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Enfermeros se organizan en Santa Fe: “Con la salud no se juega”

Desde hace meses el Sindicato de Trabajadores de Enfermería (SITRE) se viene organizando en nuestra provincia y sus referentes participaron ayer de la marcha frente a la Legislatura Provincial en Santa Fe, en el marco de la jornada de lucha en defensa de la salud pública que se extendió por todo el país.

“Como equipo y personal de salud estamos muy preocupados por la realidad de lo que es la salud pública en este momento”, expresó Lorena Condotto, docente de enfermería e integrante de SITRE, quien además destacó uno de los ejes de la jornada de ayer que fue el apoyo al Hospital Garrahan. “Es una institución reconocida a nivel mundial, con profesionales de excelencia, y están atravesando una situación que es insostenible. Con la salud no se juega”.

En cuanto a la situación a nivel provincial Condotto advirtió ciertas carencias y faltas en insumos: “Cosas que antes uno las tenía a mano y que se fueron encareciendo, desde las vacunas hasta materiales descartables o fármacos. Así también como la obra social, que cada vez te reconoce menos y te cobra más”.

El SITRE comenzó en Buenos Aires hace diez años, como un espacio para enfermeros y dirigido por enfermeros, y se está haciendo extensivo al resto de las provincias. Desde hace seis meses sus referentes vienen realizando una convocatoria en la capital santafesina, con punto de encuentro en el local de la CTA Autónoma provincia de Santa Fe: “Realmente hace falta. Si bien agradecemos a otros gremios que nos representan, enfermería necesita representación propia e idónea de la disciplina”.

“Los profesionales de la salud son los que sostienen el sistema. Enfermería, al igual que medicina, es un pilar. Si estas caen, se cae todo”, reflexionó Condotto quien convocó además a respaldar a los trabajadores de la salud en esta instancia. “Es de suma importancia que nos sumemos a este compromiso que es ni más ni menos que defender el derecho a la salud pública”, concluyó.

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La CTA Autónoma Provincia de Santa Fe repudia el brutal ajuste en el Estado y la represión contra lxs trabajadorxs en lucha

En el día de ayer se publicaron nuevas medidas de ajuste, que recaen sobre 21 organismos públicos de distintas áreas como salud, transporte, agroindustria, industria y seguridad vial. Esto significa cierres, despidos, fusiones y disoluciones. Se trata de una muestra más de motosierra y ajuste, que sólo cierra con represión y detenciones ilegales.

Entre los organismos disueltos hay algunos que son clave para nuestra región:
– Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial
– Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)
– Dirección Nacional de Vialidad
– Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional
– Delegaciones Sanitarias Federales del Ministerio de Salud
– Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME)
– Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI)
– Instituto Nacional de Semillas (INASE)
– Comisión Nacional de Semillas
– Fondo Nacional del Manejo del Fuego
– Fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep)

Si bien se trata de organismos nacionales, estas medidas afectan a nuestra provincia y la región. Además de los despidos y la pérdida de puestos de trabajo, en el corazón productivo del país es muy peligroso que se abandonen tareas fundamentales para el sostenimiento y fomento de la producción y la circulación de bienes y servicios, especialmente de alimentos.

El gobierno pudo avanzar con estas medidas tomadas por decreto gracias a las facultades delegadas que consiguió a través de la Ley Bases. Una legislación que se aprobó con el apoyo de diputados y senadores de La Libertad Avanza, el PRO, partidos provinciales y algunas defecciones del radicalismo y el peronismo. Advertimos en su momento la peligrosidad que encerraban las facultades delegadas para un gobierno que se presenta como destructor del Estado. Y estas son las consecuencias, que harán un daño irreparable al país.

Al mismo tiempo, mientras recorta en ciencia, salud, producción, soberanía y desarrollo nacional y desampara a jubilados, mujeres y personas con discapacidad, Milei sigue pagando al FMI y contrayendo nueva deuda impagable.

Nuestra Central repudia el ajuste en general y la represión y detenciones ilegales de compañeros y compañeras con que se sostiene ese ajuste, como sucedió entre ayer y hoy en la sede del INTI o en la puerta de Georgalos. Frente a este escenario, en el que claramente el gobierno viene por todo, nos convocamos y nos sumaremos a todas las convocatorias necesarias para unificar todas las luchas. La unidad es fundamental para terminar con esta política de ajuste salvaje que está llevando a la ruina económica al país y a que ciudadanos y ciudadanas nos quedemos sin futuro y sin soberanía nacional.

