Autor: Guillermo fernandez

Este mediodía se realizó en Rosario la reunión de Mesa Ejecutiva de la CONADU Histórica. Fue en el marco del plenario de rectoras y rectores de Universidades Nacionales nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que se desarrolla durante hoy y mañana en esta ciudad.

El encuentro, que tuvo lugar en el local de Rosario Sin Miedo, contó con la presencia de Francisca Staiti, Secretaria General de CONADUH; el Adjunto, Oscar Vallejos; Claudia, Baigorria, de la Secretaría de Formación; Yamile Nazrala, de la Secretaría de Preuniversitaria; Patricio Grande, Secretario de Acción Social; Pablo Rubén Stasuck, Secretario de Relaciones Internacionales y Diego Maita, Secretario de Derechos Humanos.

Las y los representantes de la docencia universitaria estarán presentes mañana en el plenario del CIN para exponer la situación del sector y acordar acciones conjuntas con autoridades, estudiantes y no docentes de las universidades nacionales de todo el país. El objetivo es enfrentar el probable veto presidencial a la recientemente aprobada Ley de Financiamiento Universitario y continuar los planes de lucha por mejoras salariales para las trabajadoras y los trabajadores universitarios.

“Nuestra federación tiene el compromiso de insistir en que hay que conseguir la unidad de todos los sectores universitarios y preuniversitarios para luchar contra las políticas de Milei”, expresó Vallejos. “Vamos a evaluar cómo se está desarrollando nuestro plan de acción gremial, que iniciamos en el segundo cuatrimestre, el 11 de agosto, con una semana de paro y estamos transitando semanas con paros de 48 horas rotativos. Es una medida exigente que requiere gran articulación pero que canaliza el malestar de la docencia por la cuestión salarial y también por la situación presupuestaria, que afecta tanto nuestro trabajo como docentes como al estudiantado, ya que las becas del Estado Nacional están cada vez más bajas”, explicó.

Consultado sobre las próximas medidas de fuerza, el Adjunto de CONADU Histórica afirmó que “lo que el congreso de la Federación definió es que hay que ir a una nueva marcha universitaria, así que estamos en Rosario para poder acordar los términos de esa marcha y que todos los sectores contribuyamos con fuerza a que sea masiva, transversal y que pueda contener también otras luchas. Tenemos que unificar las luchas y hacer el esfuerzo de convocar a todos los sectores que también están luchando: el Garrahan, el sector de ciencia y tecnología, el sector de jubiladas y jubilados. Si logramos unirlas, estar en la calle logra más efectividad y más fuerza y es convergente con nuestros objetivos, que son hacer retroceder al gobierno nacional en sus políticas, obligarlo a que se siente a negociar y a que mejore nuestros salarios, que es el objetivo primordial, además de luchar por la Ley de Financiamiento Universitario, que el gobierno ya amenazó con que va a vetarla. Si eso llegara a ocurrir, necesitamos que el Congreso insista en la ley, la sostenga y que el gobierno después la cumpla”.

Por su parte, Francisca Staiti explicó que mañana, “en la plenaria del CIN habrá un momento en que las federaciones de docentes, estudiantes y no docentes tenemos un espacio para poder dirigirnos al Concejo de Rectoras y Rectores para manifestar las situaciones que vienen pasando en la universidad con una mirada de nuestro sector. Sobre todo se planteará lo salarial pero, en este contexto, después de casi dos años del gobierno de Javier Milei, el ataque profundo de su política hacia las universidades, de vaciamiento y ahogamiento presupuestario, nos encuentra a todos los sectores peleando por mayor presupuesto y nos interpela a salir en conjunto en defensa de la universidad pública”.

