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La CTA Autónoma provincia de Santa Fe repudia las acciones y los dichos de la ministra de “Capital Humano”, Sandra Petovello, al negar atención a las organizaciones de la UTEP que sostienen miles de comedores comunitarios en todo el país y pretender atender (cosa que luego tampoco hizo), una por una, a las personas que tengan hambre. Con cinismo, la funcionaria desconoce la labor que llevan adelante estas organizaciones para paliar la crisis y la falta de alimentos que sufren grandes porciones de la población, y que mayoritariamente son sostenidas por mujeres. Al mismo tiempo, la funcionaria se reúne y cierra acuerdos para distribución de alimentos con las iglesias evangélicas, en un claro acto discriminatorio y de desprecio por las organizaciones populares.

Petovello no sólo se niega a recibir, escuchar y dialogar con los referentes de las organizaciones territoriales, sino que además ha dejado de enviar las partidas de alimentos a los comedores populares de miles de barrios de todo el país. Las partidas están asignadas, pero todavía no se destinó un sólo peso a estos espacios donde se brinda una ayuda alimentaria a los sectores más postergados.

Estas acciones se suman a la violencia ejercida desde el Ministerio de Seguridad que comanda Patricia Bullrich, reprimiendo e impidiendo la expresión de la protesta social en claro intento de amedrentamiento. Juntas, conforman un duro bloque de violencia institucional: no hay plata para los pobres de toda pobreza y si quieren reclamar, hay palos.

En ese marco, hoy se tratará la Ley Ómnibus en particular en la Cámara de Diputados de la Nación e intentarán concederle facultades especiales al presidente para seguir profundizando el ajuste, endeudándonos y continuar con su política de entrega de nuestros bienes comunes y de la soberanía nacional. En tanto, para las provincias sólo se espera más ajuste sobre la clase trabajadora y el pueblo. Por eso también le reclamamos al gobierno de la provincia de Santa Fe que envíe las partidas necesarias para el funcionamiento de lo más urgente, fundamentalmente mitigar el hambre en los barrios populares, además de otras necesidades como poder enviar a sus hijos a la escuela.

Denunciamos esta situación y nos solidarizamos con las organizaciones de la UTEP que han llevado adelante la “fila del hambre” para reclamar a la cartera de Petovello la ayuda social necesaria para poder seguir ofreciendo un refuerzo alimentario a los más humildes.

Convocamos al conjunto del campo popular a organizarnos en unidad para articular las medidas necesarias para que el gobierno nacional, el provincial y los municipios den inmediata respuesta a las urgentes demandas sociales para que la crisis no la siga pagando el pueblo.

Le recordamos a la ministra Petovello que en la puerta de su despacho hay una larga fila de personas que ya no pueden esperar. Debería dejar de lado su cinismo, porque aunque cambien los nombres de los ministerios, el hambre persiste y, como sostenemos desde hace años, el hambre es un crimen.

El sábado por la mañana se reunió la mesa provincial de la CTA Autónoma, con la presencia de compañeras y compañeros de toda la provincia, desde Reconquista, Vera, San Justo, Casilda, Villa Constitución, Santa Fe y Rosario. Luego de hacer un profundo análisis de la situación política y social, tras el tratamiento y la aprobación en general de la Ley Ómnibus por parte de la Cámara de Diputados y los brutales hechos de represión contra quienes se manifestaron en contra, analizaron los pasos a seguir y la agenda de la Central.

En primer término, se realizó un balance de la convocatoria al paro y movilización del pasado 24 de enero contra el DNU, el proyecto de Ley Ómnibus y el protocolo represivo de Bullrich. Convocatoria que en nuestra provincia mostró en las calles niveles inéditos e históricos de participación popular, tanto del sindicalismo organizado, de las organizaciones barriales, los espacios multisectoriales, de los colectivos culturales y feministas, con gran presencia de las juventudes, como de la ciudadanía que se autoconvocó por fuera de las estructuras tradicionales. En la capital santafesina, se trabajó desde distintos frentes para alcanzar la unidad entre las organizaciones convocantes (CGT, CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores, UTEP, entre otras) lo que permitió la multitudinaria expresión de rechazo en las calles de la ciudad, que culminó con la lectura de un documento conjunto en la plaza de la Legislatura Provincial. Nuestra CTA Autónoma marchó con una importante columna -al igual que en las diferentes localidades de la provincia- producto del trabajo militante que se vino haciendo en las semanas previas, lo cual habla del crecimiento cuali y cuantitativo de nuestra organización.

La agenda de los próximos meses estará cargada de actividades. Además de lo que depare la actualidad política nacional, a nivel provincial se estarán llevando adelante las negociaciones paritarias de los distintos sectores, no sólo por tratar de recuperar la enorme pérdida de ingresos que provocaron la política de devaluación y la inflación del gobierno de Javier Milei, sino también por el ajuste en curso en la provincia gobernada por Maximiliano Pullaro y en los municipios, en especial por la no renovación de contratos en diversas áreas. La definición de la CTAA es acompañar todas las luchas y articular en unidad con todas las organizaciones sindicales y los espacios multisectoriales para que el ajuste no lo siga pagando la clase trabajadora y el pueblo.