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Villa Constitución: la caída de la producción en Acindar atenta contra los puestos de trabajo

La brutal caída de la producción de acero en el último año y medio, fruto fundamentalmente de la paralización de la obra pública, ya está generando graves consecuencias en Villa Constitución. Allí donde Acindar tiene sus principales plantas, la acería, dirigida por el multinacional Grupo ArcelorMittal, ha disminuido el volumen de sus operaciones en un 50%. Como consecuencia hay suspensiones de personal y cierre de algunas áreas que están poniendo en riesgo cientos de puestos de trabajo. Así lo describe Cristian Horton, presidente de la cooperativa Cooperar 7 de Mayo, una de las empresas que prestan servicios para Acindar.

En la mayor acería de Villa Constitución, el 50% del trabajo es tercerizado por otras empresas y la otra mitad por personal propio. Dentro de esas firmas prestadoras de servicios para Acindar, está Cooperar, una empresa de economía social fundada en 1996. “Hace 29 años que brindamos distintos tipos de servicios. Arrancamos con la carga y la descarga de buques. Después se fueron generando otros servicios y con el tiempo algunos de esos servicios se dejaron de brindar por cuestiones tecnológicas. En la actualidad hacemos la logística y la administración de los depósitos a cielo abierto y la evacuación del tren laminador número 2 y el 3”, explicó Horton.

El 27 de mayo se inició un conflicto porque Acindar confirmó la paralización por tiempo indeterminado del tren laminador número 2, poniendo en riesgo 130 puestos de trabajo. Por ello los trabajadores de Cooperar, junto a la Comisión Interna y la Comisión Directiva de la UOM Villa Constitución, fueron a la huelga, una medida que hoy está suspendida por la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe.

“El cierre del tren laminador 2 es una política de organización industrial interna de Acindar, que viene de la caída de la industria. Los volúmenes de operaciones están al 50% de lo que era hace un año y medio. La industria no está en el radar del gobierno, solamente lo financiero y lo energético, nada más. Pero las industrias están todas complicadas”, afirmó el dirigente de Cooperar.

“En el 2025 se agudiza la caída de la producción con respecto al 2024 y ni hablar con respecto al 2023. La empresa nos pedía la adecuación, el achicamiento, hacer una nómina de menos gente. De los 130 que somos, iban a sobrar 60. Nos pedían que dejemos una nómina de 60 personas ingresando a la fábrica. Nosotros fuimos acomodándonos, fuimos achicando costos, distribuyendo las horas de trabajo. Lo que hacíamos en vez de despedir, como hicieron otras empresas, que sacan el excedente de gente, fue ir distribuyendo el trabajo pero manteniendo todo el plantel. Trabajamos todos, aunque ganemos menos”, relató.

Pero, a diferencia del resto de las empresas que tercerizan servicios para Acindar, Cooperar sufrió otro tipo de discriminación: a pesas de ser trabajadores afiliados a la UOM, por su carácter de cooperativa y la condición de monotributistas de sus asociados, la multinacional no les reconoció derechos conquistados. “Denunciamos que esta medida forma parte de un accionar sistemático y discriminatorio por parte de Acindar hacia los cooperativistas de Cooperar 7 de Mayo. En lugar de reconocer su rol esencial y su vínculo sostenido con la planta, la empresa intenta desconocerlos como trabajadores, alegando su condición de monotributistas para evadir responsabilidades laborales. Esto implica una clara vulneración de derechos básicos. A esto se suma que los trabajadores de Cooperar no fueron contemplados en la suma extraordinaria otorgada al personal propio y contratistas, ni incluidos en el plan de suspensiones rotativas que la empresa implementó para mitigar la crisis del sector siderúrgico”, señalaron desde un comunicado emitido por la UOM.

