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Hoy se cumplen 42 años del retorno de la democracia a nuestro país, un logro de la enorme lucha del pueblo argentino. Y especialmente de los organismos de Derechos Humanos que, con nuestras queridas Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo, jamás cejaron en denunciar el genocidio perpetrado por la última dictadura militar en todos los fueros nacionales e internacionales. Como tampoco cejaron en la búsqueda incansable de nuestrxs 30.000 detenidxs-desaparecidxs, de sus hijxs, de sus nietxs. Una lucha ejemplar y amorosa que le valió a nuestro país el reconocimiento de la comunidad internacional por el respeto a los Derechos Humanos y la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

También hoy se cumplen dos años de la asunción de Javier Milei, cuyo gobierno hace gala del negacionismo y la crueldad, llegando incluso a minimizar aquel genocidio atroz. Un gobierno que no duda en reprimir a jubiladxs, personas con discapacidad, perseguir y criminalizar a sindicalistas y referentes en las distintas protestas sociales.

Pero a pesar del contexto adverso, con un parlamento en el que el bloque libertario y sus cómplices han crecido en representación, también hay un movimiento creciente de rechazo popular a las políticas que anuncian y que pretenden imponernos.

Esta democracia que defendemos y hoy evocamos desde la CTA Autónoma Provincia de Santa Fe junto a todo nuestro pueblo, no le da a Milei ninguna licencia social para seguir descargando el ajuste sobre los sectores más postergados ni para profundizar el hambre, la indigencia y el empobrecimiento de millones de compatriotas. Tampoco para impulsar una reforma laboral antiobrera a la medida del poder concentrado, que hará retroceder un siglo a la clase trabajadora, precarizando aún más las condiciones laborales y salariales, y atacando a los sindicatos. Tampoco el resto de las reformas que contiene el paquete que ingresaron al Congreso: la tributaria, la previsional, la modificación de la Ley de Glaciares (para seguir beneficiando al extractivismo y saqueo de nuestros bienes comunes) y del Código Penal (con la eliminación de la figura de femicidio y la baja de la edad de punibilidad para nuestrxs pibxs), y la Ley de Inocencia Fiscal para los grandes evasores de siempre.

También han presentado el proyecto de Ley de Presupuesto 2026, que supone menos recursos para la salud, las universidades y la educación en general, la obra pública, la ciencia, la tecnología y la coparticipación a las provincias; junto a más ajuste a las jubilaciones y a los salarios de las trabajadoras y los trabajadores.

Esta democracia la defendemos y la defenderemos también en las calles, construyendo la más amplia unidad de todos los sectores del campo popular que estén dispuestos a no entregar los derechos que supimos conquistar y que hoy pretenden arrebatarnos. Pero también buscando articular con todos los espacios democráticos del sindicalismo, la producción, las organizaciones sociales, culturales, de derechos humanos, estudiantiles, del feminismo y diversidades, entre tantas, para dar los debates necesarios y construir la alternativa que tanto necesitamos como pueblo.

Ante la propuesta de resignarnos al sacrificio perpetuo de muchxs en beneficio de unos pocos, creemos que hay otra salida, colectiva y popular. Para que la democracia no sea sólo una formalidad, sino que sea fruto de la capacidad de soberanía del pueblo para construir una patria plenamente emancipada.

Por una democracia sin hambre, con tierra, techo y trabajo para todxs. Por memoria, verdad y justicia y por nuestrxs 30.000 compañerxs.

Luego de casi dos años de juicio oral y a 50 años de los hechos, el próximo martes 4 de noviembre se conocerá la sentencia en la Causa Villazo. Por ello, organizaciones de derechos humanos, políticas, sociales y sindicales de Villa Constitución y la provincia de Santa Fe convocan a concentrar ese día desde las 10.00 en la puerta de los Tribunales Federales de Rosario, Oroño 940.

“Es fundamental la presión en la calle para que se haga Justicia. Tras dos años de testimonios y medio siglo de impunidad, llegó el momento de que el pueblo trabajador de Villa Constitución se movilice y haga honor a la Lista Marrón, a sus mártires y sobrevivientes, a las Mujeres del Villazo, a cada hija e hijo de tanta sangre combativa derramada”, promueven desde las organizaciones.

“Tenemos que formar parte de una historia que sigue viva, de una lucha que continúa y se mantiene abierta como la herida de la violencia estatal, civil, parapolicial y empresarial desatada sobre Villa y sus trabajadores. Por el Villazo pidamos juntos Memoria, Verdad y Justicia”, afirman.