También se reafirmó la necesidad de fortalecer la construcción territorial de nuestra Central, para sostener y contener -en unidad de acción con otras organizaciones sociales- a los sectores más vulnerables, que son los más castigados ante el abandono y la retirada del estado de las políticas públicas para mitigar el hambre y la pobreza.

Por otro lado, desde el próximo lunes 5 de febrero se retomarán las audiencias en la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos para intentar derrotar a la gesta popular del Villazo. Un hecho emblemático para la ciudad de Villa Constitución, del que entre el 16 y el 20 de marzo se recordarán los 50 años.

El 8 de marzo será un nuevo encuentro masivo en las calles, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Nuestra Central viene participando en los distintos espacios feministas y disidentes, desde los que se espera una gran participación en virtud del enorme retroceso que suponen las políticas anti derechos del gobierno de Milei. De igual modo, también será multitudinaria la marcha del 24 de marzo, en el Día de la Memoria. Para ambas acciones, la CTA provincial se propone participar de los espacios organizativos, abonando a la mayor unidad de todos los sectores políticos, sindicales y sociales.

Además, los días 22 y 23 de marzo se realizará el Congreso Nacional de nuestra Central, por lo que desde la conducción provincial y desde las regionales y seccionales se estará trabajando en la preparación de materiales de formación hacia esa instancia de debate y toma de decisiones que es fundamental para nuestra organización. En ese sentido, se propiciará la realización de encuentros y plenarios de delegados y delegadas.

Finalmente, la conducción ratificó el estado de alerta y movilización y el enérgico repudio por los hechos de violencia institucional y la represión de las fuerzas de seguridad nacionales y de nuestra provincia contra manifestantes, y se solidarizó con las víctimas y personas detenidas.

Este mediodía se reunió la mesa provincial de la CTA Autónoma, con la participación de referentes de las ciudades de Santa Fe, Rosario, Vera, Reconquista, San Justo, Villa Constitución, San Javier, Casilda y Rafaela. En cada rincón de la provincia se está gestando una importante unidad para el paro y movilización del próximo 24 de enero.

Luego de analizar colectivamente la coyuntura política, económica y social del país y la región, y saludar las manifestaciones que se vienen realizando en cada ciudad en rechazo a las políticas impulsadas por el gobierno nacional (como la del miércoles pasado en defensa de la cultura), se puso en común el trabajo que se viene haciendo de cara a la huelga, que promete manifestaciones masivas en toda la provincia.

También se reiteró la total solidaridad con la gente de Reconquista, Vera y la zona ante la terrible inundación que padecen como consecuencia de las grandes lluvias, sumado a la ineficacia y falta de inversión del Estado para prevenir estas situaciones tan penosas para el pueblo. En ese sentido, la Central se puso a disposición de los compañeros y las compañeras de la Regional Reconquista para sumar solidaridades y apoyo concreto ante la gravísima situación que atraviesan.

Además, se expresó la solidaridad con Marcelo Cortés, Secretario General de la CTA Autónoma Villa Constitución y delegado municipal de ATE, por su lucha de hace años por adecuar las condiciones de accesibilidad en su lugar de trabajo.

En el camino hacia el paro convocado por las tres centrales obreras el 24 de enero, también se definió el apoyo y la participación en la jornada nacional de lucha llamada por el Frente de Gremios Estatales, compuesto por ATE, FESPROSA, CONADU Histórica, Judiciales, Portuarios y Bancarios, entre otros. En esa ocasión, los reclamos principales serán en defensa de los organismos estatales y contra los despidos; por aumento de salarios, jubilaciones y programas sociales; en defensa de los derechos conquistados; contra el DNU, la Ley Ómnibus y las políticas antidemocráticas de represión, ajuste y entrega del patrimonio nacional.

Finalmente, se analizaron detalles sobre el festival homenaje a la compañera Sandra Cabrera, al cumplirse 20 años de su asesinato impune el próximo 27 de enero. En ese sentido, desde la Organización Civil Compañeras de Sandra, informaron sobre los avances de la organización y los temas que quedan por resolver. La actividad contará con el apoyo y la participación de nuestra Central y también se realizará en un marco de unidad con otras organizaciones.

Esta mañana se realizó una conferencia de prensa en el obrador municipal de Villa Constitución. Allí, Marcelo Cortés, delegado de ATE, Secretario General de la CTA Autónoma local y Secretario de Discapacidad de la CTAA provincial, expuso una situación que lleva ya más de cinco años: sigue sin poder ingresar a su lugar de trabajo porque la silla de ruedas en la que debe movilizarse no pasa por la puerta.