“Hay una diferenciación solo con Cooperar”, apuntó Horton. “Hay un aprovechamiento sobre Cooperar de una condición jurídica legal, de nuestra condición de autogestionados. Se aprovecha de que somos monotributistas como si fuéramos Pedidos Ya. Nosotros somos una empresa autogestionada, organizada en un marco que trabaja con un convenio colectivo que tiene afiliados a la UOM. Nosotros estamos emplazados en una planta organizada de producción, con normas y condiciones, como cualquier otro trabajador. Entonces lo que queremos es el trato igualitario”, señaló.

Como hizo en otros momentos de su historia, Acindar también tiene otros objetivos: “Hay una visión sobre nosotros, que somos solidarios, que nos organizamos colectivamente y hay que de alguna forma destruir todo lo que tiene que ver con organización y pegarle al sindicato por izquierda con nosotros. Somos organizados, no somos obedientes, somos los rebeldes. Si llaman a una empresa que tiene un patrón y le dice ‘tenés que echar gente’, el patrón la echa. Pero en caso de una cooperativa, a nosotros nos llaman que tenemos que echar gente y repartimos el trabajo. Hay una intención de achicar la organización, de debilitarla o de llevarla a la mínima expresión o desarmarla si se pudiera”, aseguró el presidente de Cooperar.

“Hay un marco en el país que parece que avalara todo lo anti colectivo, lo anti solidario, el discurso hegemónico de hoy de los medios, que emana de este gobierno y viene en en esa dirección. Además, no hay puerta donde ir. Ya no hay un Ministerio de Trabajo de Nación y los órganos institucionales están muy devaluados”, analizó.

Aunque el conflicto se mantiene, Horton explicó que están “en situaciones muy complicadas. Vamos a tratar de resistir y sostener todo lo que podamos, hacer todo lo posible para mantener la plantilla, para que la cooperativa siga trabajando, para que la nómina siga, para ingresar, vamos a tratar de negociar todo lo que podamos. En ese contexto, le estamos pidiendo más que nada otros trabajos. En otras oportunidades, ante las renovaciones tecnológicas, nosotros hicimos recapacitación de personal o invertimos en otro tipo de maquinaria. Si estos trabajos dejan de existir momentáneamente, porque no son definitivos sino transitorios, entonces ahora estamos planteando lo mismo”.

Desde la CTA Autónoma provincia de Santa Fe manifestamos el apoyo y la solidaridad con los trabajadores de la Cooperativa Cooperar 7 de Mayo, acompañando el reclamo por el mantenimiento de las fuentes de trabajo. En tiempos de crueldad, reafirmamos que la unidad es el camino para luchar y no perder derechos conquistados por la clase trabajadora y el pueblo.

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Repudiamos la nueva avanzada del gobierno contra el derecho a huelga

Desde la CTA Autónoma Provincia de Santa Fe expresamos nuestro más enérgico repudio al decreto 340/2025 publicado hoy por el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el cual se pretende restringir gravemente el ejercicio del derecho constitucional a huelga en nuestro país. La norma, que amplía de forma arbitraria y generalizada la lista de “servicios esenciales” y crea la categoría de “servicios de importancia trascendental”, exige niveles mínimos de prestación que tornan inocuo cualquier intento de protesta o medida gremial legítima.

Este nuevo intento de disciplinamiento a la clase trabajadora retoma aspectos del DNU 70/2023 -ya cuestionados por su inconstitucionalidad- y expresa con claridad el objetivo del gobierno de Javier Milei: desmantelar el derecho colectivo al reclamo, debilitar la organización sindical y consolidar un modelo de relaciones laborales regresivo, que sólo beneficia a los sectores más concentrados del poder económico.

Resulta inadmisible que, apenas días después de haber obtenido un triunfo electoral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (con el mayor registro de ausentismo a las urnas), el gobierno se envalentone para profundizar su ofensiva contra los derechos conquistados por el movimiento obrero. La manipulación del concepto de “servicio esencial” para incluir actividades tan disímiles como la producción de medicamentos, la industria alimenticia, los servicios de radio y televisión o las tareas administrativas, constituye una amenaza directa al derecho de huelga como herramienta histórica de lucha.

La norma impone a los trabajadores la obligación de garantizar hasta un 75% de los servicios incluso durante una medida de fuerza, vaciando de contenido el ejercicio de ese derecho y contraviniendo tratados internacionales suscriptos por nuestro país, como el Convenio 87 de la OIT.