En la puerta del Tribunal habrá un acto, músicos y micrófono abierto para acompañar la jornada y darle voz a familiares y militantes de Villa Constitución y la región. “Este hecho no sólo implica un pedido de Justicia sino que también es una reivindicación a la participación política de la clase obrera, a la lucha y resistencia de las mujeres del Villazo, a la organización de las bases en cada barrio, a la fuerza de las hijas e hijos de las víctimas que tomaron la posta en el reclamo, a la identidad de un pueblo trabajador entero que supo encontrar en la Lista Marrón una bandera para pelear por sus reivindicaciones”, expresan.

En este juicio, que comenzó el 13 de noviembre de 2023, se juzga a 22 personas acusadas por su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad cometidos en Villa Constitución a partir de marzo de 1975. Entre los imputados se encuentran Roberto Pellegrini y Oscar Torralvo, ex directivos de Acindar, junto a ex miembros del Ejército, de la Policía Federal y provincial y de Prefectura Naval por delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos, asociación ilícita y homicidios. Al menos 18 personas vinculadas a Acindar fueron asesinadas, 8 se encuentran desaparecidas y 69 estuvieron detenidas y luego fueron liberadas. Hasta 1976, la siderúrgica estuvo presidida por José Alfredo Martínez de Hoz, luego designado ministro de Economía por la dictadura.

Ver nota anterior: Comenzó el juicio oral por la represión del Villazo

Con un auditorio repleto, el viernes se desarrolló el Cabildo Abierto Federal por la Seguridad Social, en la ciudad de Santa Fe. El encuentro, que tuvo lugar en la sede de AMSAFE, comenzó con una mesa que reunió a la dirigencia provincial y nacional de las organizaciones convocantes: José Testoni, Secretario General de la CTA de los Trabajadores de la provincia; Claudia Baigorria, Secretaria General de la CTA Autónoma provincial; el referente de APyME, Mario Galizzi; Alejandro Gramajo, Secretario General de la UTEP; Claudio Girardi, de La Bancaria y Secretario General de la CGT provincial; Hugo «Cachorro» Godoy, Secretario General de la CTAA nacional; y Hugo Yasky, Secretario General de la CTAT.

Fue Testoni quien intervino en primer lugar para dar la bienvenida al Cabildo. “Entendemos que no es un beneficios sino un derecho, la seguridad social es un derecho conquistado con luchas, principalmente sindicales”, definió el dirigente sobre el tema central del encuentro. “Nos interesa la unidad con un programa. Sabemos que se tiene que terminar el mileísmo y los gobiernos provinciales que lo apoyan. Todos los que estamos acá queremos tener los acuerdos necesarios para que cuando termine esta noche oscura tengamos un programa propio”, aseguró.

Lo siguió Claudia Baigorria, quien recordó que con los dirigentes y organizaciones participantes vienen “transitando muchísimos encuentros desde muchos años, siempre con las mismas convicciones y recorriendo caminos que mas temprano que tarde nos iban a juntar nuevamente”. Destacó especialmente “la lucha por garantizar más derechos en una nueva Constitución pensada a medida de la reelección de (el gobernador Maximiliano) Pullaro”, gracias a la cual “le arrancamos a la derecha la intransferibilidad de la caja de jubilaciones”. También apuntó contra el gobierno provincial en cuanto a que “viene asestando duros golpes en lo que es la seguridad social”, pero aseguró que “hay un amplísimo piso de acuerdos políticos” entre quienes estaban presentes que permite seguir dando la pelea.

Por su parte, Galizzi expresó que quienes representan al sector empresarial estaban presentes “por un acuerdo estratégico: a los empresarios siempre nos ha ido bien cuando los trabajadores ganan bien. Es un momento de mucha responsabilidad estar acá para pensar un modelo estratégico de desarrollo que es claramente con los trabajadores adentro”.

A su turno, Gramajo afirmó que “no sólo tenemos que tener una unidad, que viene expresándose hace tiempo en la calle. Es fundamental que esta unidad se exprese con un programa sostenido frente a un gobierno que viene arrasando. Un programa político, con el que tenemos que lograr no sólo atender las emergencias actuales sino también tener perspectivas a futuro, del que no nos movamos ni un milímetro”.