Desde 2018 solicitó a las autoridades villenses que hicieran las obras necesarias para poder laborar en su oficina, en el chapero, donde atendía las necesidades del personal del obrador. Sin embargo, tras negociaciones y promesas, las modificaciones nunca se hicieron. Por ello, acompañado por la Central, inició un juicio que ganó y que ya tiene una sentencia firme desde hace un año que obliga al municipio a hacerlas. A través de su equipo legal, el intendente Jorge Berti informó a la justicia que las obras ya estaban concluidas. “Vine para constatar y para demostrarle, no solamente al juez, sino también a la comunidad, que no es así, está mintiendo. Ha hecho la obra a medias y seguimos con el mismo problema, que no entra la silla de ruedas a mi oficina. Puedo marcar mi tarjeta, pero me tengo que quedar afuera”, manifestó Cortés.

“Desde el frente han hecho una rampa, mediante la cual se puede ingresar hasta el pasillo, donde puedo marcar mi tarjeta. Después puedo ir al baño, pero no puedo entrar a mi oficina, que es lo más importante para ejercer mi trabajo”, relató. El delegado municipal recordó que siempre trataron de seguir el camino del diálogo, por eso el reclamo llevó su tiempo “pero ya cuando vimos que había una decisión política de impedir que ejerza mis funciones, fue entonces cuando fuimos a la justicia y nos salió el fallo favorable hace más de un año”.

Es en este marco que el referente de la Central villense quiso hacer pública nuevamente la situación: “yo quiero trabajar. Es lamentable que el intendente siga en esta situación, en una clara demostración de que no le importan los derechos humanos de los demás, siendo que él, en donde puede, en sus discursos habla del respeto hacia las personas, y en mi caso no lo está cumpliendo”.

Cortés, quien lleva más de 43 años como trabajador municipal de Villa Constitución, considera que la raíz del problema es su desarrollo como delegado de ATE y Secretario General de la CTAA. “Uno molesta acá por la actividad gremial, entonces ellos le encontraron, a través de mi problema físico, la vuelta para que no pueda tener contacto con la gente”, evaluó.

En la conferencia de prensa estuvo acompañado por Sergio Sarkissian, integrante de la Comisión Ejecutiva Provincial, y la Secretaria General de la CTA Autónoma provincia de Santa Fe, Claudia Baigorria, quien recordó que la de Cortés es “una demanda de larga data, que también nuestra Central acompañó en la justicia en su momento, y con un fallo favorable que ordena las reformas edilicias necesarias para que el compañero pueda ejercer su derecho al trabajo”. En ese marco, evaluó que “hay una decisión política de no hacerlo o dilatarlo lo máximo posible, en una clara actitud discriminatoria”.

La dirigenta lamentó que este reclamo no se resuelva, ya que el actual “es un momento muy difícil, donde tenemos todos los derechos en riesgo a partir de la política instalada por la nueva fórmula gobernante de Javier Milei y Victoria Villarruel”. En particular, se refirió a los proyectos presentados “de manera muy arbitraria, muy inconstitucional, que pretenden desplazar al Estado de todas sus responsabilidades, de no respetar la división de poderes en la Argentina y de volver a una situación de cuasi-colonia a partir de determinados negocios que han venido a hacer en detrimento del patrimonio nacional y de la soberanía de nuestro pueblo”.

Por ello recordó que el rechazo a estas medidas “se va a ver plasmado en la jornada de paro y movilización que el día 24 de enero estamos convocando las tres centrales obreras en la Argentina, y que también se va a ver en manifestaciones callejeras a lo largo y ancho del país”.

La CTA Autónoma provincia de Santa Fe rechaza las medidas tomadas por el gobierno nacional a través de un DNU, de forma absolutamente inconstitucional y agraviante para el pueblo en su conjunto. En el mismo sentido, llama a la más amplia unidad del campo popular y se suma a la construcción de un gran paro nacional de todos los sectores de la clase trabajadora.

También insta a los y las representantes en el Congreso para que rechacen este DNU que implica una clara embestida contra el pueblo trabajador. “Entre muchos otros, avasalla derechos constitucionales elementales, como a la salud y la educación, a la vivienda, a la huelga y la organización sindical; avanza sobre la desregulación de medicamentos y vacunas; congela presupuestos y salarios; y propone vender empresas y sociedades del Estado y hasta la tierra con todos sus recursos y nuestros bienes comunes. En particular, señalamos que las mujeres volveremos a ser las grandes perdedoras, ya que en el marco de la flexibilización laboral que plantea el Decreto, se incluye, por ejemplo, una modificación de las licencias por maternidad que expondrá a las embarazadas a trabajar hasta último momento o ser despedidas sin mayores problemas. Sabemos que este ajustazo sólo cierra con represión, por ello también lanzaron el protocolo de Patricia Bullrich con el que pretenden amedrentarnos”, aseguró la Secretaria General de la Central, Claudia Baigorria.

Por todo ello, la CTA asume la responsabilidad de encauzar la bronca a través de la construcción de organización popular, que pueda expresarse en un paro nacional y en movilizaciones masivas para impedir que estas decisiones arbitrarias e inconstitucionales sean efectivamente implementadas.