Desde nuestra Central sostenemos que los derechos laborales no se negocian ni se suspenden por decreto. El intento de acallar las voces del sindicalismo será respondido con organización, unidad y lucha en defensa de cada puesto de trabajo, cada salario y cada derecho.

NO AL DECRETO 340/25.
NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA.
EL DERECHO A HUELGA NO SE TOCA

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Hacia la Reforma Constitucional: las voces de las organizaciones populares

A raíz de la Reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe, varias organizaciones sociales, políticas, sindicales, sociambientales, feministas, de la diversidad y de derechos humanos vienen trabajando en encuentros y debates para realizar aportes a la redacción de la nueva carta magna desde una perspectiva popular.

Nuestra Central no es la excepción y suma su voz en todos los espacios en los que participa habitualmente. Como es el caso de la Asamblea Ni Una Menos Santa Fe, que emitió un documento sobre el tema en el que mujeres y disidencias sexuales manifestaron su “preocupación por entender que un tema tan trascendente debería contar con el mayor debate y apoyo popular”, algo que no está sucediendo.

“No queremos una nueva Constitución a los efectos de garantizar reelecciones y mayores períodos con facultades y poderes institucionales para unos pocxs. Queremos una nueva Constitución que habilite caminos para trabajar las desigualdades, contemple las diversidades y permita construir una sociedad accesible e inclusiva para todxs. Una Carta Magna Provincial que revierta, desde el texto mismo, todas las desigualdades y discriminaciones, particularmente por cuestiones de género y de identidad sexual que sufren mujeres y disidencias. Que garantice el desarrollo de proyectos hacia una vida sostenible y la profundización de la democracia”, establecieron en el texto que puede leerse completo AQUÍ. Además, enumeraron una serie de principios para pensar en la elaboración de una nueva Constitución que garantice la transversalidad de la perspectiva de género.

Por otro lado, como CTA Autónoma provincia de Santa Fe participamos del debate que desarrollaron organizaciones socioambientales santafesinas el pasado 12 de abril en nuestro local de la capital provincial. Como fruto de ese encuentro también se elaboró un documento con propuestas concretas para quienes se desempeñen como convencionales constituyentes. Allí establecieron la necesidad de “una Constitución que promueva sostenibilidad y cuidado colectivo desde una perspectiva de justicia ecosocial”.

El texto de la declaración (que puede leerse completo AQUÍ) señaló con contundencia: “Esperamos que nuestros convencionales sean portavoces de este tiempo, el que nos toca transitar, donde urge el resguardo de la casa común y su legado para generaciones futuras”.

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Pullaro pagó caro la reforma previsional y el ajuste contra lxs trabajadores

Habiendo pasado las elecciones del domingo 13 de abril en la provincia de Santa Fe, caben algunas reflexiones:

Sólo un 58% del electorado santafesino decidió ir a votar, siendo que en 2023 lo hizo el 68%. Si a eso sumamos que más del 7% votó en blanco y otro tanto anuló el voto, se puede inferir un escenario de desinterés, hartazgo o, como mínimo, desinformación. Una desinformación buscada y pensada por el gobierno provincial. La convocatoria a una elección con la importancia de una reforma constitucional se hizo a las apuradas y mezclada con las PASO para concejales. No hubo difusión de ideas ni propuestas, sólo rostros pegados en multiplicidad de enormes carteles y en las boletas. El tener un rostro y nombre conocidos no se traduce en votos. Pullaro subestimó a la ciudadanía.

La reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe fue un objetivo propio de Maximiliano Pullaro, que con discurso anti garantista y anti derechos trató de disfrazar su principal deseo: la reelección. Y con su figura como eje de campaña logró un primer lugar en el recuento de votos, lejos de las fuerzas que lo siguieron, pero que es una lección para su política de alineamiento al gobierno nacional de Javier Milei y sus medidas anti obreras y empobrecedoras. En las elecciones generales del 2023 Pullaro sacó más de un millón de votos, el 58,47%. Sin embargo, en los comicios del domingo, y con todo el aparato del Estado, apenas alcanzó el 34,61% y 484 mil votos.