Girardi, dirigente de la CGT, subrayó el hecho de que “cuando gana el individualismo, nosotros seguimos construyendo unidad”. Aseguró que hay que salir a explicar a los trabajadores cuestiones básicas sobre los derechos conquistados, como los que fueron ejes del Cabildo. “Quieren un modelo donde haya 80% de pobreza y gente sin derechos. Nosotros vamos a seguir defendiendo los derechos de los trabajadores y concientizando sobre la necesidad de nivelar para arriba, para que todos tengan esos derechos. El movimiento obrero no sólo quiere discutir salarios. Principalmente viene a discutir el modelo económico del país en el marco de Latinoamérica”, concluyó.

El dirigente nacional de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, hizo primero un análisis del contexto político y social: “si hoy hay un gobierno neo fascista que accedió por la vía democrática es porque en buena parte de nuestra sociedad se multiplicó la desesperanza, porque la democracia está bastante magullada y para muchos sectores ha perdido sentido; por la división del campo popular y la falta de coherencia de la implementación de políticas emancipadoras y cambios estructurales que se sostengan en el tiempo. Por ello, con este gobierno no sólo es necesario resistir sino generar alternativas que den respuesta a estas cuestiones”.

En ese sentido, refirió que las dos CTA propusieron las 10 medidas urgentes y los Cabildos, “espacios donde profundizar una propuesta programática para cuando termine este gobierno nefasto, para que podamos discutir una salida de los trabajadores y del conjunto del campo popular, una propuesta que sea un camino de consolidación de la unidad del campo popular. Los Cabildos son una posibilidad de encuentro, de profundizar los acuerdos y de pensar una salida común, incorporando a nuestros análisis el pensamiento estratégico con el horizonte de una patria emancipada”.

“Los cabildos abiertos son una convocatoria a recuperar la participación y el protagonismo.
Sin protagonismo popular no hay proyecto emancipador. Y eso significa también democratizar el Estado en todos sus aspectos”, remarcó.

Finalmente, tomó la palabra el dirigente nacional de la CTAT, Hugo Yasky, quien describió el camino recorrido desde que se acordaron las 10 propuestas y se comenzó el camino de la unidad: “No podemos resistir permanentemente en una actitud defensiva porque la resistencia se desgasta. La convicción de que no había que aceptar la derrota y que podíamos construir horizontes de salida nos permitió ir configurando un alineamiento entre las luchas en las calles y las decisiones políticas”.

Sobre el gobierno nacional, aseguró que “están convirtiendo a la Argentina en un país en vías de extinción en términos de producción” y que “en la agenda de este gobierno también está la destrucción del movimiento sindical”.

También se refirió a los temas de debate en el Cabildo: “Los derechos son universales, sino son privilegios. La seguridad social, las jubilaciones, son un derecho que tiene que ser universal. Habrá que resolver cuestiones que son problemáticas, tenemos que discutir de qué manera lo garantizamos, igual que la jornada laboral, la reconstrucción del sistema educativo. Son cuestiones estratégicas y temas complejos, que nos traen contradicciones pero debemos abordarlas desde el campo popular. Tratar de que esas contradicciones no dividan al campo popular y sobreponerse con construcción de unidad”.

 

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Trabajo en comisiones

Más de 250 personas colmaron el auditorio de AMSAFE, entre quienes se encontraban referentes de diversas organizaciones sociales, sindicales y políticas de diversos puntos de la provincia (Santa Fe, Reconquista, Rosario, Esperanza, Puerto Gral. San Martín y Las Toscas), junto a integrantes de la conducción nacional y provincial de la CTAA; dirigentes de la Central de Entre Ríos y provincia de Buenos Aires; además de compañeras y compañeros de Córdoba, Chaco, Formosa, Corrientes, Salta y CABA. Entre las organizaciones de base de nuestra Central que tuvieron referentes participando del Cabildo, estuvieron: SIPRUS; MTL Carlos Chile (FeNaT-CTAA); ADUL; FeNaT Barranquitas; FeNaT Villa Teresa; Trama Tierra; Hijxs del Monte-FNC (FETARA); ATQ (Trabajadores de Quintas); SITRE (Enfermería); UKRA (Kiosquerxs); ATE Verde Germán Abdala; y ATE René Salamanca-CEU.

Durante la tarde se participó del trabajo en tres comisiones: Sistema de jubilaciones y pensiones; Obras sociales; y Política integral de ingresos y salarios. Entre las conclusiones del Cabildo se destacó priorizar el bienestar de la población sobre los intereses financieros, devolviendo los recursos a las obras sociales sindicales y con un plan para resolver las inequidades, en relación a las obras sociales y el sistema de salud en general.