Un nuevo aniversario de la rebelión popular de diciembre de 2001 fue recordado el martes por la mañana en los Tribunales Provinciales de Rosario. Con gran participación y convocatoria de organizaciones sociales, políticas, culturales y sindicales, la CTA Autónoma provincial y la Seccional Rosario fueron parte del acto en el que se acompañó a familiares para exigir justicia, luchar contra la impunidad y mantener viva la memoria.

Mientras las brochas de Arte Por Libertad hacían pintadas en la calle e inscribían los nombres de las personas asesinadas durante la represión del 19 y el 20 de diciembre de hace 22 años en Rosario y la provincia de Santa Fe, por el micrófono fueron pasando las voces de familiares y referentes del sindicalismo y de diversas organizaciones sociales, tanto locales como de la capital provincial. También se armó la “mesa vacía de navidad”, con los nombres de las víctimas de todo el país inscriptos sobre platos de cartón

En el final se realizó un sentido homenaje a Celeste, la hermana de Pocho Lepratti, trabajador del Estado y militante de la CTA, comprometido con los derechos de las infancias, asesinado por la policía santafesina en su lugar de trabajo el 19 de diciembre de 2001. La Cele fue recordada con un video y con música, como docente y militante comprometida con la causa de quienes más lo necesitaban, en eterna pelea por la justicia y contra la impunidad.

“Cada 19 y 20, rememoramos a nuestros caídos, a las víctimas de la represión estatal. También exigimos justicia porque esos crímenes siguen impunes. Y porque, además, la matriz política que derivó en aquella rebelión popular, por hastío y por hartazgo frente al brutal ajustazo que estaba perpetrando el gobierno de De La Rúa, sigue intacta. No sólo eso, sino que hoy gobiernan. Y la misma Patricia Bullrich, que tiene las manos llenas de sangre de aquel entonces, hoy vuelve a ser una superministra represora”, definió Claudia Baigorria, Secretaria General de la CTA Autónoma provincia de Santa Fe.

En sus palabras durante el acto, la dirigenta celebró “la organización de la Asamblea 19 y 20 y el acto unitario” y recordó a los responsables políticos de la represión de hace 22 años, Fernando De la Rúa y Alberto Reutemann, “quienes se murieron en la impunidad”. En relación al ex gobernador de la provincia de Santa Fe, también trajo a la memoria su responsabilidad por la inundación en la capital provincial de 2003 y los 158 muertos que produjo.

“Tenemos que tomar conciencia y canalizar la bronca en organización popular, creando respuestas y alternativas para buscar salidas a esta situación, con el orgullo de pertenecer a esta clase obrera que no se resigna”, afirmó, en referencia a la coyuntura política actual.

En ese sentido, aseguró que desde la Central están “denodada y obsesivamente tejiendo unidad. Porque sabemos que nadie se salva solo, que las luchas siempre son colectivas, los triunfos también y aún las derrotas. Hoy más que nunca es necesaria la unidad con todos los sectores, porque no alcanza con nuestra CTA, porque el ajuste es muy grande y porque las consecuencias van a ser muy brutales para nuestro pueblo”.

“No venimos a destituir a ningún gobierno electo, somos sumamente respetuosos de las urnas, pero tampoco estamos dispuestos a tolerar que el ajuste recaiga sobre nuestras espaldas nuevamente. Por eso estamos en alerta, estamos movilizados y hoy recordando a los nuestros”, concluyó.

 

Como ya sucedió en provincia de Buenos Aires, la Coordinadora de Trabajadorxs Desocupadxs (CTD) Aníbal Verón, comenzó el proceso para sumarse a la CTA Autónoma en la provincia de Santa Fe. El lunes, Mercedes Ponce y Milagros Grandoli, referentas de esa organización, se reunieron con la Secretaria General de la Central provincial, Claudia Baigorria, y el Secretario General de la Seccional Santa Fe de la CTAA, Leandro Goldsack, y acordaron líneas de trabajo conjunto.

Baigorria informó que el encuentro viene en sintonía con las resoluciones de la Comisión Ejecutiva Provincial, que “en su pasada reunión estableció que la Central va a privilegiar en esta crítica etapa que atraviesa nuestro país -a partir de la asunción de Milei en el gobierno y de las salvajes medidas de ajuste anunciadas por el Ministro Caputo- la organización en cada territorio”. En tal sentido, durante la reunión con la CTD definieron priorizar el trabajo con inclusión y la formación, haciendo eje fundamentalmente sobre dos frentes: mujeres en situación de violencia y juventudes. La CTD Aníbal Verón viene trabajando en varios barrios de la ciudad de Santa Fe, fundamentalmente con comedores comunitarios en los que asisten a familias, con jóvenes en situación de consumos problemáticos y con adultos mayores. La próxima semana volverán a reunirse con referentes de los barrios e iniciarán el proceso de afiliación a la Central.

Por su parte, Goldsack celebró el ingreso de la CTD a la Central y destacó que “es fundamental generar vínculos con las distintas organizaciones sociales, que son las que tienen el conocimiento de lo que pasa en los barrios y saben lo que necesitan”.