Esos más de 500 mil votos de diferencia son los votos de los jubilados y las jubiladas de hoy y de mañana que padecen la reforma previsional del gobernador, aprobada en una sesión cuestionable y con represión a quienes se oponían en la plaza. Son los votos de los y las docentes y estatales a quienes extorsiona descontando días de paro y apelando nuevamente al presentismo, mientras cobran salarios de miseria, en malas condiciones laborales y obligándolos a ir enfermos a trabajar para no perder plata. Son los votos de los trabajadores y las trabajadoras que ven cómo cada día se empobrecen más con las políticas de ajuste y hambre que comparte la provincia con el gobierno nacional. Son los votos de los y las estatales despedidxs de organismos públicos, víctimas de los recortes, como en las áreas de género y de niñez. Son los votos de las mujeres y las diversidades, que ven peligrar sus derechos frente a la reforma constitucional. Son los votos de un pueblo que ya no le cree porque está padeciendo las consecuencias de su mal gobierno.

“Pullaro no supo leer todo el malestar y el descontento que se generó desde la reforma previsional hasta ahora, las grandes movilizaciones frente a los discursos de odio, las convocatorias de los jubilados y las jubiladas. Subestimó al pueblo santafesino y el pueblo lo castigó”, apuntó la Secretaria General de la CTA Autónoma provincia de Santa Fe, Claudia Baigorria. “Con estas políticas, lo que está habiendo es un debilitamiento de la democracia que se produce cuando la gente no va a las urnas, vota en blanco o anula su voto. Es una democracia cada vez más endeble”, subrayó. Además, agregó que “el hecho de que el gobernador diga que con la reforma de la Constitución se terminará el garantismo en nuestra provincia, hace que haya un serio temor por parte de la gente a que exista una pérdida de derechos adquiridos en la provincia. En esta subestimación, Pullaro no tuvo en cuenta que la gente lo iba a castigar como efectivamente ocurrió. Lo que se analiza a partir de este domingo es un debilitamiento de la democracia y un mensaje aleccionador hacia la gestión del gobernador por parte de quienes sí votaron”.

Desde la CTA Autónoma provincia de Santa Fe acompañamos cada lucha frente a toda esta avanzada que pretende quitar derechos al pueblo trabajador. Por eso subrayamos que esta victoria de Pullaro no es tal si se la compara con la elección que lo llevó a la Casa Gris en 2023. En paralelo, también nos esperanzamos con el crecimiento de opciones y propuestas políticas nacidas desde la militancia y la organización popular en cada ciudad y rincón de la provincia y que suponen una verdadera renovación de la política. Porque es la organización, la unidad y el compromiso con el pueblo el único camino para enfrentar a estos gobiernos que nos hambrean y lograr construir una alternativa política con soberanía, trabajo y justicia social.

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Una agenda federal por las libertades democráticas: de la resistencia a la ofensiva

El segundo encuentro plenario de la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia tuvo lugar el pasado sábado 5 de abril en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario. Bajo la consignaConstruyendo la Agenda Federal en Defensa de las Libertades Democráticas”, el evento reunió a referentes de organizaciones sociales, políticas, sindicales, juristas y de derechos humanos para trabajar en diversas comisiones temáticas.

“La red es un espacio en el que confluimos distintas organizaciones que, ante el fascismo explícito que sabíamos que se venía y que se iba a constituir en nuestro país bajo el gobierno de Milei y Virrarruel, decidimos unirnos en distintas acciones políticas para poder frenar y enfrentar esta embestida”, explicó la Directora de Derechos Humanos de la CTA Autónoma, María José Cano.

La integrante del espacio destacó además que “federalizar es parte de los objetivos trazados desde el primer momento que se constituyó la red en diciembre de 2023”, y que Rosario sea sede del encuentro “es más que importante dada la avanzada de la derecha y la embestida sobre los derechos humanos y la democracia que se viene dando aquí”.

“Es fundamental encontrarnos para poder empezar a pensar acciones que nos paren no tanto ya en la resistencia, sino en la ofensiva”, concluyó Cano.

Los ejes temáticas que se discutieron en comisiones fueron: Soberanía, ambiente y derecho a la tierra; Memoria y DD.HH; Represión y violencia estatal; Género, diversidad e igualdad; Derechos Laborales, Sociales y Previsionales; Ciencias y derecho a la Educación y la Cultura; y Derecho a la Salud.