“Este año trabajamos junto con el CIN y con estudiantes el proyecto de Ley de Financiamiento Universitario. Fue un hito importante poder reunirnos los distintos sectores y acordar una letra para ese proyecto, que hoy ya fue aprobado. Frente a la amenaza cierta del veto a esta ley, el objetivo de reunirnos y de estar presentes en el encuentro del CIN es articular una nueva gran marcha nacional, federal, que se replique no sólo en CABA sino en cada uno de los lugares del país para que esa ley se sostenga. La Ley de Financiamiento viene a cubrir una parte importantísima, que no sólo es el pago de servicios sino realmente el funcionamiento de la universidad con todas sus aristas: investigación, extensión, docencia, hospitales universitarios, etc. También incluye un reclamo histórico nuestro que es el de las obras sociales universitarias, que hoy se encuentran absolutamente en crisis”, se explayó.

Sobre la negociación paritaria, la Secretaria General de la CONADUH aseguró que “no hubo oferta por parte del gobierno, sólo fue un anuncio en los medios durante la primera semana de paro. Un anuncio engañoso y con porcentajes que ocultan que, por ejemplo, durante junio y julio recibimos 0% de recomposición, entonces muestran un 3,9% como un gran aumento pero lo cierto es que la inflación de esos dos meses la afrontamos con el mismo salario de mayo. También anunciaron un bono excepcional, que en el caso de docentes simples son $6.200, ni una docena de huevos, es una vergüenza. Hacen grandes anuncios frente a recomposiciones de miseria que siguen dejando a nuestros salarios y a nuestros docentes por debajo de la línea de pobreza. Eso es lo que venimos reclamando con nuestras acciones de lucha, que continuarán la próxima semana el 1 y 2 de septiembre con paro de 48 horas en las universidades nacionales”.

“Seguimos reclamando recuperación del salario, paritarias verdaderas donde nos sentemos a discutir, seguimos defendiendo la ley y diciéndole no al veto”, concluyó.

Por estas horas, las distintas Comisiones de la Convención Reformadora de la Constitución de la Provincia de Santa Fe están produciendo sendos dictámenes en base a las mayorías alcanzadas sobre los artículos a modificar y/ó agregar.

Habiendo tomado conocimiento de que la mayoría del oficialismo provincial y sus aliados en la comisión encargada del abordaje de los temas PREVISIONALES omitió en su dictamen la incorporación de un artículo que declare explícitamente la INTRANSFERIBILIDAD JURISDICCIONAL DE LA CAJA DE JUBILACIONES, alertamos que se intenta convalidar una nueva maniobra contraria a los intereses de las y los trabajadores activos y jubilados de nuestra provincia.

En efecto, el texto del dictamen de mayoría incorpora solamente la “INDELEGABILIDAD” de la Caja, resignando en cambio la prohibición de que la misma pueda ser transferida a otras jurisdicciones, como a la Nación. Una consecuencia directa e inmediata podría ser la de que se habilite la posibilidad de un nuevo pacto fiscal a la medida de la motosierra de Javier Milei, quien ha declarado públicamente su intención de unificar en un solo Sistema Previsional que integre y absorba a todas las provincias, colegios profesionales, regímenes especiales, etc., para establecer una escala de salarios fija y a la baja.

Por eso para nuestra Central no es una omisión casual o inocente, ni un juego de palabras que puedan resultar similares, pero que no lo son. La diferencia es sustancial: la INDELEGABILIDAD impide que la caja pase de manos públicas a privadas, pero deja abierta la puerta a su transferencia a la Caja Central de la Nación. De esta forma, al no consagrar la INTRANSFERIBILIDAD, lo que en verdad se garantiza es un pacto fiscal con el Gobierno Central, entregando una conquista histórica de las y los trabajadores a la lógica del ajuste y la centralización. Ello además supone debilitar la autonomía, la solidaridad y la sustentabilidad de nuestro régimen previsional, poniendo en riesgo el futuro de miles de trabajadores y trabajadoras. Resulta incomprensible que una Convención Constituyente por un lado pretenda garantizar las lógicas autonómicas -como sucede en la discusión de la autonomía municipal- pero que por otro lado busque centralizar los recursos que son de todos los trabajadores y trabajadoras mediante una formulación ambigua que deja abierta la posibilidad próxima de un pacto fiscal, teniendo en cuenta que este gobierno ha sido taxativo en el ajuste que impulsó la ley previsional del año 2024.