Mercedes Ponce vive en el barrio Alto Verde, donde el comedor de la CTD asiste a unas 60 familias. Además, tienen espacios en Sauce Viejo; en la Vía Muerta, Colastiné; Alto Verde; en los barrios Los Hornos y Adelina, de Santo Tomé; y en Villa del Parque, donde suman a otras 150 familias más en total. También cuentan con otros seis comedores que están temporalmente suspendidos porque no pueden viajar por “la falta de insumos”.

Además de alimentos, brindan apoyo escolar y hacen “contención con chicos con problemas de adicción”, según relata Mercedes. Para ellos hacen pan casero, que salen a vender, con el objetivo de alejarlos del consumo. Sumado a todo este gran desarrollo comunitario, también trabajan en cuadrillas limpiando veredas y calles de sus barrios, como contraprestación del Programa Potenciar Trabajo.

La mayoría de quienes asisten a estos comedores son infancias: sólo en Alto Verde hay 216 chicos y chicas que asisten al comedor con su mamá y su papá. El otro sector que necesita más ayuda son los adultos mayores. “Vamos a las casas, ahora estamos asistiendo a 15 a quienes visitamos, le tomamos la presión, los ayudamos si necesitan que busquemos los medicamentos”, enumera Ponce. En los últimos días hubo inundación en su barrio y están asistiendo a personas damnificadas también con ropa, proveniente de un roperito comunitario.

“La necesidad es grande y es mucha”, asegura la referenta de esta organización que apenas recibe ayuda del Estado. A pesar de haber hecho varios pedidos, la provincia no les hace llegar ningún aporte. Y desde Nación venían recibiendo dos camiones con mercadería al año que incluía fideos, garbanzos, polenta, yerba, leche, lentejas, arvejas y puré de tomate. “Nada es poco, todo sirve”, dice Mercedes, pero aclara que producen “pan casero y pastafrola, entre otros productos, para vender y poder solucionar los gastos de los comedores. Es un gran esfuerzo el que hacemos, pero lo hacemos con mucho amor”.

Desde la CTD ven la necesidad de unidad de las organizaciones populares, y ya se han dado un proceso en distintos puntos del país donde tienen presencia para sumarse a la CTA Autónoma. Para la referenta santafesina de esta organización, esta inclusión en la Central es “importantísima y es un honor poder trabajar y que nos ayude, que nos orienten porque somos nuevos. Hace tres años y medio que estamos trabajando pero no nos dimos a conocer y sabemos que lo que no se ve, no se hace. Hacemos mucho y no lo mostramos, queremos que se vea y que se note. Trabajar en conjunto ayuda también porque queremos tener las puertas abiertas en gran dimensión, como lo tiene la CTA, para poder seguir ayudando a la gente que ayudamos”.

El pasado jueves, en el local de la CTA Autónoma provincia de Santa Fe en la capital provincial, se presentó el libro “Ingreso Básico Universal o Empleo Garantizado”. La charla debate estuvo a cargo de Tomás Raffo, coordinador del Instituto de Estado y Formación (IEF-CTAA); y Ana Rameri, una de las autoras de la publicación y coordinadora general del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP).

La actividad contó con la presencia de compañeras y compañeros de la ciudad capital y estuvo coordinada por la Secretaria General de la Central provincial, Claudia Baigorria. También participaron el Secretario Adjunto, Daniel Cenzón; y el Secretario General de la Seccional Santa Fe de la CTA Autónoma, Leandro Goldsack. Estuvieron presentes además, integrantes de la conducción de la CTAA local, así como referentxs de las organizaciones barriales de la FeNaT Santa Fe y militantes de la Central. Fue parte del encuentro el concejal por Barrio 88, Guillermo Jerez quien participó activamente del debate.

“Habíamos asumido el compromiso de abordar este tema tras la inauguración del local, ya que consideramos que es uno de los ejes prioritarios para instalar en la agenda política de los gobiernos y que venimos trabajando colectivamente, también con otras organizaciones”, explicó Baigorria. Y agregó que este debate otorga un marco de referencia para “continuar con la discusión de la distribución de la riqueza en esta provincia, tan rica como asimétrica. Del mismo modo lo asumimos a nivel nacional, en un país hackeado por la deuda externa que el gobierno de Macri contrajo de manera ilegal e ilegítima con el Fondo Monetario Internacional”.

Luego de destacar que se trata de una propuesta histórica de la CTA, la dirigenta recordó que “este salario social es la resultante de muchos debates, de mucha formación, algo en lo que nuestra Central siempre fue pionera, desde que en el 2001 lanzamos el FRENAPO (Frente Nacional Contra la Pobreza), con el Seguro de Empleo y Formación, la Asignación Universal por Hijo y el Salario para las personas mayores que no contaban con un haber jubilatorio por falta de aportes a la Seguridad Social. La consigna sigue siendo Ningún Hogar Pobre en la Argentina”.

