de una relación prácticamente constante entre producto y empleo generado. Ello implicó la generación de 1,5 millones de ocupaciones y la caída de la tasa de desocupación, que pasó del 9,6% al 6,9%. A su vez, se verificó una menor incidencia de la subocupación y de la proporción de ocupados demandantes.
Sin embargo, la composición del empleo se modificó drásticamente en favor del empleo precario ya que nada menos que 1,2 millones de los 1,5 millones de empleos nuevos consistieron en relaciones de dependencia que no fueron debidamente registradas por sus empleadores. Lo anterior, peor aún, en el marco de un retroceso del empleo asalariado formal de la mano de un retraimiento del sector público en su rol de empleador. La reciente decisión de congelar vacantes es una muestra clara del uso de mano de obra barata por parte de los empleadores. Estamos hablando de puestos de trabajo privados de derechos laborales y de la cobertura social, cuyos salarios se situaban, al primer trimestre 2022, en el orden de los $36.000, es decir, al borde del valor de una canasta para la subsistencia. Este contenido del nuevo empleo pone límites evidentes a los efectos positivos que la reactivación de la actividad, y el empleo puedan tener sobre las condiciones de vida de la población.