Por lo expuesto -y en coincidencia con lo reclamado por distintos sectores sociales, sindicales, políticos, previsionales, de derechos humanos, del feminismo y las disidencias, entre tantos otros nucleados en la Multisectorial “Comunidades Constituyentes”- exigimos que la Convención Constituyente incorpore de manera clara y expresa la INTRANSFERIBILIDAD DE LA CAJA PREVISIONAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, como garantía efectiva de que nunca será utilizada como moneda de cambio en acuerdos fiscales ajenos a los intereses del pueblo trabajador.

Ciudad de Santa Fe, 19 de agosto de 2025.-

CTA AUTÓNOMA PROVINCIA DE SANTA FE

Integrantes de la CTA Autónoma provincia de Santa Fe participaron el sábado del Cabildo Abierto por la Comunicación Democrática en la ciudad de Paraná. Lo hicieron junto a compañeros y compañeras de las provincias de Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Buenos Aires y CABA.

El evento fue convocado por la CTA Autónoma y la CTA de lxs Trabajadorxs, en el marco del camino a la unidad que vienen transitando. Por ello, fueron parte del acto de apertura autoridades de ambas Centrales, como Hugo “Cachorro” Godoy, Hugo Yasky y Mariana Mandakovick. También participaron referentes de sindicatos de la CGT, movimientos sociales y diversas instituciones.

Por nuestra CTA provincial, fueron parte la Secretaria General, Claudia Baigorria; el Secretario Gremial, Mariano Dellagustina; el Secretario de Comunicación, Raúl Daz; la Secretaria de Relaciones Institucionales, Leticia Quagliaron; y lxs integrantes del Equipo de Comunicación.

La sede del encuentro fue la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), por lo que estuvieron presentes también autoridades y trabajadorxs de esa institución.

Luego del acto inicial, se trabajó en cuatro comisiones de debate, cuyas conclusiones confluyeron en una plenaria de cierre. Estos cabildos abiertos se irán multiplicando en distintos puntos del país con el objetivo de profundizar los principales ejes de acuerdo con los que se construyeron las “10 medidas urgentes para otra Argentina”, un documento elaborado en conjunto por ambas CTA. De hecho, el viernes pasado se realizó otro encuentro en la ciudad de Concordia, donde se debatió sobre soberanía energética.

En una jornada histórica, nuestra CTA Autónoma expuso ayer en la audiencia pública de la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías de la Constituyente de Santa Fe. La Secretaria General de la Central provincial, Claudia Baigorria; el Secretario General de la Seccional Santa Fe y dirigente de SIPRUS, Leandro Goldsack; el Secretario Gremial y referente del Sindicato de la Industria del Cuero, Mariano Dellagustina; y el Director de la Dirección de Diversidad Sexual y Géneros de la CTA Autónoma provincia de Santa Fe, Mauricio Aguilera, fueron quienes llevaron a la Convención las propuestas de nuestra Central referidas al derecho al trabajo.

Trabajo con derechos, derecho a huelga, convenios colectivos y tratados internacionales; democracia sindical, igualdad de género y no discriminación en el mundo del trabajo, fueron los ejes centrales de la exposición. “Por las luchas de tantos y tantas que hicieron grande al movimiento obrero de nuestra provincia, que nos permitieron mejorar las condiciones laborales, salariales y previsionales de lxs trabajadorxs. Esas que hoy Maximiliano Pullaro y la motosierra de Milei pretenden arrebatarnos. Por la unidad de la clase trabajadora”, expresó Baigorria luego de la presentación.