“Estos son los debates que siguen vigentes y que nos sirven para organizar las luchas en la puja distributiva. Como decía Gramsci, ‘concientización, organización y lucha’ para nosotros van totalmente de la mano. En esto tiene muchísimo que ver el papel de los sindicatos, de las organizaciones territoriales y de la clase trabajadora en su conjunto, y es lo que le da un sentido emancipador incluso”, aseguró.

El debate estuvo atravesado, lógicamente, por la elección que se producirá el próximo domingo. “No somos neutrales en esta contienda electoral, y no nos da lo mismo. No son dos candidatos, son dos proyectos de país, son dos proyectos de vida y uno para nosotras y nosotros es un proyecto de continuidad de la vida, el otro es un proyecto de debilitamiento de la democracia, de privatización de todo lo público, de negación y exterminio de derechos que están consagrados en la Constitución, y no estamos dispuestos a resignarlos. Siempre el compromiso de la Central es la lucha, pero desde la autonomía decimos que no somos neutrales y no nos da lo mismo”, concluyó.

Un aporte a la construcción colectiva

Entrevistados en la previa de la charla, Raffo y Rameri explicaron las propuestas que se exponen en la publicación del IEF y la CTA. “A 40 años de democracia, hace 20 que venimos trabajando con esta idea de Ingreso Básico Universal, que va al corazón de lo que es la relación capital-trabajo, la idea de que no hace falta solamente vender fuerza de trabajo para tener un medio para subsistir, sino un ingreso medio para replantear las condiciones de reproducción de la fuerza laboral”, explicó Raffo. “Es una idea central, clave, estratégica y que cada vez se hace más necesaria. En un contexto donde electoralmente aparecen opciones muy regresivas, el caso de (Javier) Milei, que plantea directamente la Secretaría de Capital Humano, o inclusive el propio modelo de Sergio Massa, que plantea que los planes tienen que reconvertirse en empleo, la discusión vuelve a estar nuevamente como con un velo. Entonces, la excusa de encontrarnos para debatir las ideas estratégicas nuestras siempre son un aporte necesario, fundamental, de la construcción colectiva”, amplió.

– ¿A quiénes incluiría el Salario Básico Universal?

Ana Rameri: el salario básico universal sería como el componente incondicional de una propuesta que no solamente queda en esta idea de un ingreso incondicional. Incluiría principalmente a la población que no tiene ingresos registrados. Sería la población de las personas desocupadas, las informales, incluso las mal llamadas inactivas en las estadísticas, porque hay que pensar que dentro de esa supuesta inactividad hay un conjunto de mujeres, que realizan tareas en sus hogares, tareas de cuidado. Por eso, la idea del salario básico o ingreso universal, en definitiva, hay que pensarlo no como un ingreso a cambio de nada, es un ingreso que tiene que ver con un reconocimiento de tareas y actividades que ya se realizan y que no son reconocidas y debidamente protegidas.

– ¿Hay algún antecedente en nuestra historia o en otros lugares con lo que podamos compararlo?

T.R.: Hay experiencias locales, en países europeos, de renta básica. La idea de la renta básica nació un poco en Europa, pero esta es novedosa. Es algo que no está en la agenda común. Hay inclusive programas de los organismos internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo, que plantean algo parecido, pero que van siempre con la idea de un mínimo de ingreso para sostener la división internacional del trabajo, a groso modo. Argentina no tiene esa experiencia, lo más parecido es el salario mínimo, pero fue pensado en una economía con un mercado laboral absolutamente homogéneo, con un trabajo asalariado formal muy registrado, y no una situación como hoy de precariedad absoluta, no registro, actividades no reconocidas. En aquel momento, el salario mínimo formaba una suerte de ingreso por el medio del cual ningún trabajador estaba por debajo de esa línea y era también el motor que permitió que la Argentina se industrializara, los trabajadores tuvieran mayor capacidad de negociación de sus condiciones laborales. Esa es la idea que queremos recuperar: que haya un piso de ingreso para que los trabajadores, el conjunto, recupere aquella capacidad de negociación que supo tener. Hay una experiencia en nosotros mismos con otro nombre, pero como se ha desestructurado la economía, se ha desestructurado el mercado laboral, hay que inventar nuevos instrumentos porque el salario mínimo solamente incorpora una franja muy pequeña.

– Esto de alguna manera absorbería algunos programas del Estado, ¿cómo cuáles?