En cuanto al sistema de jubilaciones y pensiones, se dio un debate sobre la sostenibilidad del sistema previsional. Se planteó que la seguridad social es un derecho humano, no un privilegio, por lo que hay que hacer eje en que la sustentabilidad apela a argumentos económicos, cuando el tema es político. Por ello, es central la distribución de la riqueza para garantizar derechos sociales.

Sobre salarios e ingresos, la comisión expresó la necesidad de una política integral que garantice condiciones mínimas de vida digna para trabajadores ocupados y desocupados. Y manifestó la necesidad de generar empleo genuino tanto a través de un plan de reindustrialización como de cooperativas y la economía popular.

«El Cabildo fue para nuestra ciudad y para nuestra Central un altísimo hecho político que debemos poner en valor y aprovechar para privilegiar la construcción colectiva, siempre en clave de unidad con la CTAT y con todo el movimiento popular», destacó Claudia Baigorria. Allí hubo espacio para debatir, proponer y construir colectivamente una agenda que defienda la justicia social y el Estado presente. La unidad, la organización y la participación se constituyeron una vez más como herramientas para frenar el ajuste y seguir luchando por una Argentina más justa, igualitaria y soberana.

Este mediodía se realizó en Rosario la reunión de Mesa Ejecutiva de la CONADU Histórica. Fue en el marco del plenario de rectoras y rectores de Universidades Nacionales nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que se desarrolla durante hoy y mañana en esta ciudad.

El encuentro, que tuvo lugar en el local de Rosario Sin Miedo, contó con la presencia de Francisca Staiti, Secretaria General de CONADUH; el Adjunto, Oscar Vallejos; Claudia, Baigorria, de la Secretaría de Formación; Yamile Nazrala, de la Secretaría de Preuniversitaria; Patricio Grande, Secretario de Acción Social; Pablo Rubén Stasuck, Secretario de Relaciones Internacionales y Diego Maita, Secretario de Derechos Humanos.

Las y los representantes de la docencia universitaria estarán presentes mañana en el plenario del CIN para exponer la situación del sector y acordar acciones conjuntas con autoridades, estudiantes y no docentes de las universidades nacionales de todo el país. El objetivo es enfrentar el probable veto presidencial a la recientemente aprobada Ley de Financiamiento Universitario y continuar los planes de lucha por mejoras salariales para las trabajadoras y los trabajadores universitarios.

“Nuestra federación tiene el compromiso de insistir en que hay que conseguir la unidad de todos los sectores universitarios y preuniversitarios para luchar contra las políticas de Milei”, expresó Vallejos. “Vamos a evaluar cómo se está desarrollando nuestro plan de acción gremial, que iniciamos en el segundo cuatrimestre, el 11 de agosto, con una semana de paro y estamos transitando semanas con paros de 48 horas rotativos. Es una medida exigente que requiere gran articulación pero que canaliza el malestar de la docencia por la cuestión salarial y también por la situación presupuestaria, que afecta tanto nuestro trabajo como docentes como al estudiantado, ya que las becas del Estado Nacional están cada vez más bajas”, explicó.

Consultado sobre las próximas medidas de fuerza, el Adjunto de CONADU Histórica afirmó que “lo que el congreso de la Federación definió es que hay que ir a una nueva marcha universitaria, así que estamos en Rosario para poder acordar los términos de esa marcha y que todos los sectores contribuyamos con fuerza a que sea masiva, transversal y que pueda contener también otras luchas. Tenemos que unificar las luchas y hacer el esfuerzo de convocar a todos los sectores que también están luchando: el Garrahan, el sector de ciencia y tecnología, el sector de jubiladas y jubilados. Si logramos unirlas, estar en la calle logra más efectividad y más fuerza y es convergente con nuestros objetivos, que son hacer retroceder al gobierno nacional en sus políticas, obligarlo a que se siente a negociar y a que mejore nuestros salarios, que es el objetivo primordial, además de luchar por la Ley de Financiamiento Universitario, que el gobierno ya amenazó con que va a vetarla. Si eso llegara a ocurrir, necesitamos que el Congreso insista en la ley, la sostenga y que el gobierno después la cumpla”.