Como la Central forma parte de Comunidades Constituyentes, que ya presentó otros proyectos sobre diversos temas, a los que adhiere y acompaña, nuestrxs referentes se abocaron a la reforma del artículo 20, sobre el Derecho al Trabajo.

En una lectura compartida, se presentó el siguiente texto:

El trabajo es un derecho humano fundamental y una función social que estructura la vida digna, la autonomía y la justicia en nuestras comunidades. Debe ser reconocido como base de toda democracia social y protegido por la Constitución con la máxima jerarquía. Por ello, cuando hablamos de trabajo queremos referirnos al trabajo con derechos.

Los pactos y tratados internacionales a los que adhirió nuestro país, dándoles jerarquía constitucional, establecen el derecho de toda persona a trabajar en condiciones de dignidad, con seguridad, con igualdad real de trato y con libertad sindical. La libertad de organizarse, de negociar colectivamente y de ejercer la huelga, sin represalias ni persecusiones, son componentes inseparables del derecho al trabajo y del sistema democrático; señalan con claridad que los derechos laborales forman parte del núcleo esencial de los derechos humanos y que los estados tienen la obligación de garantizar su cumplimiento sin regresiones. El reconocimiento constitucional del trabajo decente debe ser leído en esta clave de progresividad y no discriminación.

El convenio 190 de la OIT, aprobado en Ginebra en 2019, con entrada en vigor en 2022 en nuestro país, es una conquista histórica del movimiento obrero y, en especial, del sindicalismo feminista. Reconoce las distintas formas de violencia y acoso en el mundo del trabajo, incluida la violencia de género, que afecta especialmente a las mujeres y diversidades. Ello obliga al Estado y a todas las instituciones, incluidas las patronales empresarias, a prevenir, sancionar y reparar esas violencias con una mirada estructural. Esta cláusula propuesta afirma que ningún trabajo será digno si es tolerante con la violencia, la explotación o la discriminación por razones de género, identidad o condición social.

El fallo ATE c/Estado Nacional de la Corte Suprema fortaleció la garantía de libertad sindical al reconocer que incluso las asociaciones simplemente inscriptas tienen derecho a representar trabajadores y que ninguna autoridad estatal puede interferir arbitrariamente en la vida interna de los sindicatos. Nuestra Constitución Provincial debe garantizar sindicatos libres, democráticos, fuertes y respetados. Asimismo, la constitución bonaerense ofrece un antecedente valioso en el reconocimiento de la estabilidad laboral, la negociación colectiva, la justicia laboral y la función protectora del Estado. Este proyecto se nutre de esa experiencia y, además, coloca en el centro el trabajo decente, la igualdad de género y la representación activa del Estado en defensa de los sectores más vulnerables. Las transformaciones del mundo del trabajo, incluyendo el impacto de la inteligencia artificial, la automatización y la digitalización, exigen una regulación moderna que no ceda ante la exclusión y la precarización. La cláusula propuesta orienta el uso de nuevas tecnologías hacia la mejora del trabajo humano, no hacia su reemplazo; y exige la participación sindical en todo el proceso de reconversión productiva.

El trabajo decente, tal como define la OIT, incluye empleo productivo, ingresos justos, seguridad de empleo, condiciones equitativas respecto a los derechos fundamentales, desarrollo personal, integración social y un diálogo social efectivo. Este concepto atraviesa de forma transversal la reforma propuesta y lo toma como base para las obligaciones estatales. Los sindicatos, como organizaciones naturales de los trabajadores (entendiendo a todos, todas y todes, precarios o aún desempleados), son pilares de la democracia laboral y actores esenciales en la construcción de la justicia. El derecho de huelga se reafirma con jerarquía constitucional como herramienta legítima y necesaria para la defensa colectiva de los derechos laborales. Su garantía efectiva es también una garantía de la democracia misma. La propuesta incluye además la creación de tribunales específicos, ágiles y gratuitos en el ámbito del Ministerio de trabajo con facultades para conciliación, inspección, arbitraje y promoción del trabajo formal.