A.R.: El Ingreso Básico Universal tiene como idea de fondo lograr un piso de dignidad para toda la población, que parta de una seguridad material básica en igualdad de condiciones. Entonces, podríamos pensar que se absorbería todo el conjunto de planes asistenciales que hoy por hoy tienen criterios muy focalizados y estrictos de elegibilidad y que dejan mucha población por fuera, como por ejemplo la Tarjeta Alimentar. Porque en principio, tanto el proyecto presentado por el diputado Itaí Hagman, del Frente Patria Grande, como nuestra propuesta, que tienen puntos en común, están pensando en la transferencia de una canasta básica alimentaria y es una transferencia individual. Esto rompe un poco con esta lógica familiarista que tiene la política social, que depende de determinados arreglos familiares y muchas veces hay una brecha muy grande entre lo que es una familia y su estrategia de subsistencia y lo que el Estado tiene de información de esa familia. Esas son cuestiones que terminan excluyendo a gran parte de la población que necesita un ingreso. Además, la idea también es un complemento de un programa de generación de trabajo donde pueda articularse la posibilidad de generar un área de Economía Pública y Social tendiente a fortalecer y a mejorar las instituciones del bienestar. Pensar en aquel Estado de Bienestar que provee salud, educación y vivienda, pero pensándolo hoy en la nueva economía contemporánea dentro de un área donde también tenga lugar el trabajo autogestionado, las pymes y la articulación con el Estado. Por eso nosotros acompañamos la idea del Ingreso Básico Universal con un Salario Social de Empleo y Formación que permita generar oportunidades de empleo y articular ese trabajo con la posibilidad de completar esa grilla, ese mapa de derechos que tenemos todavía pendientes a pesar de haber transcurrido 40 años de democracia. Esta es la principal deuda que tiene nuestro país.

– ¿Cuál es el costo que tendría esta medida?

T.R.: Bueno, en términos teóricos se puede decir que en la economía siempre tenés una parte monetaria y una parte productiva. Todo lo que uno hace de transferencia de ingresos se supone que va a tener un correlato productivo en algún bien y servicio. O sea, como que hay un autofinanciamiento implícito. Lo cierto es que en la economía argentina tenemos un problema, una oferta productiva muy concentrada que termina teniendo un incremento de precios muy elevado. Pero esa economía concentrada también tiene actores concentrados que apropian los excedentes que la economía produce. Esos son los lugares a donde hay que ir a buscar ese costo. En términos concretos, hay prácticamente un PBI fugado de capitales argentinos en el exterior, que es la demostración más palmaria de que los excedentes están y que en realidad se dilapidan afuera. Y lo que hace falta es que se pueda generar una suerte de transferencia de ingresos de esos excedentes que están siendo apropiados de manera concentrada para abrirle la puerta a otro tipo de economía que significa transferencia y producción, que se auto sustente. No es algo que se inyecta todo el tiempo porque si no se muere, sino que es algo que se auto solventa, si es que uno le da una suerte de estrategia sostenida en el tiempo.

– Dijeron que ésta es una propuesta novedosa ¿En qué marco de posibilidades esto podría llevarse adelante?

A.R.: Hubo un tiempo político muy particular, que fue el contexto pandémico. A pesar del sufrimiento que trajo la pandemia, lo que sucedió en ese momento, cuando asumía el actual gobierno y la gestión del Frente de Todos, habiendo pasado por el fracaso liberal de lo que fue la gestión de (Mauricio) Macri, hubo un clima y una atmósfera para rediscutir y para volver a poner en valor la intervención del Estado. Por supuesto que pasó poco tiempo, pero pasaron muchísimas cosas y el contexto hoy parece ser hostil, parece ser otro contexto donde hay otro consenso, que pareciera ser el de la inexorabilidad del ajuste. Hoy el debate, en lugar de lo que traduce el libro, ‘Ingreso o empleo garantizado’, parece ser el proyecto dolarizador o el proyecto devaluador. Es justamente la discusión política y este tipo de actividades, como la presentación de los libros y todo tipo de encuentro, a través de estos modos de hacer política y de discusión, que se puede torcer ese clima que hemos visto que no es inmutable, así como cambió en poco tiempo, lo podemos volver a torcer a favor. Tenemos que insistir en que la salida es distributiva, que no es la salida devaluadora ni es la salida dolarizadora, para continuar pensando en un proyecto emancipador.

Pasaron 48 años de los hechos. En 1975, el denominado “Operativo Serpiente Roja del Paraná” desembarcó en Villa Constitución con un único objetivo: desarticular, a fuerza de represión y muerte, la enorme organización de los obreros y el pueblo que habían sido protagonistas del Villazo. Aquel ensayo de lo que después sería la marca registrada de la última dictadura cívico-militar dejó un legado en familiares y compañeros que siguieron reclamando justicia. Hoy, ese camino de reparación finalmente comienza a abrirse. Esta mañana, en el Tribunal Federal de Rosario, se inició la Causa Acindar, en la que juzgarán los crímenes de 22 acusados, tanto civiles como miembros de diversas fuerzas militares y de seguridad.

Marcelo Cortés, referente de municipales de ATE y Secretario General de la CTA Autónoma en esa ciudad, es hijo de una de las víctimas y querellante en este juicio histórico. “Lo hemos logrado”, destacó, en referencia al inicio de la etapa oral de la causa. “Hace más de 40 años que venimos esperando, queremos justicia, queremos saber quiénes son los que dieron los nombres de nuestros familiares para que se los llevaran, los cómplices civiles. Lamentablemente no están todos los que tendrían que estar”, puntualizó en alusión a que las demoras del juicio hicieron que muchos de los responsables hayan gozado de impunidad hasta su muerte.