Por su parte, Francisca Staiti explicó que mañana, “en la plenaria del CIN habrá un momento en que las federaciones de docentes, estudiantes y no docentes tenemos un espacio para poder dirigirnos al Concejo de Rectoras y Rectores para manifestar las situaciones que vienen pasando en la universidad con una mirada de nuestro sector. Sobre todo se planteará lo salarial pero, en este contexto, después de casi dos años del gobierno de Javier Milei, el ataque profundo de su política hacia las universidades, de vaciamiento y ahogamiento presupuestario, nos encuentra a todos los sectores peleando por mayor presupuesto y nos interpela a salir en conjunto en defensa de la universidad pública”.

“Este año trabajamos junto con el CIN y con estudiantes el proyecto de Ley de Financiamiento Universitario. Fue un hito importante poder reunirnos los distintos sectores y acordar una letra para ese proyecto, que hoy ya fue aprobado. Frente a la amenaza cierta del veto a esta ley, el objetivo de reunirnos y de estar presentes en el encuentro del CIN es articular una nueva gran marcha nacional, federal, que se replique no sólo en CABA sino en cada uno de los lugares del país para que esa ley se sostenga. La Ley de Financiamiento viene a cubrir una parte importantísima, que no sólo es el pago de servicios sino realmente el funcionamiento de la universidad con todas sus aristas: investigación, extensión, docencia, hospitales universitarios, etc. También incluye un reclamo histórico nuestro que es el de las obras sociales universitarias, que hoy se encuentran absolutamente en crisis”, se explayó.

Sobre la negociación paritaria, la Secretaria General de la CONADUH aseguró que “no hubo oferta por parte del gobierno, sólo fue un anuncio en los medios durante la primera semana de paro. Un anuncio engañoso y con porcentajes que ocultan que, por ejemplo, durante junio y julio recibimos 0% de recomposición, entonces muestran un 3,9% como un gran aumento pero lo cierto es que la inflación de esos dos meses la afrontamos con el mismo salario de mayo. También anunciaron un bono excepcional, que en el caso de docentes simples son $6.200, ni una docena de huevos, es una vergüenza. Hacen grandes anuncios frente a recomposiciones de miseria que siguen dejando a nuestros salarios y a nuestros docentes por debajo de la línea de pobreza. Eso es lo que venimos reclamando con nuestras acciones de lucha, que continuarán la próxima semana el 1 y 2 de septiembre con paro de 48 horas en las universidades nacionales”.

“Seguimos reclamando recuperación del salario, paritarias verdaderas donde nos sentemos a discutir, seguimos defendiendo la ley y diciéndole no al veto”, concluyó.

Por estas horas, las distintas Comisiones de la Convención Reformadora de la Constitución de la Provincia de Santa Fe están produciendo sendos dictámenes en base a las mayorías alcanzadas sobre los artículos a modificar y/ó agregar.

Habiendo tomado conocimiento de que la mayoría del oficialismo provincial y sus aliados en la comisión encargada del abordaje de los temas PREVISIONALES omitió en su dictamen la incorporación de un artículo que declare explícitamente la INTRANSFERIBILIDAD JURISDICCIONAL DE LA CAJA DE JUBILACIONES, alertamos que se intenta convalidar una nueva maniobra contraria a los intereses de las y los trabajadores activos y jubilados de nuestra provincia.

En efecto, el texto del dictamen de mayoría incorpora solamente la “INDELEGABILIDAD” de la Caja, resignando en cambio la prohibición de que la misma pueda ser transferida a otras jurisdicciones, como a la Nación. Una consecuencia directa e inmediata podría ser la de que se habilite la posibilidad de un nuevo pacto fiscal a la medida de la motosierra de Javier Milei, quien ha declarado públicamente su intención de unificar en un solo Sistema Previsional que integre y absorba a todas las provincias, colegios profesionales, regímenes especiales, etc., para establecer una escala de salarios fija y a la baja.