La actividad contó además con las disertaciones de Dora Barrancos, Matilde Bruera, Martínez Vázquez Acuña, Lilian García, Norberto Ferrari, Edwin Siebenrock, Alejandro Slokar, Eleonora Slavin, Sergio Arelovich y Carlos Cruz.

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Causa Villazo: “La sentencia se tiene que hacer en Villa por el derecho a la identidad de su pueblo, por su memoria”

La causa judicial conocida como “el Villazo”, sobre el secuestro y persecución de trabajadores metalúrgicos de Villa Constitución en 1975, está entrando a su tramo final. Tras el paso de más de cien testigos, el próximo mes comenzará la etapa de alegatos y se espera la sentencia para después de la feria judicial de julio. Con muchas expectativas, víctimas y familiares volvieron a exigir que el veredicto se lea en el lugar de los hechos, la ciudad de Villa Constitución

“Las expectativas son muy altas. Es la primera vez en la provincia de Santa Fe que se está juzgando el rol empresarial/civil que hubo en el terrorismo de Estado”, explicó el abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Federico Pagliero, en referencia a los dos imputados que siendo jefes de Acindar tuvieron un rol activo haciendo nexos entre la empresa y las fuerzas represivas.

“En Acindar había un centro clandestino de detención llamado ‘Albergue de solteros’ y estos dos imputados eran quienes llevaban la información de qué personas detener y todos los datos identificatorios de los obreros metalúrgicos pertenecientes a la Lista Marrón y todo aquel que la apoyara”.

La ciudad donde tuvo lugar el operativo “Serpiente roja del Paraná”, iniciado el 20 de marzo de 1975 y que fue una prueba piloto del horror que instalaría la dictadura un año después, no fue elegida al azar por sus perpetradores. Había una intención clara de castigar y reprimir a quienes protagonizaron el Villazo, la gran gesta obrera de 1974. Más de 300 trabajadores fueron secuestrados y 30 de ellos fueron asesinados, una parte aún durante el gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón y el restante durante el gobierno de facto.

Sobre el reclamo de la locación del veredicto, Pagliero fue claro: “Se tiene que hacer en Villa Constitución. Los hechos ocurrieron en Villa Constitución, los obreros en su mayoría son de Villa Constitución. Pero por sobre todo, se tiene que hacer en Villa por el derecho a la identidad de su pueblo y de sus futuras generaciones, por su memoria”.

 

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OPINIÓN: Unidad y movilización para defender la República

Por Claudia Baigorria (*)

En una muestra más de autoritarismo y falta de respeto a la institucionalidad de nuestra Nación, el presidente Javier Milei firmó esta semana el Decreto N° 137/25, designando a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.

Estamos frente a una flagrante violación de nuestra Constitución Nacional (otra más), en la medida que la misma establece la forma en que deben designarse jueces de la CSJN y demás integrantes del Poder Judicial, exigiendo el acuerdo del Senado ya que se trata de un acto de control político sobre el Poder Judicial. Suplantar ese control por decreto significa desnaturalizar el sistema republicano. A todas luces, Milei busca eludir el proceso constitucional en una maniobra imprudente e innecesaria, que no encuentra justificación política (además de las cortinas de humo con que intentan tapar el escándalo de las cripto-estafas) sino en el hecho de que no consiguió los votos necesarios en el Senado (se requieren dos tercios) para sus candidatos. Pero la voluntad del Congreso no se puede reemplazar por decreto.

Es claro que la Constitución NO le da al Presidente la facultad de nombrar jueces de la Corte por decreto como una opción alternativa al procedimiento regular. Sólo permite nombramientos “en comisión” si se producen vacantes durante el receso del Senado y la Corte queda inoperante (que no es ésta la situación, ya que el Senado NO estaba en receso y la Corte tenía quórum para funcionar). Es un abuso de poder, un retroceso institucional que lesiona la independencia judicial. Se trata de un ardid inconstitucional que vulnera la división de poderes y avanza sobre las facultades exclusivas del Senado. Un verdadero atropello al sistema republicano.