Esta reforma se propone como un paso imprescindible para saldar las deudas históricas con quienes sostienen el trabajo en nuestra provincia, especialmente las mujeres y personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, no binaries, intersexuales y queer trabajadoras, muchas veces invisibilizadas, precarizadas y excluidas. Construir un piso normativo que las reconozca, las proteja y las incluya no es un gesto simbólico, es un acto de justicia. Por todo ello esta propuesta no es solamente una actualización jurídica, es una afirmación política, ética y colectiva.

El trabajo debe estar en el centro de nuestro pacto constitucional y la igualdad de género, la libertad sindical y la negociación colectiva deben ser sus columnas vertebrales

En el día de ayer se publicaron nuevas medidas de ajuste, que recaen sobre 21 organismos públicos de distintas áreas como salud, transporte, agroindustria, industria y seguridad vial. Esto significa cierres, despidos, fusiones y disoluciones. Se trata de una muestra más de motosierra y ajuste, que sólo cierra con represión y detenciones ilegales.

Entre los organismos disueltos hay algunos que son clave para nuestra región:
– Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial
– Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)
– Dirección Nacional de Vialidad
– Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional
– Delegaciones Sanitarias Federales del Ministerio de Salud
– Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME)
– Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI)
– Instituto Nacional de Semillas (INASE)
– Comisión Nacional de Semillas
– Fondo Nacional del Manejo del Fuego
– Fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep)

Si bien se trata de organismos nacionales, estas medidas afectan a nuestra provincia y la región. Además de los despidos y la pérdida de puestos de trabajo, en el corazón productivo del país es muy peligroso que se abandonen tareas fundamentales para el sostenimiento y fomento de la producción y la circulación de bienes y servicios, especialmente de alimentos.

El gobierno pudo avanzar con estas medidas tomadas por decreto gracias a las facultades delegadas que consiguió a través de la Ley Bases. Una legislación que se aprobó con el apoyo de diputados y senadores de La Libertad Avanza, el PRO, partidos provinciales y algunas defecciones del radicalismo y el peronismo. Advertimos en su momento la peligrosidad que encerraban las facultades delegadas para un gobierno que se presenta como destructor del Estado. Y estas son las consecuencias, que harán un daño irreparable al país.

Al mismo tiempo, mientras recorta en ciencia, salud, producción, soberanía y desarrollo nacional y desampara a jubilados, mujeres y personas con discapacidad, Milei sigue pagando al FMI y contrayendo nueva deuda impagable.

Nuestra Central repudia el ajuste en general y la represión y detenciones ilegales de compañeros y compañeras con que se sostiene ese ajuste, como sucedió entre ayer y hoy en la sede del INTI o en la puerta de Georgalos. Frente a este escenario, en el que claramente el gobierno viene por todo, nos convocamos y nos sumaremos a todas las convocatorias necesarias para unificar todas las luchas. La unidad es fundamental para terminar con esta política de ajuste salvaje que está llevando a la ruina económica al país y a que ciudadanos y ciudadanas nos quedemos sin futuro y sin soberanía nacional.

La brutal caída de la producción de acero en el último año y medio, fruto fundamentalmente de la paralización de la obra pública, ya está generando graves consecuencias en Villa Constitución. Allí donde Acindar tiene sus principales plantas, la acería, dirigida por el multinacional Grupo ArcelorMittal, ha disminuido el volumen de sus operaciones en un 50%. Como consecuencia hay suspensiones de personal y cierre de algunas áreas que están poniendo en riesgo cientos de puestos de trabajo. Así lo describe Cristian Horton, presidente de la cooperativa Cooperar 7 de Mayo, una de las empresas que prestan servicios para Acindar.