Por eso para nuestra Central no es una omisión casual o inocente, ni un juego de palabras que puedan resultar similares, pero que no lo son. La diferencia es sustancial: la INDELEGABILIDAD impide que la caja pase de manos públicas a privadas, pero deja abierta la puerta a su transferencia a la Caja Central de la Nación. De esta forma, al no consagrar la INTRANSFERIBILIDAD, lo que en verdad se garantiza es un pacto fiscal con el Gobierno Central, entregando una conquista histórica de las y los trabajadores a la lógica del ajuste y la centralización. Ello además supone debilitar la autonomía, la solidaridad y la sustentabilidad de nuestro régimen previsional, poniendo en riesgo el futuro de miles de trabajadores y trabajadoras. Resulta incomprensible que una Convención Constituyente por un lado pretenda garantizar las lógicas autonómicas -como sucede en la discusión de la autonomía municipal- pero que por otro lado busque centralizar los recursos que son de todos los trabajadores y trabajadoras mediante una formulación ambigua que deja abierta la posibilidad próxima de un pacto fiscal, teniendo en cuenta que este gobierno ha sido taxativo en el ajuste que impulsó la ley previsional del año 2024.

Por lo expuesto -y en coincidencia con lo reclamado por distintos sectores sociales, sindicales, políticos, previsionales, de derechos humanos, del feminismo y las disidencias, entre tantos otros nucleados en la Multisectorial “Comunidades Constituyentes”- exigimos que la Convención Constituyente incorpore de manera clara y expresa la INTRANSFERIBILIDAD DE LA CAJA PREVISIONAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, como garantía efectiva de que nunca será utilizada como moneda de cambio en acuerdos fiscales ajenos a los intereses del pueblo trabajador.

Ciudad de Santa Fe, 19 de agosto de 2025.-

CTA AUTÓNOMA PROVINCIA DE SANTA FE

Integrantes de la CTA Autónoma provincia de Santa Fe participaron el sábado del Cabildo Abierto por la Comunicación Democrática en la ciudad de Paraná. Lo hicieron junto a compañeros y compañeras de las provincias de Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Buenos Aires y CABA.

El evento fue convocado por la CTA Autónoma y la CTA de lxs Trabajadorxs, en el marco del camino a la unidad que vienen transitando. Por ello, fueron parte del acto de apertura autoridades de ambas Centrales, como Hugo “Cachorro” Godoy, Hugo Yasky y Mariana Mandakovick. También participaron referentes de sindicatos de la CGT, movimientos sociales y diversas instituciones.

Por nuestra CTA provincial, fueron parte la Secretaria General, Claudia Baigorria; el Secretario Gremial, Mariano Dellagustina; el Secretario de Comunicación, Raúl Daz; la Secretaria de Relaciones Institucionales, Leticia Quagliaron; y lxs integrantes del Equipo de Comunicación.

La sede del encuentro fue la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), por lo que estuvieron presentes también autoridades y trabajadorxs de esa institución.

Luego del acto inicial, se trabajó en cuatro comisiones de debate, cuyas conclusiones confluyeron en una plenaria de cierre. Estos cabildos abiertos se irán multiplicando en distintos puntos del país con el objetivo de profundizar los principales ejes de acuerdo con los que se construyeron las “10 medidas urgentes para otra Argentina”, un documento elaborado en conjunto por ambas CTA. De hecho, el viernes pasado se realizó otro encuentro en la ciudad de Concordia, donde se debatió sobre soberanía energética.

En una jornada histórica, nuestra CTA Autónoma expuso ayer en la audiencia pública de la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías de la Constituyente de Santa Fe. La Secretaria General de la Central provincial, Claudia Baigorria; el Secretario General de la Seccional Santa Fe y dirigente de SIPRUS, Leandro Goldsack; el Secretario Gremial y referente del Sindicato de la Industria del Cuero, Mariano Dellagustina; y el Director de la Dirección de Diversidad Sexual y Géneros de la CTA Autónoma provincia de Santa Fe, Mauricio Aguilera, fueron quienes llevaron a la Convención las propuestas de nuestra Central referidas al derecho al trabajo.

Trabajo con derechos, derecho a huelga, convenios colectivos y tratados internacionales; democracia sindical, igualdad de género y no discriminación en el mundo del trabajo, fueron los ejes centrales de la exposición. “Por las luchas de tantos y tantas que hicieron grande al movimiento obrero de nuestra provincia, que nos permitieron mejorar las condiciones laborales, salariales y previsionales de lxs trabajadorxs. Esas que hoy Maximiliano Pullaro y la motosierra de Milei pretenden arrebatarnos. Por la unidad de la clase trabajadora”, expresó Baigorria luego de la presentación.

Como la Central forma parte de Comunidades Constituyentes, que ya presentó otros proyectos sobre diversos temas, a los que adhiere y acompaña, nuestrxs referentes se abocaron a la reforma del artículo 20, sobre el Derecho al Trabajo.

