Desde la CTA Autónoma Provincia de Santa Fe expresamos nuestro más enérgico repudio al decreto 340/2025 publicado hoy por el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el cual se pretende restringir gravemente el ejercicio del derecho constitucional a huelga en nuestro país. La norma, que amplía de forma arbitraria y generalizada la lista de “servicios esenciales” y crea la categoría de “servicios de importancia trascendental”, exige niveles mínimos de prestación que tornan inocuo cualquier intento de protesta o medida gremial legítima.
Este nuevo intento de disciplinamiento a la clase trabajadora retoma aspectos del DNU 70/2023 -ya cuestionados por su inconstitucionalidad- y expresa con claridad el objetivo del gobierno de Javier Milei: desmantelar el derecho colectivo al reclamo, debilitar la organización sindical y consolidar un modelo de relaciones laborales regresivo, que sólo beneficia a los sectores más concentrados del poder económico.
Resulta inadmisible que, apenas días después de haber obtenido un triunfo electoral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (con el mayor registro de ausentismo a las urnas), el gobierno se envalentone para profundizar su ofensiva contra los derechos conquistados por el movimiento obrero. La manipulación del concepto de “servicio esencial” para incluir actividades tan disímiles como la producción de medicamentos, la industria alimenticia, los servicios de radio y televisión o las tareas administrativas, constituye una amenaza directa al derecho de huelga como herramienta histórica de lucha.
La norma impone a los trabajadores la obligación de garantizar hasta un 75% de los servicios incluso durante una medida de fuerza, vaciando de contenido el ejercicio de ese derecho y contraviniendo tratados internacionales suscriptos por nuestro país, como el Convenio 87 de la OIT.
Desde nuestra Central sostenemos que los derechos laborales no se negocian ni se suspenden por decreto. El intento de acallar las voces del sindicalismo será respondido con organización, unidad y lucha en defensa de cada puesto de trabajo, cada salario y cada derecho.
NO AL DECRETO 340/25.
NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA.
EL DERECHO A HUELGA NO SE TOCA