Por estas horas son muchas las voces (tanto de la oposición como de sectores aliados a LLA) que se han sumado advirtiendo los riesgos de que la CSJN avance en la designación de estos jueces a instancias de un decreto presidencial. Máxime tratándose de juristas que recibieron en 2024 sendos cuestionamientos e impugnaciones al momento de presentarse sus pliegos en la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación. Objeciones que fueron fundadas en el perfil de los candidatos (de consabidas posturas negacionistas y contrarias a derechos de mujeres y diversidades) y su idoneidad para acceder al máximo cargo del escalafón judicial de la Nación. Las mayores oposiciones refirieron a públicos posicionamientos de García Mansilla apoyando la inconstitucionalidad de la ley 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, o su postura sobre el fallo Simón, que declaró inconstitucionales las leyes de punto final y obediencia debida. De igual modo, a Lijo – entre otras – se lo interpeló en relación a la obligatoriedad de leyes y tratados internacionales de derechos humanos, y para que explique el rol de los agentes de inteligencia como auxiliares de la justicia. Para completar el combo, de convalidarse estas designaciones, estaríamos ante la conformación de una Corte Suprema integrada sólo por varones.

Por todo ello, sostenemos que – además de los necesarios repudios y las presentaciones judiciales – sólo el Pueblo movilizado y con la máxima unidad de todos los sectores podrá garantizar el respeto a la Constitución Nacional y evitar que este gobierno acusado de múltiples delitos (entre ellos, estafas y tráfico de influencias) nos arrastre a la ruptura institucional. El Senado debe cumplir con sus mandantes y resistir este avasallamiento. Los límites constitucionales están para cumplirse, no para ser demolidos por decreto. Tenemos memoria y no vamos a resignar las garantías democráticas conquistadas con tanta sangre derramada. Marzo será un mes de masivas movilizaciones a lo largo y ancho del país, donde una vez más alzaremos nuestras voces contra el fascismo y en defensa de la democracia. Como lo hicimos el 1F. Como volveremos a hacerlo el 8M (Día de las Mujeres y Diversidades Trabajadoras) y el 24M (Día de la Memoria).


(*) Secretaria General de CTA Autónoma Provincia de Santa Fe. Secretaria de Formación de CONADU HISTÓRICA.

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“Hay una ofensiva antiderechos contra la clase trabajadora”

La Secretaria General de la CTA Autónoma provincial, Claudia Baigorria, fue entrevistada ayer por Radio Nacional Santa Fe en el marco del acompañamiento de la audiencia por las causas iniciadas contra las trabajadoras y los trabajadores que se manifestaron contra la Reforma Previsional en la Legislatura en septiembre pasado.

“El gobernador hizo punta con la reforma previsional, algo que todos los gobiernos neoliberales han querido imponer en nuestro país, siempre a instancias de las directivas del Fondo Monetario Internacional. (Maximiliano) Pullaro logró imponer esa reforma con represión, en una sesión muy irregular, muy vergonzosa. Pero las fuerzas de seguridad, que son de los sectores también más afectados por esta reforma, que incluso muchos de ellos o muchos veteranos estaban también allí manifestándose con nosotros en la legislatura, terminaron haciendo el trabajo sucio de ir a reprimir a trabajadores, a quienes ahora se los culpabiliza de los destrozos. Protestar no es delito, no puede ser que siempre, tanto a nivel nacional como provincial y en muchos municipios, se termina invirtiendo la carga de la prueba. Y quienes somos las personas damnificadas, quienes somos los trabajadores afectados que seguimos perdiendo derechos, perdemos salarios, perdemos ante la ley, resulta que terminamos siendo después sentados en el banquillo de los acusados y acusadas”, explicó la dirigenta.

Desde el acompañamiento a la primera audiencia, que se realizó en la sede de Tribunales Provinciales de la capital santafesina, Baigorria remarcó que los sindicatos están pidiendo el desprocesamiento y el cierre de las causas: “exigimos el inmediato retroceso de esta avanzada criminalizadora”, afirmó. Relató que quienes fueron citados a la audiencia son cinco compañeros de la CTA de Rosario, que pertenecen a ATE Rosario, a AMSAFE Rosario y a la FENAT (Federación Nacional Territorial). “A estas personas las llevaron presas en un operativo que nos retrotrae al tiempo de la dictadura militar, los fueron a buscar a sus casas, cuando habían sido citados y tenían previsto comparecer ante la justicia”, aseguró.