En la mayor acería de Villa Constitución, el 50% del trabajo es tercerizado por otras empresas y la otra mitad por personal propio. Dentro de esas firmas prestadoras de servicios para Acindar, está Cooperar, una empresa de economía social fundada en 1996. “Hace 29 años que brindamos distintos tipos de servicios. Arrancamos con la carga y la descarga de buques. Después se fueron generando otros servicios y con el tiempo algunos de esos servicios se dejaron de brindar por cuestiones tecnológicas. En la actualidad hacemos la logística y la administración de los depósitos a cielo abierto y la evacuación del tren laminador número 2 y el 3”, explicó Horton.

El 27 de mayo se inició un conflicto porque Acindar confirmó la paralización por tiempo indeterminado del tren laminador número 2, poniendo en riesgo 130 puestos de trabajo. Por ello los trabajadores de Cooperar, junto a la Comisión Interna y la Comisión Directiva de la UOM Villa Constitución, fueron a la huelga, una medida que hoy está suspendida por la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe.

“El cierre del tren laminador 2 es una política de organización industrial interna de Acindar, que viene de la caída de la industria. Los volúmenes de operaciones están al 50% de lo que era hace un año y medio. La industria no está en el radar del gobierno, solamente lo financiero y lo energético, nada más. Pero las industrias están todas complicadas”, afirmó el dirigente de Cooperar.

“En el 2025 se agudiza la caída de la producción con respecto al 2024 y ni hablar con respecto al 2023. La empresa nos pedía la adecuación, el achicamiento, hacer una nómina de menos gente. De los 130 que somos, iban a sobrar 60. Nos pedían que dejemos una nómina de 60 personas ingresando a la fábrica. Nosotros fuimos acomodándonos, fuimos achicando costos, distribuyendo las horas de trabajo. Lo que hacíamos en vez de despedir, como hicieron otras empresas, que sacan el excedente de gente, fue ir distribuyendo el trabajo pero manteniendo todo el plantel. Trabajamos todos, aunque ganemos menos”, relató.

Pero, a diferencia del resto de las empresas que tercerizan servicios para Acindar, Cooperar sufrió otro tipo de discriminación: a pesas de ser trabajadores afiliados a la UOM, por su carácter de cooperativa y la condición de monotributistas de sus asociados, la multinacional no les reconoció derechos conquistados. “Denunciamos que esta medida forma parte de un accionar sistemático y discriminatorio por parte de Acindar hacia los cooperativistas de Cooperar 7 de Mayo. En lugar de reconocer su rol esencial y su vínculo sostenido con la planta, la empresa intenta desconocerlos como trabajadores, alegando su condición de monotributistas para evadir responsabilidades laborales. Esto implica una clara vulneración de derechos básicos. A esto se suma que los trabajadores de Cooperar no fueron contemplados en la suma extraordinaria otorgada al personal propio y contratistas, ni incluidos en el plan de suspensiones rotativas que la empresa implementó para mitigar la crisis del sector siderúrgico”, señalaron desde un comunicado emitido por la UOM.

“Hay una diferenciación solo con Cooperar”, apuntó Horton. “Hay un aprovechamiento sobre Cooperar de una condición jurídica legal, de nuestra condición de autogestionados. Se aprovecha de que somos monotributistas como si fuéramos Pedidos Ya. Nosotros somos una empresa autogestionada, organizada en un marco que trabaja con un convenio colectivo que tiene afiliados a la UOM. Nosotros estamos emplazados en una planta organizada de producción, con normas y condiciones, como cualquier otro trabajador. Entonces lo que queremos es el trato igualitario”, señaló.