El dirigente sindical adelantó que esperan que esta instancia lleve más de un año, por lo que “hay que mantener a este fuego vivo, con la esperanza de que se haga justicia”. Además, aseguró que seguirán “luchando para que el juicio continúe en Villa”, que es uno de los reclamos de las querellas. El pedido fue reiterado hoy a Horacio Pietragalla, Secretario de Derechos Humanos de la Nación, quien también estuvo presente en los tribunales rosarinos.

En esta primera audiencia, que comenzó pasadas las 10.00, se leyeron las acusaciones. Cortés estuvo entre el público y aseguró que “no es un buen momento estar mirándoles las caras, hay que controlar las emociones mientras ellos hacen gestos y se miran entre ellos”.

Integrantes de la CTA Autónoma provincia de Santa Fe acompañaron la audiencia desde la calle, donde una multitud se manifestó para apoyar el inicio del juicio oral y reclamar por justicia. Participaron la Secretaria General, Claudia Baigorria; la Secretaria de Relaciones Institucionales, Leticia Quagliaro; el Secretario de Contabilidad y Finanzas, Horacio Valentini; la Secretaria Adjunta de CTAA Villa Constitución; Lourdes Villalba; y lxs vocales Sergio Sarkissian y Claudia Lucero (referente de Compañeras de Sandra), entre otrxs. Baigorria remarcó la emoción de acompañar este juicio, ya que “los familiares esperaron durante 48 años de impunidad por esta audiencia, donde tendría que estar sentado en el banquillo José Alfredo Martínez de Hoz”.

“En memoria de los compañeros caídos, en memoria de todos los que lucharon, de los compañeros de la lista Marrón, para nosotros es un día muy importante y venimos para acompañar, para bancar a los familiares, a los compañeros y a los trabajadores”, expresó. “Reivindicamos el Villazo, reivindicamos el Cordobazo y todas las gestas que se dieron por una patria socialista, por una patria más justa. En este contexto electoral, donde nos dirimimos también como argentinos y argentinas el sentido mismo de la democracia frente a los discursos fascistas y de odio, creemos que hay que mantener la esperanza viva, que nuestro pueblo ha dado sobradas muestras de lucha y valentía. Creemos también que este va a ser un juicio ejemplar y ojalá tengan que pagar quienes corresponde, sobre todo la cúpula empresaria de Acindar”, concluyó.

Una causa histórica

En este juicio se juzgará a 22 personas acusadas por su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad cometidos en Villa Constitución a partir de marzo de 1975. Entre los imputados se encuentran Roberto Pellegrini y Oscar Torralvo, ex directivos de Acindar, junto a ex miembros del Ejército, de la Policía Federal y provincial y de Prefectura Naval por delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos, asociación ilícita y homicidios. Al menos 18 personas vinculadas a Acindar fueron asesinadas, 8 se encuentran desaparecidas y 69 estuvieron detenidas y luego fueron liberadas. Hasta 1976, la siderúrgica estuvo presidida por José Alfredo Martínez de Hoz, luego designado ministro de Economía por la dictadura.

Más de 20 querellas particulares están representadas por Gabriela Durruty, Federico Pagliero, Julia Giordano (APDH) y Jesica Pellegrini. Ésta última evaluó que “es una causa muy emblemática por muchas razones, no sólo porque el Villazo fue la última gran huelga clasista en nuestro país, que inspiró a todo el movimiento obrero en lo que siguió después de la dictadura. También porque el epicentro de la represión del golpe del ‘76 fue la clase obrera organizada. Y por todo lo que significa para los compañeros que sobrevivieron y que están acá y los que no están, como (Alberto) Piccinini, Victorio Paulón y muchos otros que hicieron muchísimo por esta causa”.

La abogada y concejala de Rosario explicó que “lo que fue el Operativo Serpiente Roja del Paraná, la coordinación de la represión con epicentro en Villa Constitución, fue la antesala del golpe. La participación civil de la empresa aportando no sólo los legajos de trabajadores, una cantidad de información, sino también un propio centro clandestino montado en dependencias de la empresa, en el Albergue de Solteros de Acindar. La metodología y la forma de encarar la represión de este grupo tan significativo de obreros, de 300 laburantes, fue la antesala sin dudas del golpe, así como lo fue el Operativo Independencia en Tucumán”.

Pellegrini explicó que el proceso llevará más de un año “porque hay muchísimos testimonios, más de 300 aproximadamente. También los recursos de la justicia lamentablemente son limitados y no tenemos disponibilidad completa para hacer un juicio todos los días sino sólo dos días por semana. Por eso es importante que se atiendan algunas cuestiones que fuimos planteando, como que se le tome urgente testimonio a los sobrevivientes y que se aceleren todas las medidas que tienen que ver con el contenido reparatorio que tiene que tener un juicio para quienes están clamando por justicia”.

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