En una lectura compartida, se presentó el siguiente texto:

El trabajo es un derecho humano fundamental y una función social que estructura la vida digna, la autonomía y la justicia en nuestras comunidades. Debe ser reconocido como base de toda democracia social y protegido por la Constitución con la máxima jerarquía. Por ello, cuando hablamos de trabajo queremos referirnos al trabajo con derechos.

Los pactos y tratados internacionales a los que adhirió nuestro país, dándoles jerarquía constitucional, establecen el derecho de toda persona a trabajar en condiciones de dignidad, con seguridad, con igualdad real de trato y con libertad sindical. La libertad de organizarse, de negociar colectivamente y de ejercer la huelga, sin represalias ni persecusiones, son componentes inseparables del derecho al trabajo y del sistema democrático; señalan con claridad que los derechos laborales forman parte del núcleo esencial de los derechos humanos y que los estados tienen la obligación de garantizar su cumplimiento sin regresiones. El reconocimiento constitucional del trabajo decente debe ser leído en esta clave de progresividad y no discriminación.

El convenio 190 de la OIT, aprobado en Ginebra en 2019, con entrada en vigor en 2022 en nuestro país, es una conquista histórica del movimiento obrero y, en especial, del sindicalismo feminista. Reconoce las distintas formas de violencia y acoso en el mundo del trabajo, incluida la violencia de género, que afecta especialmente a las mujeres y diversidades. Ello obliga al Estado y a todas las instituciones, incluidas las patronales empresarias, a prevenir, sancionar y reparar esas violencias con una mirada estructural. Esta cláusula propuesta afirma que ningún trabajo será digno si es tolerante con la violencia, la explotación o la discriminación por razones de género, identidad o condición social.

El fallo ATE c/Estado Nacional de la Corte Suprema fortaleció la garantía de libertad sindical al reconocer que incluso las asociaciones simplemente inscriptas tienen derecho a representar trabajadores y que ninguna autoridad estatal puede interferir arbitrariamente en la vida interna de los sindicatos. Nuestra Constitución Provincial debe garantizar sindicatos libres, democráticos, fuertes y respetados. Asimismo, la constitución bonaerense ofrece un antecedente valioso en el reconocimiento de la estabilidad laboral, la negociación colectiva, la justicia laboral y la función protectora del Estado. Este proyecto se nutre de esa experiencia y, además, coloca en el centro el trabajo decente, la igualdad de género y la representación activa del Estado en defensa de los sectores más vulnerables. Las transformaciones del mundo del trabajo, incluyendo el impacto de la inteligencia artificial, la automatización y la digitalización, exigen una regulación moderna que no ceda ante la exclusión y la precarización. La cláusula propuesta orienta el uso de nuevas tecnologías hacia la mejora del trabajo humano, no hacia su reemplazo; y exige la participación sindical en todo el proceso de reconversión productiva.

El trabajo decente, tal como define la OIT, incluye empleo productivo, ingresos justos, seguridad de empleo, condiciones equitativas respecto a los derechos fundamentales, desarrollo personal, integración social y un diálogo social efectivo. Este concepto atraviesa de forma transversal la reforma propuesta y lo toma como base para las obligaciones estatales. Los sindicatos, como organizaciones naturales de los trabajadores (entendiendo a todos, todas y todes, precarios o aún desempleados), son pilares de la democracia laboral y actores esenciales en la construcción de la justicia. El derecho de huelga se reafirma con jerarquía constitucional como herramienta legítima y necesaria para la defensa colectiva de los derechos laborales. Su garantía efectiva es también una garantía de la democracia misma. La propuesta incluye además la creación de tribunales específicos, ágiles y gratuitos en el ámbito del Ministerio de trabajo con facultades para conciliación, inspección, arbitraje y promoción del trabajo formal.

Esta reforma se propone como un paso imprescindible para saldar las deudas históricas con quienes sostienen el trabajo en nuestra provincia, especialmente las mujeres y personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, no binaries, intersexuales y queer trabajadoras, muchas veces invisibilizadas, precarizadas y excluidas. Construir un piso normativo que las reconozca, las proteja y las incluya no es un gesto simbólico, es un acto de justicia. Por todo ello esta propuesta no es solamente una actualización jurídica, es una afirmación política, ética y colectiva.

El trabajo debe estar en el centro de nuestro pacto constitucional y la igualdad de género, la libertad sindical y la negociación colectiva deben ser sus columnas vertebrales