Como hizo en otros momentos de su historia, Acindar también tiene otros objetivos: “Hay una visión sobre nosotros, que somos solidarios, que nos organizamos colectivamente y hay que de alguna forma destruir todo lo que tiene que ver con organización y pegarle al sindicato por izquierda con nosotros. Somos organizados, no somos obedientes, somos los rebeldes. Si llaman a una empresa que tiene un patrón y le dice ‘tenés que echar gente’, el patrón la echa. Pero en caso de una cooperativa, a nosotros nos llaman que tenemos que echar gente y repartimos el trabajo. Hay una intención de achicar la organización, de debilitarla o de llevarla a la mínima expresión o desarmarla si se pudiera”, aseguró el presidente de Cooperar.

“Hay un marco en el país que parece que avalara todo lo anti colectivo, lo anti solidario, el discurso hegemónico de hoy de los medios, que emana de este gobierno y viene en en esa dirección. Además, no hay puerta donde ir. Ya no hay un Ministerio de Trabajo de Nación y los órganos institucionales están muy devaluados”, analizó.

Aunque el conflicto se mantiene, Horton explicó que están “en situaciones muy complicadas. Vamos a tratar de resistir y sostener todo lo que podamos, hacer todo lo posible para mantener la plantilla, para que la cooperativa siga trabajando, para que la nómina siga, para ingresar, vamos a tratar de negociar todo lo que podamos. En ese contexto, le estamos pidiendo más que nada otros trabajos. En otras oportunidades, ante las renovaciones tecnológicas, nosotros hicimos recapacitación de personal o invertimos en otro tipo de maquinaria. Si estos trabajos dejan de existir momentáneamente, porque no son definitivos sino transitorios, entonces ahora estamos planteando lo mismo”.

Desde la CTA Autónoma provincia de Santa Fe manifestamos el apoyo y la solidaridad con los trabajadores de la Cooperativa Cooperar 7 de Mayo, acompañando el reclamo por el mantenimiento de las fuentes de trabajo. En tiempos de crueldad, reafirmamos que la unidad es el camino para luchar y no perder derechos conquistados por la clase trabajadora y el pueblo.

Desde la CTA Autónoma Provincia de Santa Fe expresamos nuestro más enérgico repudio al decreto 340/2025 publicado hoy por el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el cual se pretende restringir gravemente el ejercicio del derecho constitucional a huelga en nuestro país. La norma, que amplía de forma arbitraria y generalizada la lista de “servicios esenciales” y crea la categoría de “servicios de importancia trascendental”, exige niveles mínimos de prestación que tornan inocuo cualquier intento de protesta o medida gremial legítima.

Este nuevo intento de disciplinamiento a la clase trabajadora retoma aspectos del DNU 70/2023 -ya cuestionados por su inconstitucionalidad- y expresa con claridad el objetivo del gobierno de Javier Milei: desmantelar el derecho colectivo al reclamo, debilitar la organización sindical y consolidar un modelo de relaciones laborales regresivo, que sólo beneficia a los sectores más concentrados del poder económico.

Resulta inadmisible que, apenas días después de haber obtenido un triunfo electoral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (con el mayor registro de ausentismo a las urnas), el gobierno se envalentone para profundizar su ofensiva contra los derechos conquistados por el movimiento obrero. La manipulación del concepto de “servicio esencial” para incluir actividades tan disímiles como la producción de medicamentos, la industria alimenticia, los servicios de radio y televisión o las tareas administrativas, constituye una amenaza directa al derecho de huelga como herramienta histórica de lucha.

La norma impone a los trabajadores la obligación de garantizar hasta un 75% de los servicios incluso durante una medida de fuerza, vaciando de contenido el ejercicio de ese derecho y contraviniendo tratados internacionales suscriptos por nuestro país, como el Convenio 87 de la OIT.

Desde nuestra Central sostenemos que los derechos laborales no se negocian ni se suspenden por decreto. El intento de acallar las voces del sindicalismo será respondido con organización, unidad y lucha en defensa de cada puesto de trabajo, cada salario y cada derecho.

NO AL DECRETO 340/25.
NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA.
EL DERECHO A HUELGA NO SE TOCA