“Son causas inventadas que justamente en este momento intentan solamente desviar la atención, cuando se inicia ya un ciclo lectivo con nuevas ofertas paritarias a la baja, donde somos los trabajadores y trabajadoras quienes tendremos que seguir soportando el peso de la crisis y de un gobierno cómplice, que no se anima a reclamar por la vía judicial que corresponde los fondos que le pertenecen a nuestra provincia y a todo el pueblo santafesino”, expresó.

La dirigenta señaló que esta causa “es un precedente muy complejo, complicado. No porque no hayamos tenido participación en otras causas similares, armadas también para perseguir y estigmatizar a dirigentes o a militantes sociales de todo tipo. Sino porque en nuestra provincia era un poco inusual y en nuestra ciudad más todavía”. Por ello apuntó que el modo en que se aprobó la reforma previsional “resulta doblemente vergonzoso. Una por la sesión, totalmente anómala. Y lo otro por la represión, que ahora encima profundizan hacia la causa judicial. No dejan de sorprendernos, pero no lo vamos a naturalizar y vamos a estar acompañando también la semana que viene, que hay una nueva audiencia, para reclamar a la justicia una mirada un poco más del lado del pueblo, del lado de los ciudadanos que tenemos derechos constitucionales a la protesta y a poder protestar en la calle sin recibir palos y sin tener temor de terminar presos”.

 

Pullaro contra los gremios

Sobre la relación de Pullaro con los sindicatos de la provincia, Baigorria analizó que “es una mirada de clase, evidentemente tiene que ver con su perfil ideológico. Pullaro no es un hombre precisamente del campo nacional y popular comprometido con la defensa de los derechos de las y los trabajadores. Ni siquiera lo fue cuando perteneció a otro gobierno de tinte más social, de perfil socialista, pero donde él se jactaba de ser la mano dura, cuando ocupó la cartera de seguridad. Pullaro fue más allá que otros gobernadores. No solamente descontó los días de paro a docentes, estatales, a profesionales de la salud, a todo el mundo en paritarias que fueron también a la baja con relación a la inflación, sino que también instaló el presentismo”.

Además, recordó que el gobernador, al referirse a la Reforma de la Constitución, dijo que si pasa la reforma, se termina en la provincia de Santa Fe el garantismo. “Cuando hablamos de garantismo hablamos de derechos sociales, hablamos de derechos constitucionales. No me cabe la menor duda de que éste es un gobierno de tinte autoritario”, opinó.

Frente a ello, destacó que “hay una ofensiva antiderechos, que es contra las garantías constitucionales, que es contra la clase trabajadora. Y a los gremios Pullaro quiere doblegarlos o cooptarlos. De todos modos, hay un pueblo trabajador que tiene dignidad, que resiste, que lucha, que también ama la educación pública. Nosotros como trabajadores, como Central de trabajadoras y trabajadores, no estamos dispuestos a permitir que estas políticas prevalezcan por sobre los derechos que tanto nos han costado como clase”.

Hacia un paro nacional

La dirigente de la Central provincial anunció también algunas de las próximas acciones de las que estarán siendo parte. “Además de estar en todas las luchas en las que haya que estar y participar con las compañeras y compañeros el próximo 8 de marzo y el 24 de marzo, como CTA Autónoma estamos preparando plenarios a lo largo y ancho de toda la provincia porque vamos a confluir en un Congreso Ordinario y un Confederal de nuestra CTA nacional para el fin del mes de marzo, con la idea de poder empujar un paro nacional. Sería deseable que también la CGT se ponga a la cabeza del reclamo de la clase y deje de especular -como hace parte de su cúpula- con supuestas prebendas que este gobierno de delincuentes pueda llegar a ofrecerle a cambio de un poquito de paz social. Este gobierno está esquilmando nuestra riqueza, nuestros ingresos y ya directamente vienen por nuestra democracia, porque esto se parece mucho más a un gobierno dictatorial, por la forma, por el destrato y por el odio, el odio a los sectores que son más vulnerables, sobre todo”, concluyó.