En un revés judicial acorde al clima de época, el Tribunal Oral Federal Nro 1 de Rosario absolvió por mayoría a los 17 acusados, entre ellos dos ex directivos civiles de la empresa Acindar, señalada como pieza clave en la articulación entre el poder económico y la represión estatal previa al golpe de 1976. La complicidad empresarial, otra vez a salvo.
El fallo llega tras casi dos años de debate oral, más de un centenar de testimonios y décadas de lucha por la justicia. La decisión judicial, según expresaron las querellas, ignora la magnitud de la prueba presentada y pone en duda el compromiso del Poder Judicial con la memoria y la verdad.
“La sensación es de bronca”, resumió el Secretario General de la CTA Autónoma Villa Constitución, Marcelo Cortés, luego de escuchar el veredicto junto a las demás víctimas y familiares de la represión estatal. “Entre tantos tecnicismos jurídicos sentí que nos volvieron a tratar de terroristas. Han llegado a argumentar que el juicio no se podía hacer en Villa Constitución porque era ‘peligroso’. Hay que seguir peleando”, sostuvo.
Por su parte la Secretaria General de la central provincial, Claudia Baigorria, remarcó que el fallo absolutorio está a tono con los tiempos de crueldad que se están atravesando. “Esto no es justicia, esto es limpiar los nombres de quienes fueron torturadores, secuestradores y cómplices de aquella burocracia sindical. Hasta el último día, hasta el último aliento seguiremos pidiendo justicia”, expresó la dirigente.
El fallo
Los jueces Germán Sutter Schneider, Ricardo Moisés Vásquez y Otmar Osvaldo Paulucci resolvieron por mayoría absolver a todos los imputados: 15 ex policías federales, un ex policía provincial y dos ex jefes de Acindar —Roberto Pellegrini, ex jefe de personal, y Ricardo Oscar Torralvo, ex empleado jerárquico.
El tribunal rechazó los pedidos de las partes acusadoras para declarar el predio conocido como Albergue de Solteros dentro de la planta de Acindar como centro clandestino de detención, así como los planteos para reconocer la responsabilidad empresarial en los hechos. También dispuso la inmediata libertad de los acusados, a la espera de la lectura de fundamentos prevista para el 6 de febrero de 2026.
La Fiscalía y la querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos habían solicitado prisión perpetua para los directivos civiles y condenas de entre 10 y 25 años para los ex policías. Pese a ello, el tribunal consideró que no se habían probado los delitos de privación ilegal de la libertad, torturas y homicidios atribuidos a los acusados.
El juez Germán Sutter Schneider votó en disidencia, al reconocer que las 30 detenciones y 10 asesinatos investigados constituían delitos de lesa humanidad. Consideró acreditado que las víctimas fueron perseguidas por su participación en la Lista Marrón de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), liderada por Alberto Piccinini, y propuso penas de entre seis y ocho años de prisión para algunos de los acusados. Su postura, sin embargo, quedó en minoría.
