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“No queremos un resarcimiento económico, queremos justicia”

El Secretario General de la CTA Autónoma Villa Constitución, Marcelo Cortés, y su hermana, Lina, declararon ayer en los Tribunales Federales de Rosario en el marco de la causa Villazo, en condición de familiares de víctimas de la represión estatal en 1975.

A lo largo de su testimonio, los hermanos Cortés recordaron lo que fue la antesala de la dictadura militar cuando el 20 de marzo de 1975 un centenar de Ford Falcon en caravana invadió la ciudad de Villa Constitución para perseguir y detener a aquellos obreros que impulsaron la gran gesta del “Villazo”. Los delitos perpetrados durante el «Operativo serpiente roja del Paraná» se juzgan desde el año pasado en los tribunales de Rosario y Villa, 48 años más tarde.

“En mi declaración hice énfasis sobre una carpeta que tenía quien hacía las preguntas”, recuerda Marcelo -que por entonces tenía 15 años- de cuando el ejército irrumpió en su casa para llevarse a su padre, obrero de Acindar e integrante de la Lista Marrón de la UOM. “Ahí estaban nuestros datos personales y una foto de mi padre que esta persona miraba constantemente. Una clara demostración de que Acindar le había dado todos los datos para que lo vinieran a buscar”, agregó.

Lina, la mayor de los hermanos, fue la encargada de buscar a su padre luego de la detención. Después de varios días de desconocer su paradero, lo encontraron primero en la Unidad Penitenciaria III (“La redonda”) de Rosario y luego en Coronda, donde estuvo dos años detenido.

“Uno de los abogados de la empresa nos preguntó si buscábamos un resarcimiento económico. Le dejé en claro que no. Nosotros no buscamos eso, lo que queremos es justicia. También exigimos que arreglen el legajo de mi padre y de tantos compañeros. A mi padre lo echaron ‘porque no se presentaba a trabajar’ cuando estuvo desaparecido, cuando la empresa sabía que había sido detenido”.

Finalmente Marcelo lamentó que al dilatarse la causa en el tiempo, muchas víctimas y familiares ya no están para presenciar la misma. No obstante mostró optimismo hacia lo que se espera sea una pronta sentencia y expresó un deseo de todo el colectivo de Memoria Verdad y Justicia de la región: “El juicio, y particularmente su sentencia, tiene que ser en el lugar de los acontecimientos, que es Villa Constitución”.

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Villa Constitución: un fallo por la igualdad

La Justicia Laboral de Villa Constitución hizo lugar al amparo presentado por el Secretario General de la CTAA local y delegado de ATE, Marcelo Cortes, y ordenó a la Municipalidad realizar obras para personas con discapacidad motriz.

Cortés, bajo la representación de la abogada María Eugenia Caggiano, planteó una acción de amparo solicitando tutela judicial efectiva, tendiente a que se ponga fin a la obstrucción de la actividad laboral y sindical que desarrolla en la Municipalidad de Villa Constitución y se ordene la efectiva realización de las obras públicas comprometidas al efecto por el municipio.

Siendo trabajador municipal desde 1980, y afectada su motricidad por las secuelas de una Poliomielitis, el referente de la CTAA y ATE de Villa Constitución viene peleando desde hace años para mejorar las condiciones y los accesos en su espacio de trabajo.

Si bien las obras de refacción a los fines de adaptar el edificio del municipio fueron autorizadas por nota en septiembre del 2018, hasta la fecha las mismas no han sido realizadas. “No han dado señales de nada. Mi reclamo es justo, ni siquiera han apelado al fallo pero tampoco lo cumplen”, explicó Cortés.

La justicia le dio la razón a Cortés. Para el juez laboral, Carlos Pellejero, no hay duda de que se está ante “un supuesto de mora de la administración con la consecuente vulneración de los derechos fundamentales de accesibilidad de una persona con discapacidad”. Aún así el municipio sigue sin cumplir.

“Esto es una militancia de hacer cumplir las leyes que ya están y bregar para poder ampliarlas”, concluyó Cortés.